Atento a las gravosas condiciones financieras que atraviesa el municipio de Rawson, la concejal a cargo de la Intendencia, Araceli Di Filippo, solicitará la intervención de la Justicia para echar luz sobre el manejo de las finanzas oficiales. El escenario económico del Gobierno capitalino dificulta avanzar con algunos compromisos incumplidos asumidos por la mandataria municipal suspendida, Rossana Artero.
Di Filippo cuestionó además la actitud de los gremios que impiden la recaudación, a través del tributo de los contribuyentes, manteniendo ocupado el sector de las cajas; sin embargo, estos últimos días el municipio pudo recaudar a partir de la disponibilidad de la oficina de Rentas de Playa Unión.
Al trazar un panorama de la situación presente, la concejal a cargo de la Intendencia expuso: “Los empleados municipales están cobrando agosto, cuando ya deberíamos estar pagando septiembre, o por lo menos tener las previsiones para hacerlo en estos días. Eso uno lo entiende, pero cuando se generan atrasos la situación empeora”, reconoció.
Di Filippo deslizó que el reclamo gremial “tiene varias aristas; la toma de la Municipalidad, por ejemplo, no sé bien con que temas está relacionada porque ahora ATE está planteando que renovemos contratos que se vencieron, sólo porque son afiliados”.
“También plantean que tomemos los reconocimientos de servicios que no tienen registro en ningún lado. Y en otros casos no tenemos conocimiento si en algún momento estuvieron trabajando en el municipio porque no tenemos constancia”, reveló.
“La comunidad de Rawson no puede estar pagando este dinero extra, habida cuenta la situación embarazosa que atraviesa”, comentó.
Coparticipación
Con relación a los ingresos mensuales, Di Filippo señaló que “por coparticipación Rawson recibe a fin de mes entre 18 y 20 millones de pesos. De ese aporte, sólo nos quedan 500 mil pesos porque el monto mayor es absorbido por SEROS como consecuencia de los pases a planta. Es decir, desde octubre del año pasado a junio de 2019 pasaron a planta 250 personas. No digo que esté mal, había gente que se lo merecía y otra que ni se sabía dónde trabajaba; lo cierto es que ahora ATE exige que los planes y reconocimientos pasen a planta”.