El tercer objetivo, según explicó Lobos, es colaborar con la Cámara Nacional Electoral para prevenir irregularidades en la documentación de ciudadanos que cruzan la frontera, antes de que lleguen al lugar de votación.
De acuerdo con la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Reverso, en el operativo de agosto último “se generaron rechazos por incumplimiento a la ley migratoria, se realizaron incautaciones y se realizó disuasión para el cruce por zonas no habilitadas”. Esta redacción pidió detalles sobre las incautaciones realizadas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no recibió respuesta.
El Ministerio de Seguridad también confirmó que no se realizaron detenciones: “Los migrantes en infracción fueron conducidos al Paso Internacional para regularizar su situación y averiguación de antecedentes”.
¿Quiénes están habilitados para votar?
En las elecciones nacionales, solo los argentinos pueden votar: los nacidos en el país y los argentinos por opción (nacidos en el exterior pero hijos de argentinos) pueden participar desde los 16 años; y los naturalizados, desde los 18. Los extranjeros residentes en el país pueden participar de algunas elecciones locales, dependiendo de la provincia.
Como todos los años, en las elecciones podrán votar los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y presenten su documento de identidad válido.
La Argentina no tiene convenio para la doble ciudadanía con Paraguay ni con Bolivia, por lo que alguien registrado para votar en uno de estos países no puede hacerlo legalmente en otro.
Una acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó en 2013 que, a través de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, tuvo acceso al padrón de ese país y pudo identificar 7.123 coincidencias de personas que “subsisten como electores paraguayos que también se encuentran incluidos como electores argentinos activos”.
Sin embargo, voceros de la CNE explicaron a Reverso que no toda coincidencia es necesariamente una irregularidad; y añadieron que los casos irregulares pueden implicar simples faltas, como no haber declarado el cambio de residencia a otro país, o delitos de falsedad material o ideológica de la documentación de identidad.
Los esfuerzos de la Cámara tienen como objetivo “impedir que sufraguen personas que no se encuentren legalmente habilitadas para hacerlo”. Voceros de la Justicia Electoral señalaron, además, que en los comicios se llevan adelante pruebas piloto biométricas, con las que se controlan las huellas dactilares de los electores en algunas mesas de las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, Misiones, Salta, Mendoza y Buenos Aires.
Esta iniciativa de la Justicia electoral se realizó también en las elecciones de 2017.
DNI falsos
Dos días antes de las PASO, en diálogo con medios de comunicación después de una presentación en la Cámara Nacional Electoral, Bullrich mencionó que se han registrado hasta 27 mil casos de personas que tienen documentos argentinos y paraguayos y que votan en los dos países.
Consultada por Reverso en relación a los 27 mil casos, la ministra de Seguridad señaló a la Cámara Electoral, pero no presentó ningún documento que refleje la cifra. Las acordadas de la Justicia Electoral a las que tuvo acceso este medio reflejan una cifra signitivamente más baja.
“Pensamos que podemos combatir el ‘doble voto’ gracias al acuerdo que existe entre el Tribunal Electoral de Paraguay y la Cámara Nacional Electoral de nuestro país. El mismo establece que si la persona votó en Paraguay, no puede ejercer su derecho en la Argentina. Así, respetamos el principio de una persona-un voto”, agregó la ministra.
Denuncias en Formosa
Para Juan Carlos Amarilla, actual concejal de Formosa y presidente del bloque Frente Amplio Formoseño-Cambiemos, la cifra puede ser mayor incluso que la dada por Bullrich, de hasta 30 mil, según estimó en diálogo telefónico con Reverso.
Amarilla explicó que, en 2009, cuando era secretario general del radicalismo formoseño, empezó a investigar irregularidades en el otorgamiento de DNI en período de elecciones en esta provincia. En 2017, formalizó una denuncia penal en la que pide que se investigue la entrega de documentos de identidad argentinos entre 2005 y 2015.
“No son paraguayos que han obtenido la nacionalidad argentina por estar viviendo en territorio argentino. Son paraguayos que vienen al país pero que siguen viviendo en territorio paraguayo”, aclaró.
“Lo que pedimos es que, en zona de fronteras, a los DNI los otorgue la Nación en zona de fronteras y no las provincias, y evitar por todos los medios otorgar DNI sin que haya una verificación hecha por funcionarios policiales o de Gendarmería de orden nacional. Además, queremos que se conforme una comisión con participación del Ministerio del Interior bajo la dirección de la Justicia federal a efectos de analizar uno por uno los DNI otorgado mediante información sumaria”, detalló.
Excluidos del padrón
En marzo último, después de analizar 64 causas originadas en denuncias de la UCR en Formosa de 2012 y 2013, el juez federal subrogante Fernando Carbajal, del Juzgado Federal de Formosa 1, resolvió, mediante la Resolución 4/19, excluir temporalmente a 490 personas de los padrones a utilizarse en los comicios del 27 de octubre último por infringir el artículo 137 del Código Electoral Nacional y el 293 del Código Penal Argentino.
“Todos los excluidos son ciudadanos argentinos. La exclusión se dispuso como una medida cautelar por los elementos probatorios que evidencian que estas personas no viven en los domicilios declarados en Formosa”, señaló a Reverso Gabriel Hernández, ex intendente de Formosa y actual apoderado de la UCR provincial.
En esos 490 casos, Gendarmería nacional no pudo acreditar de forma fehaciente que vivían en la dirección que figura en los documentos. Estos electores permanecen excluidos del padrón hasta que “acrediten de forma fehaciente que residen efectivamente en el domicilio denunciado ante el Registro Nacional de las Personas”.
Uno de los electores anulados del padrón tas la resolución del juez. Foto: Gentileza Gabriel Hernández.
Hernández señaló que la totalidad de los imputados -es decir, denunciados con requerimiento fiscal de instrucción-, en causas iniciadas por la UCR por domicilio falso, es de 1.400, aunque algunos tienen DNI “para extranjeros”, es decir, no están habilitados para votar y no figuran en los padrones.
Para Hernández, los operativos de seguridad en la frontera en las elecciones “sirven para meter miedo a los que saben que están en falta”, aunque destaca que el avance de las causas judiciales es lo único que servirá para “limpiar definitivamente” los padrones. “En la frontera no se puede evitar que la persona cruce si tiene DNI argentino”, reflexionó.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.