La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo el martes que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, que contraatacó suspendiéndolo en sus funciones, lo que hundió al país en una incertidumbre que golpeaba los mercados locales.
Vizcarra cuenta con el respaldo de los militares y la policía, pero los legisladores opositores, que controlan el Congreso, designaron en su lugar a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.
El presidente, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer su labor con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, quien está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero.
“La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, sostuvo el organismo continental en un comunicado difundido en su página web.
La OEA consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que realizó Vizcarra para definir una pugna entre el Gobierno y el Congreso unicameral.
“Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, agregó la organización.
La decisión de Vizcarra produjo un sobresalto institucional y fue detonada por la aprobación por parte de la cámara del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos entre poderes.
El mandatario había advertido que iba a suspender al parlamento si designaba al magistrado porque significaba un rechazo de confianza a su gabinete.
Vizcarra convocó a elecciones para el 26 de enero, en las que se elegirá un Congreso que sesionaría hasta julio de 2021, el periodo constitucional del parlamento disuelto, según un decreto supremo publicado en el diario El Peruano.
Legisladores en rebeldía
Unos 86 legisladores, de los 130 del Congreso, se negaron el lunes por la noche a dejar la sede legislativa y en una inesperada sesión aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”.
Poco después, los opositores proclamaron a Aráoz como presidenta interina.
Algunos legisladores regresaron el martes a la sede del Congreso. En las afueras del hemiciclo la policía con cascos y escudos acordonó la sede y restringía el ingreso.
“Es un golpe de Estado. Es un atentando a los todos los congresistas”, dijo a periodistas la legisladora Luz Salgado, del partido de Fujimori, que logró ingresar al parlamento.
Disuelto el Congreso, sólo la Comisión Permanente conformada por 27 legisladores continuará en funciones y podría revisar decretos de urgencia, según la Constitución.
Los mercados reaccionaron con caídas a la incertidumbre política. La moneda peruana retrocedía un 0,50% y la bolsa local un 1,90%.
Tras el rechazo del Congreso a su gabinete, Vizcarra designó a su ministro de Justicia Vicente Zeballos como nuevo jefe del equipo de gobierno, que espera renovar a la terna ministerial.
La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción.