El pasado martes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas económicas y un paquete de reformas, que generaron el descontento en gran parte de la población.
El principal anuncio fue la eliminación del subsidio estatal a las gasolinas extra y ecopaís, así como al diésel, en su modalidad 2 y premium; además, se contempló la liberalización de sus precios.
Con la medida, que fue concretada en el Decreto Ejecutivo 883 de este miércoles 2 de octubre, las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. Además, el texto establece que los precios de estos derivados se fijarán de manera mensual.
Esta medida, en particular, provocó un estallido social. Transportistas que integran varias federaciones en el país convocaron a un paro nacional este jueves 3 de octubre y recibieron el apoyo de otros sectores. Hubo protestas en casi todo el país, que devinieron en disturbios y, para hacerles frente, Moreno decretó «estado de excepción» nacional.
«Efecto inflacionario»
«En los más de 40 años de vigencia de estos subsidios, ningún gobierno, ni siquiera los más neoliberales de los 90 se atrevieron a quitarlos tan de lleno, debido al grave efecto que podía tener sobre la dinámica macroeconómica del país», dice el economista ecuatoriano Erik Mozo, en entrevista con RT.
Para él, el alza del combustible puede producir varios escenarios. Uno de ellos, «un efecto inflacionario sobre uno de los insumos más generalizado de la producción», por la liberalización y actualización de sus precios «mes tras mes o trimestre a trimestre».
El especialista considera que la liberación de precios acarrearía «un efecto inflacionario generalizado en la economía del país» que «estaría concatenado al no desarrollo de la productividad».
En concreto, la medida pone a la economía ecuatoriana en una situación compleja porque, entre otras cosas, incrementa los precios de productos y servicios en el país; lo que, sin aumento de salarios, devendría en la caída de la «capacidad adquisitiva de la gente».
«La gente tiene menos dinero o menos capacidad adquisitiva para comprar en el mercado, el mercado se mueve cada vez más lento, y variables como el empleo se pueden caer mucho, así como el crecimiento general de la economía», enfatiza.
Según Mozo, el efecto positivo de la medida es que «alivia mucho a las finanzas fiscales», porque el Estado se quedaría con los más de 1.300 millones de dólares al año que destinaba a estos subsidios. Sin embargo, el economista no cree que el Gobierno emplee estos fondos en otro tipo de inversiones que dinamicen la economía.
La queja de los transportistas
Varias federaciones de transporte de pasajeros en el país negociaban desde hace meses el aumento del pasaje urbano. Hasta la fecha, todas sus peticiones fueron negadas o condicionadas.
Con el alza de los combustibles, especialmente el diésel que ellos usan, la situación empeoró. Luis Calvopiña, vocero de la Cámara de Transporte Urbano del Distrito Metropolitano de Quito, dijo a la prensa que, por ejemplo, si normalmente gastaban entre 30 y 35 dólares para abastecerse de combustible, ahora necesitarán 70.
«Algunas rutas no van a recaudar ni siquiera para poner el diésel», argumentó.
Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), que agrupa a 300 cooperativas y empresas de transporte inter e intraprovincial, denunció que la medida sobre los combustibles impactará de «forma considerable la economía de la actividad». «Somos un sector productivo y estratégico», enfatizó.
15 dólares por familia
En su anuncio, Moreno dijo que para paliar el efecto de la suba de los combustibles, se aumentará el Bono de Desarrollo Humano en 15 dólares al millón de familias que lo reciben hasta ahora, y se sumarán otros 300.000 núcleos familiares a este plan gubernamental.
Ese bono, en general, es de 50 dólares, aunque, existe un subsidio con «componente variable» para familias en extrema pobreza y vulnerabilidad, y con hijos menores a 18 años, que puede alcanzar hasta los 150 dólares.
«Los 15 dólares me parecen que, si vemos el global del posible efecto de la medida, son muy poco. No podría compensar en ninguna medida la caída de la dinámica de demanda y oferta general de la economía», explica Mozo.
El economista recalca que mientras el precio de los combustibles será dinámico, el beneficio social del Gobierno es estático. «Lo más grave es que esta medida del apoyo de los 15 dólares no alivia el problema de la dinámica general de la economía, es decir, todas esas personas que no reciben el bono de desarrollo humano igual ven caída su capacidad adquisitiva, sus salarios reales, consumen menos y, por ende, la economía en general va a irse para abajo», sentenció.
Eliminación de aranceles
Además del alza de los combustibles, Moreno anunció el martes otras medidas, como:
- Eliminación o reducción de aranceles para la compra de equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial.
- La eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
Al respecto, el economista Mozo comenta que «hay un efecto doble» con estas medidas. Por un lado, explica, se pueden «abaratar los costos de emprendimiento y mejorar, de una u otra manera la competitividad de la producción nacional».
Pero, por otra parte, puede haber un «efecto negativo bastante fuerte» en algunos sectores de la economía porque para poder importar más barato se debe «reemplazar consumo nacional». Esto ampliaría, según dice, «el déficit de la balanza comercial».
La baja en el consumo, sigue Mozo, repercutiría en dos vertientes: la caída de la demanda interna nacional, «lo que a su vez haría caer el crecimiento económico en su conjunto», y el descenso del empleo.
Además, menciona, las empresas que se vean beneficiadas en importar más barato podrían chocar con el problema del mercado interno, que no tendrá la suficiente capacidad adquisitiva para consumir lo que se compra en el exterior.
Reformas económicas al Parlamento
Moreno también anunció el martes que enviará al Parlamento ecuatoriano una serie de reformas económicas y laborales que podrían ‘flexibilizar’ las condiciones de los trabajadores y reducir sustancialmente sus beneficios. Entre ellas nombró:
- La renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales.
- El recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público: de 30 días, pasarán a disfrutar solo 15, como en el sector privado.
- Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente un día de su salario.
- Una nueva ley que podría facilitar nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento y nueva modalidad de contrato, de reemplazo, en caso de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas.
- Una nueva forma de jubilación patronal: empleadores aportarán un 2 % extra mensual para los nuevos trabajadores.
Las especificaciones de las reformas aún no han salido a la luz. Mozo adelanta que, por ejemplo, la reducción de los salarios en los contratos ocasionales del sector público, así como la donación de un día de sueldo mensual «reduciría el consumo interno» y esto, a su vez, ralentizaría el aparato productivo, «lo que afectaría el crecimiento global de la economía y al empleo».
«Del resto de políticas de flexibilización laboral no hay mucha información, solo que hay varios efectos que pueden ser perniciosos», explica Mozo, y entre ellos nombró: «restar derechos laborales, capacidad de consumo y estabilidad laboral».
«Incentivar la salida de capitales»
Otra de las medidas es la reducción a la mitad del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.
Mozo explica que el ISD grava los grandes capitales que salen del país. «Quitar este impuesto, podría incentivar esta salida de capitales, poniendo en una encrucijada la dinámica de consumo interno de la economía» y «en algún momento llegar a poner en problemas a la liquidez».
«Ecuador es un país dolarizado en el que no se puede imprimir moneda, el hecho de que cada año entren más dólares de los que salen de la economía es vital para mantener la dolarización», menciona el economista, por ello, considera «compleja» y «perjudicial para las variables macroeconómicas del país» la medida anunciada.
Comenta que esta podría ser una política similar a aplicada en la década de 1980, cuando no se regulaba a los ‘capitales golondrinas’, «esos que en un momento determinado apoyaban a la economía, pero en cuanto tenían problemas o en cuanto terminaban de ejercer su rol o su giro de negocios, salían rápidamente dejando a la economía en aprietos».
La respuesta del FMI
Todas las disposiciones anunciadas por Moreno son parte del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que se alcanzó un pacto de financiamiento por más de 4.000 millones de dólares.
Las medidas y reformas deberán ser incluidas en la estructuración del presupuesto del 2020, por ello, debían ir a más tardar esta semana al Parlamento para su discusión.
Tras los anuncios de Moreno, el FMI emitió una declaración para aplaudir las medidas que, a juicio de ese organismo internacional, «tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo».
Además, el Fondo asegura que las medidas buscan «proteger a los pobres y más vulnerables», así como «generar empleo en una economía más competitiva».
Aunque estas medidas fueron las que provocaron la salida de los ecuatorianos a las calles, no son las únicas aplicadas durante el gobierno de Moreno. Ya el mandatario realizó la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales: de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos de empleados públicos; también anunció la entrega a privados de empresas públicas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador.
Además, el año pasado hubo recortes de recursos para educación, salud y cultura, en la Proforma Presupuestaria del Estado para 2019, aduciendo la falta de recursos.
