Los recibió el juez Julián Ercolini, quien investigó el caso de Oil Combustibles, considerado una investigación de corrupción y no un delito tributario.
La justicia federal ya investiga 1.200 casos de violaciones a la legislación tributaria de los dueños del Grupo Indalo, un conglomerado de 170 empresas. Según denunció la AFIP, diferentes compañías de Cristóbal López -que por estos días presentó recursos para ser liberado- no pagaron IVA, el Impuesto a las Ganancias o retuvieron indebidamente los aportes de la seguridad social.
Esas denuncias fueron enviadas desde el fuero Penal Tributario hacia los tribunales de Comodoro Py en más de 90 cajas de documentos para que queden relacionadas procesalmente con la causa por la defraudación contra el Estado que implicó la deuda impositiva de $ 8.000 millones generada con Oil Combustibles, de López y Fabián De Sousa, que se apropiaron de lo que le cobraban en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles a sus clientes de las estaciones de servicio. La causa de Oil ya está en manos de un tribunal oral, de modo que ahora todos esos expedientes se encuentran en los tribunales federales.
Las más de cien causas que reflejan esos más 1.200 hechos que se tramitaban en el fuero penal tributario habían sido remitidas -en cajas numeradas y atadas con hilo sisal y bolsas que contienen carpetas rotuladas, expedientes con poco avance y documentación secuestrada- hace varios meses al juez federal Julián Ercolini, quien procesó y ordenó detener al empresario K como parte de su investigación por la defraudación en Oil. Sin espacio para almacenar la cantidad de expedientes ni recursos para procesar los miles de documentos que estas causas representan, Ercolini decidió delegar estas causas en el fiscal Gerardo Pollicita, quien también llevaba la investigación sobre la defraudación multimillonaria de López, De Sousa y Ricardo Echegaray (titular de la AFIP durante el kirchnerismo) al Estado.
Hoy, las cajas que habían sido enviadas al juzgado de Ercolini, aguardan un espacio físico para ser derivadas a la fiscalía, que ya comenzó a notificar a los acusados en esas causas. La justicia ya determinó a qué lugar mandará esos papeles: están aguardando que sean retiradas de una pequeña habitación en el Edificio Libertad (la sede de la Armada Argentina, ubicada frente a los tribunales federales), más de 80 cajas de la causa Hotesur SA, la empresa hotelera de la familia Kirchner. Paradójicamente, Cristóbal López también es investigado en ese expediente.
Los papeles de las causas acumuladas contra Cristóbal López por denuncias de la AFIP.
Las 1.200 denuncias por falta de pago de diferentes impuestos fueron presentadas por la AFIP como principal perjudicado, y quedaron radicadas inicialmente en el edificio de calle Inmigrantes donde funciona el fuero Penal Económico.
El destino de esas carpetas comenzó a modificarse cuando la Cámara de Casación Penal dictaminó que la causa por la retención del impuesto a la transferencia de combustibles por parte de Oil Combustibles (el principal activo que tenía el grupo) debía investigarse como un delito de corrupción y no tributario, ya que consideraron que el plan de López y De Souza fue financiar con esa evasión la expansión del holding. Así, Casación ordenó que Ercolini recibiera todas las causas de evasión de Indalo que tramitaban en otros fueros.
Más denuncias acumuladas contra los dueños del Grupo Indalo
En Comodoro Py se resistió ese planteo, pero sin éxito, y de ese modo quedaron allí las causas que Pollicita terminó ordenando en grupos. Así, quedaron por un lado los expedientes que están para ser elevados a juicio oral, por otro aquellos en los que se indagó a los acusados pero que tienen no resuelta su situación procesal, y por último un tercer grupo cuyos casos fueron enviados a la AFIP para que analice si la suma por la que se formuló la denuncia sigue siendo punible.
Un problema adicional que detectó la justicia federal con estos 1.200 casos es que muchos de los hechos no se encuentran vinculados al período en el que se investigó la defraudación que juzga el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). “La causa de Oil Combustibles plantea que toda la maniobra no se podría haber generado sin la connivencia de Ricardo Echegaray, pero hay muchos hechos que son posteriores a 2015, con lo cual no corresponde la misma figura, porque Echegaray ya no estaba en la AFIP”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Los dueños del Grupo Indalo están presos desde el año pasado, pero el TOF 3 les otorgó la excarcelación tras un sobreseimiento a favor de López y De Souza en una investigación sobre el intento de venta del holding. Pese a ello, los empresarios cuentan con prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa de los Cuadernos de las Coimas y el viernes pasado el juez Claudio Bonadio rechazó liberarlos. Será la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que decida si concede la excarcelación o no en este último caso, lo cual podría implicar la salida en libertad de López y De Souza.