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Trabajadores judiciales realizarán hoy un paro en toda la provincia y marcharán al Superior Tribunal en Rawson para reclamar que reincorporen a una empleada del Juzgado Laboral de Trelew que fue despedida por «ñoqui».

La Justicia fundó el despido en la empleada que no pudo justificar permanentes inasistencias y la calificaron de «ñoqui» en la resolución emitida. El Sitrajuch respondió en un comunicado que la «resolución es injusta, arbitraria y carente de perspectiva de género».

En defensa de la empleada despedida, el gremio acusó que el STJ «se jacta de haber capacitado al Poder Judicial como dispone la Ley Micaela -pero- actuó con silencio cómplice con respecto a otro Ministro, ahora jubilado, cuando efectuó comentarios machistas y misóginos».

En un duro escrito, el Sitrajuch sostiene que «tal vez el peor certificado de misoginia sea que habiéndose realizado en el STJ sumarios a hombres, por temas más graves que no concurrir al trabajo, ninguno de esos hombres quedó cesante», recordaron.

De este modo, desde el gremio indicaron que «a nuestra compañera se la cosifica tratándola de ‘ñoqui’, conociendo la repulsión que la sociedad tiene por quienes participan de la corrupción de gobernantes percibiendo sueldos sin trabajar. Esto se comunica a la sociedad un 29, reforzando el agravio machista que pretendieron inferir».

Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

Este lunes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que tiene el expresidente Lula da Silva en su contra por la segunda causa de Lava Jato, decisiones tomadas por el 13° Tribunal Federal de Curitiba, y ordenó reiniciar los casos en la Corte Federal de Brasilia, según informó ese organismo en un comunicado.

En una decisión firmada por el ministro Luiz Eson Fachin, el Tribunal Supremo determina que las actuaciones que derivaron en las condenas de Da Silva no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, capital del estado de Paraná, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.

CNN está intentado comunicarse con el equipo legal del exmandatario para obtener su reacción.

La anulación de las condenas se basó en defectos procesales y sin juzgar el fondo de la cuestión. La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: «No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar el bolsonarismo, me pondría a disposición».

El equipo legal de Da Silva indicó, mediante un comunicado, que reciben con “serenidad” la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que anuló este lunes todas las condenas que tiene el expresidente en su contra por la segunda causa de Lava Jato. Para los abogados de Lula, la anulación de las condenas muestra la “incompetencia” del tribunal de Curitiba y es el “reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal”.

En abril de 2018, Lula fue sentenciado a 12 años por delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes, en conexión con la propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, Sao Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de presuntos favores para la obtención de contratos millonarios en la petrolera estatal Petrobras.

En noviembre de ese mismo año, el expresidente fue condenado a 17 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por beneficios irregulares en una finca del municipio de Atibaia, en el estado de Sao Paulo. Lula siempre negó las acusaciones.

Ante la situación presentada con turistas multados en controles de alcoholemia con la ordenanza «alcohol cero» y que sufrieron además el secuestro de su vehículo y licencia de conducir, desde el Tribunal de Faltas municipal se decidió atender excepcionalmente estos casos, abriendo los sábados a la mañana.

La Jueza de Faltas, Dra. Adriana Conesa informó que se establecerá una guardia los sábados «para agilizar los trámites de restitución de los vehículos que se hubieran secuestrado, solo para aquellos casos que se refieran a turistas y que hayan dado en el control menos de 0,5».

Conesa se reunió días atrás con concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal e inspectores para fijar criterios en torno a la aplicación de la norma. «No está en discusión si se debe aplicar la norma a los turistas o no, la ordenanza existe y se debe cumplir» afirmó, agregando que «se debe hacer difusión de la ordenanza para que nadie pueda argumentar su desconocimiento, especialmente a aquellos que son turistas. Esto está contemplado en la ordenanza, pero no se hizo y se deberá corregir», expresó.

Comentó que se dieron varios casos de turistas, «gente que estaba de paso, en recorrida y en un control de alcoholemia registró 0.07 y le secuestraron el auto, esto los obligó a quedarse hasta el lunes para hacer la tramitación ya que ocurrió un viernes, con el Tribunal de Faltas cerrado. Por este motivo, se decidió abrir los sábados por la mañana, hacer una guardia mientras dure la temporada de verano, para atender estos casos».

En este aspecto, indicó que «el pago de la multa se debe cumplir, pero lo que buscamos es agilizar el trámite entendiendo que no se puede tener al turista cautivo, reteniéndole el vehículo que es su medio de movilidad y generándole un perjuicio no solo al conductor que es el infraccionado sino a toda su familia o grupo de compañía», explicó.

El Tribunal Electoral Provincial formalizó la entrega de la documentación y de 34 cajas cerradas que contienen las 30.964 firmas que adhirieron al segundo proyecto de ley que pretende la prohibición de la minería a gran escala. Exactamente a las 9.42 se dio lectura al proyecto antes del respectivo pase a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

La diputada madrynense del Frente de Todos, Mónica Saso, destacó que «estamos dando al proyecto 129/20, histórico, donde los protagonistas han sido una vez más los propios habitantes de la Provincia del Chubut, que han expresado su voluntad a través de la Iniciativa Popular, un mecanismo que se utiliza para abordar temas trascendentes«, valoró.

«Esta resistencia histórica y hasta heroica del pueblo al que representamos nos anima a no traicionar nuestras convicciones», sentenció Saso.

Al mismo tiempo ingresó el proyecto 128/20 del Poder Ejecutivo que impulsa la Zonificación minera y que de antemano solicitó que tuviera el tratamiento en una sola comisión, la de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Tres diputados del Frente de Todos, Carlos Mantegna, Belén Bascovck y la propia Saso levantaron la voz para que el proyecto se analizado en otras dos comisiones, pero en la votación posterior, la mayoría avaló el pedido del Ejecutivo.

«Es una ley que viene desde hace mucho tiempo, pero recibimos el proyecto recién ayer y debería ingresar a Asuntos Constitucionales, porque en los fundamentos de la ley habla de los artículos 99, 102 y 109 de la Constitución Provincial», esgrimió Mantegna.

«Pero también creo que deberían ingresar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque los artículos 42 al 53 fijan una regalía a percibir de las empresas a cargo de la explotación minera que deberá ser distribuida entre la Provincia y los municipios, y los artículos 54 al 57 crean un bono de compensación y establece la forma de distribución de lo recaudado», fundamentó.

«Estas normas, desde el artículo 42 al 57, involucran a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, toda vez que tiene que ver con las rentas de la Provincia», remarcó.

«También debería intervenir la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos porque ésta es la que atiende a lo inherente a la ejecución de obras y servicios, y las respectivas autorizaciones.  Y el proyecto, en los artículos 58 a 62 crea que un Fondo Fiduciario de Infraestructura Económica, destinado a financiar equipamiento y obras en la zona de producción minera», precisó Mantegna.

«Como mínimo el proyecto debe incorporarse al menos en estas tres comisiones», insistió.

Bascovck coincidió en que “este proyecto de zonificación debe ser girado a otras comisiones, entiendo que es un debate de muchos años, pero los fundamentos y el cuerpo principal de la ley ameritan  justamente que sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque se establece que el marco será la Constitución Provincial y porque además se estaría modificando una ley vigente, la XVII Nº 68, más conocida como la Ley 5.001″.

«En el cuerpo principal de la ley se establece una cadena de valor, se hablan de aspectos económicos, de un bono de compensación, de regalías, por lo que entiendo que está más que justificado que el proyecto también sea girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y como en algunos artículos se habla de una compensación por obras de infraestructura minera, por lo que demás debería ser girado a la Comisión de Infraestructura, Servicios Públicos e Integración Regional e Internacional», justificó.

«El Gobierno ha anunciado por los medios que se viene el gran debate, pero entiendo que el proyecto girado a una sola comisión es una mentira, por eso quiero que conste quienes serán los diputados que acompañarán que el proyecto vaya a tres comisión porque es importante que legislemos de cara al pueblo», reclamó.

Por su parte, Saso refrendó que «varios de nosotros hemos adelantado nuestra posición respecto de la minería. Esta posición no va a cambiar frente a proyectos adornados porque sabemos porque termina la historia. Queremos que haya un pase a otras comisiones para que sea un debate responsable con el compromiso y la seriedad que nos compete en este tema».

«El costo que se va a pegar será demasiado alto y el beneficio será despreciable. Por más que el Gobierno intendente disfrazar con bonos y otros beneficios, las regalías seguirán siendo del 3 por ciento», rechazó.

«En los fundamentos se sostiene que todo lo propuesto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución, ese artículo protege al pequeño productor, incentiva la mediana empresa y propone un desarrollo sustentable de la economía. En ningún párrafo menciona a las grandes empresas mineras internacionales», replicó.

«El artículo 102 de la Constitución promueve la explotación y el aprovechamiento de los recursos mineros, pero también su industralización en su lugar de origen, porque el proyecto que hoy está ingresando con tan solo un giro a comisión no es lo que estaba en la mente de los autores de nuestras normas fundamentales cuando redactaron los artículos», expuso.

«El pueblo de nuestra provincia no desconoce lo que estamos votando hoy, se expresa y lo seguirá haciendo en contra de esta actividad», informó Radio 3.

Atento a la Resolución 404/2020 del Ejecutivo de Rawson mediante la cual se dispuso el retorno de las guardias mínimas en el ámbito municipal, la Juez de Faltas Silvia Bustos, estableció Feria Judicial Extraordinaria -como medida preventiva-, la cual comprende la suspensión de la atención al público de manera presencial y plazos procesales, hasta el 27 de octubre.

Mediante Resolución 320/2020 del TFM habilitó vías virtuales a fin de garantizar la resolución de las situaciones que requieran pronta resolución, como secuestros, decomisos, clausuras, y todas aquellas intervenciones tendientes a garantizar medidas sanitarias y protocolos del CoViD-19.

La comunidad podrá acceder a la justicia de faltas de Rawson a través del correo electrónico [email protected], para aquellas situaciones que requieran pronta resolución en materia de tránsito y [email protected], para cuestiones relativas a garantizar medidas sanitarias y el cumplimiento de los protocolos del CoViD-19 y la línea telefónica vía WhatsApp 2804729636.

El organismo informó que el martes 13 de octubre su sede central ubicada en Roberto Jones 199 de la ciudad de Rawson, permanecerá cerrada por tareas de desinfección.

El Superior Tribunal de Justicia informa que el martes 13 de octubre de 2020, su sede central ubicada en Roberto Jones 199 de la ciudad de Rawson, permanecerá cerrada por tareas de desinfección.

Funcionarios y empleados que prestan servicio en el edificio no deberán concurrir a trabajar.

Por esta razón, no habrá atención al público durante esa jornada.

Las juezas penales Patricia Asaro y Marcela Pérez Bogado rechazaron la recusación presentada por el imputado de abuso sexual Juan Luis Ale y su abogado Daniel Sandoval contra el Tribunal integrado por la Dra. Marcela Pèrez y los Dres. Marcelo Orlando y Gustavo Castro.

Las magistradas evaluaron la existencia de una serie de datos por el cual rechazaron la recusación: la extemporaneidad, la improcedencia de la vía intentada, la abstracción del planteo y “la evidente intención de dilatar el proceso y elegir, en una suerte de shopping judicial, quien debe intervenir ante una decisión adversa a sus pretensiones”.

En relación a la extemporaneidad del reclamo, Pérez Bogado y Asaro recordaron que la Ley establece que la recusación debe formularse dentro de los dos días de conocerse los motivos en que se funda. La presunta parcialidad ocurrió el día 20 de agosto de 2020 y el pedido de apartamiento ingresó a la Oficina Judicial recién el 28 de agosto, por lo que surge a todas luces que es extemporáneo.

Las magistradas señalaron que el hecho de que el planteo recusatorio se hiciera el viernes 28 de agosto, demuestra claramente la intención de evadir la cesura de pena que se llevaría adelante el lunes 31.

Y asimismo, consideraron que la denuncia no tiene ningún asidero y que es un claro mensaje de amedrentamiento por parte del imputado a los integrantes del Tribunal, disconforme con la condena recaída. En la resolución sostienen que el único objetivo perseguido es apartar a los jueces Orlando, Pèrez y Castro, para dilatar el proceso y que otros jueces o juezas intervengan.

También sostienen que la denuncia carece de fundamentos, porque no se explicitan los argumentos que demostrarían la parcialidad de los jueces, por lo que el planteo se transforma en abstracto y carente de asidero.

Las magistradas concluyeron que “el objetivo del imputado y su defensa fue, sin dudas, dilatar el proceso y provocar un apartamiento injustificado, induciendo el incidente procesal inmotivado que roza el quebrantamiento de la buena fe que deben respetar los litigantes”. Por ese motivo, también resolvieron remitir las actuaciones al Colegio de Abogados de la ciudad de Esquel, por entender que el accionar del abogado defensor encuadra en inconducta procesal.

La causa vuelve al Tribunal integrados por Gustavo Castro, Marcela Pérez y Marcelo Orlando, quienes ahora, deberán establecer la fecha para la audiencia de cesura de pena.

Un tribunal estadounidense condenó al presidente Donald Trump a pagar los gastos del proceso judicial abierto a raíz de una denuncia que le realizó la exactriz porno Stephanie Clifford, más conocida como «Stormy Daniels».

El Tribunal Superior de California ordenó a Trump pagar 44.100 dólares por la demanda presentada por Daniels en 2018 contra el acuerdo de confidencialidad que firmó con Trump para no revelar la relación que mantuvieron entre 2006 y 2007.

Si bien la demanda fue desestimada, la legislación local señala que Daniels es la parte beneficiaria, por lo que el presidente estadounidense debe asumir los honorarios de los abogados querellantes.

La Fiscalía General en Nueva York confirmó que Trump ordenó a su abogado Michael Cohen hacer un pago ilegal de 130.000 dólares a Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para comprar su silencio por un supuesto encuentro sexual con Trump.

La sentencia llega un año después de la querella de Daniels contra Trump por un escándalo sexual que sigue amenazando política y legalmente al presidente.

En 2018 Daniels publicó ‘Full Disclosure’, el libro en donde revela detalles de uno de sus encuentros sexuales con el magnate en 2007 después de un torneo de golf en California. Según cuenta la actriz, pasó tres horas escuchándolo autoelogiarse para luego tener «dos minutos de mal sexo».