El jefe de la División Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, comisario inspector Carlos Bordón, informó ayer a El Patagónico que la numeración y otros datos descriptivos de la pistola calibre 9 milímetros que un chico de 10 años llevó el martes a su escuela de Caleta Olivia fueron remitidos a un organismo nacional para establecer su procedencia.
El comisario Carlos Bordón se refería concretamente a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, organismo que años atrás se denominaba Registro Nacional de Armas.
Es que, según altos oficiales, ese arma de fuego, una Bersa Thunder, no figura en los registros locales y provinciales y además aseguró que no es un modelo que forme parte del que se provee al personal de la fuerza de seguridad santacruceña.
Esto último, indicó, era algo que quedaba en evidencia de manera inmediata ya que todo el armamento corto que se provee al personal de la repartición es totalmente de color negro y la incautada en la Escuela N° 29 del barrio 3 de Febrero solo tiene esa tonalidad en su empuñadura, pero el resto del cuerpo es de color plateado.
Por otro lado, reiteró que no tenía cargador ni tampoco alguna bala en su recámara y que el padre del menor no es personal policial, tal como había trascendido en un primer momento, así lo detalló el Patagonico.
INCOGNITAS
“Puede ser objeto de un robo o no; eso no lo sabemos por ahora”, dijo Bordón, indicando además que al alumno ya le habían permitido irse del establecimiento cuando llegó la primera comisión policial que escuchó por boca de docentes que el chico dijo que la había hallado en la vía pública.
En se punto, vale señalar que este medio pudo observar una fotografía que se le tomó al arma de grueso calibre, a la cual se la veía limpia y reluciente, por lo cual resulta poco creíble que fuera hallada en la calle o un terreno baldío.
Adicionalmente, hizo saber que en este caso ya han tomado intervención otros entes como la Oficina de la Niñez y la Familia del municipio y la Dirección Regional de Escuelas Zona Norte.
“La idea es que la intervención la tienen que hacer profesionales de la entidad educativa y de otros organismos correspondientes, junto al Juzgado del Menor; no la policía, para no seguir poniendo en situación de vulnerabilidad al menor”, precisó.
Finalmente, sostuvo que “fue un hecho muy delicado, pero por suerte (la pistola) no estaba cargada y se descomprimió una situación que podría haber sido más complicada”.