Un documento de la Dirección de Vialidad de Chubut exhibe los problemas que atravesó la obra que conecta a Rada Tilly con Caleta Olivia y que estaba bajo la órbita de la empresa CPC S.A. de Cristóbal López. Asegura que el freno de la construcción no se generó producto de la compañía, sino por asfixia del Gobierno anterior.

El Gobierno Nacional de Mauricio Macri rescindió el contrato de la empresa CPC en mayo de 2018. En el medio estuvo hubo infinidades de inconvenientes, como pedido de actualización del presupuesto, sumar nuevos trabajos y el temporal que se desató en zona sur que derivó en inundaciones y grandes pérdidas materiales.

Según publica Ámbito Financiero, un informe de la Dirección de Vialidad de Chubut que se conoció en las últimas horas, indica que para la conclusión de la obra, “atento a lo expuesto en los Informes Técnicos de las Supervisiones de Obras, incorporados en el presente expediente en Orden 244, se destaca que, iniciada la obra y después de una verificación completa de las necesidades reales de la misma, resultaba necesario realizar modificaciones sobre los Proyectos Ejecutivos de las Obras, concluyendo por este motivo en las modificaciones de obras presentadas oportunamente y en común acuerdo de las partes”.

“Es importante mencionar en esta instancia, que para la correcta finalización de las obras, era prioritario y necesario contar con la aprobación de dichas modificaciones, debido principalmente a las variaciones en las cantidades de los ítems y la necesidad de la creación de nuevos ítems para la correcta ejecución y finalización de las obras”, indica el documento.

No obstante, el informe puntualiza que en el mismo trámite “se contempló incrementos en los plazos de obra por razones climáticas extraordinarias sucedidas en la zona, en abril del 2017”.

El informe de Vialidad repasa una a una las modificaciones que debían realizarse y que no fueron aprobadas por el gobierno macrista. “Atento a las generalidades expuestas se entendería que las motivaciones que generaron las modificaciones de obra no eran atribuibles a la contratista”, en torno a la empresa de Cristóbal López.

Las conclusiones del informe

“Entendiendo que era necesario contar con modificaciones de obra, las cuales no tuvieron acto resolutivo, y que las causas que originaban dichas modificaciones eran ajenas a las obligaciones contractuales que tenía la contratista, esta jefatura de Distrito entiende que: Sin la aprobación de dichas modificaciones no correspondería la aplicación de penalidades por no encontrarse definida en forma concreta todos los trabajos a ejecutar por la Contratista en la obra”, expresa el dossier que publicó Ámbito.

Vialidad agregó que, más allá de esto, “se entiende que sería prudente analizar lo expresado el considerando de la Resolución de Rescisión del Administrador General, debido a que se puntualizó principalmente el incumplimiento por parte de la contratista, y no se manifestó o consideró ninguno de los motivos ajenos a la contratista que acompañaron en forma directa al desenlace final de la paralización de la obra”.