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Manuel Burgueño se refirió a la integración del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y dio su opinión sobre los candidatos que propuso el Gobierno provincial para el máximo órgano de justicia de Chubut. El abogado dijo que, desde su visión, aquellos que aspiren a integrar el STJ deben tener ganas de generar cambios positivos en el sistema de justicia y contar con una sólida formación, además de tener la capacidad de poder adaptarse a los nuevos desafíos que impone la profesión.

“Quizá yo apuntaría a gente un poco más joven para el Superior Tribunal. No conozco la edad de todos los que están propuestos, pero creo que lo ideal sería tener gente que promedie entre los cuarenta y cinco y cincuenta años. No creo que sea útil llevar candidatos que estén próximos a jubilarse, para coronar los últimos años de una carrera. Creo que necesitamos gente que trabaje; los que estamos en la profesión sabemos bien que el Superior Tribunal no está haciendo el trabajo de casación, que no está asentando los criterios para que las cosas sean más previsibles. Necesitamos gente formada, que tenga ganas de trabajar. Para mí, lo fundamental es la formación, y después también hay que tener en cuenta los rasgos de la personalidad, lo que tiene que ver con el liderazgo humano”, expresó Manuel Burgueño sobre el debate que se da actualmente por la conformación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Desde la visión del abogado local, conducir una institución como el STJ no pasa solamente por el hecho de que haya un jefe, sino que es necesario que también haya un líder, alguien que tenga una clara visión de hacia dónde ir, que pueda pensar al Poder Judicial a futuro. “La formación estándar no es suficiente para estos cargos, necesitamos gente muy preparada en distintas materias para que se den distintos puntos de vista que podrían llevar a la innovación en la resolución de los problemas sociales. Hay que poner al Poder Judicial en el sitio correcto, sabiendo adónde ir. Necesitamos que desde el primer empleado de la justicia hasta el último ministro del Superior Tribunal, todos estén formados, que tengan vocación de servicio para darle lo mejor al pueblo. Entonces, creo que necesitamos otro perfil para los ministros, algo que yo no estoy viendo en la formación y el rango etario que se maneja hoy por hoy”.

El cupo femenino en el Superior Tribunal

Burgueño se refirió también al tema del cupo femenino en el Superior Tribunal de Justicia y a la propuesta que hizo el gobernador Arcioni de que Silvia Bustos integre el máximo órgano de justicia de la provincia. “Hay un dato histórico que es irrefutable. Los ministros siempre fueron hombres. A mí, en lo personal no me importa si hay hombres o mujeres, creo que tiene que apuntarse siempre a los mejores candidatos. El tema con la mujer que está propuesta, es que saltaría de jueza de faltas a ministra del Superior Tribunal. El juez de faltas ni siquiera es un juez de derecho. No tengo nada en contra de la doctora, no la conozco, pero me parece a mí que los antecedentes que tendrían que ilustrar a una persona que ocupe ese puesto tendrían que ser mucho más abundantes. No creo que sea bueno buscar gente con perfil acomodaticio, porque en definitiva, lo que se logra es un Poder Judicial complaciente. Hay que buscar gente con rasgos de independencia y una formación sólida”, concluyó.

“Tenemos que apuntar a un trabajo digno y limpio y mantenernos firmes en nuestras convicciones”

Manuel Burgueño, quien resultó vencedor en la contienda llevada a cabo el último viernes para decidir quiénes serían los nuevos representantes del estamento abogados dentro del Consejo de la Magistratura, para las circunscripciones de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, en diálogo con Crónica dio sus sensaciones por la victoria obtenida. El abogado local se mostró crítico por el desarrollo de las elecciones, poniendo el foco en la mala organización que hubo, y además analizó la actualidad del sistema de justicia de la provincia. También habló sobre la conformación del Superior Tribunal de Justicia.

En primer término, Burgueño se refirió al desarrollo de los comicios y fue crítico por el desarrollo que hubo. “Las elecciones no se desarrollaron con normalidad. Hubo un problema de planeamiento, hubo muy pocas horas para votar y una sola mesa. Teníamos un padrón de más de 600 personas. Si hacemos la división, cada persona para votar tenía solo unos segundos. La gente que organiza esto es consciente de estas cosas, esto no fue sin querer, nosotros creemos que se hizo a propósito para no facilitar la participación, de eso no tenemos dudas. Agradezco a los colegas que perdieron todo el día para ir a votar;no se merecían algo como esto, les agradezco haber concurrido pese a estos problemas”, expresó el flamante consejero del Consejo de la Magistratura.

La agenda de trabajo en el Consejo de la Magistratura

A continuación, Burgueño se metió de lleno en lo que será su labor dentro del Consejo de la Magistratura y planteó que “al hablar de independencia, nos referimos a que tanto yo, como mi compañero de fórmula, jamás desempeñamos un cargo público, ni tenemos vinculación con partidos políticos. Hablamos de transparencia porque queremos una modalidad de trabajo diferente, que previo a las sesiones se consulte a los colegas, que se traten todos los aportes en las sesiones. Obviamente, uno tendrá que decidir, y esa decisión luego debe ser fundamentada y dada a conocer. A veces la decisión conformará a algunos y a otros no. Creo que tenemos que apuntar a un trabajo digno y limpio, mantenernos firmes en nuestras convicciones. Uno no debe perder el norte, nosotros queremos salir con la frente en alto de esto”.

Las deficiencias del Poder Judicial de Chubut

El entrevistado se refirió además al actual funcionamiento del servicio de justicia en nuestra provincia y fue categórico al referirse a este tema. “Tenemos algunos objetivos que van un poco más allá de la tarea dentro del Consejo de la Magistratura. Hoy las elecciones nos colocaron en este mandato, pero nosotros queremos pelear por los intereses de los abogados. Hemos denunciado en reiteradas oportunidades la falta del servicio de justicia en Comodoro Rivadavia, especialmente las dilaciones del sistema de justicia y muchas falencias que arrastramos, como el sistema de turnos, por ejemplo. Hay intereses de la población que se ven afectados por la falta de un adecuado servicio de justicia, que obedecen a profundas causas, y algunas no tantas, que quizá tienen que ver con cuestiones como medidas de fuerza, falta de personal o estructura insuficiente en la ciudad”, sostuvo.

“Obviamente, el tema es más profundo, pero la realidad es que hoy el servicio de justicia es un padecimiento. Los abogados reclaman que han perdido mucho durante la pandemia, ha habido dificultades económicas que han empobrecido a nuestro sector. Necesitamos que nos dejen trabajar y que el Poder Judicial les brinde el servicio a nuestros clientes para que nosotros también podamos trabajar y el pueblo de nuestra provincia se vea satisfecho en sus reclamos frente a la justicia. El Poder Judicial tiene que poder resolver los conflictos que aquejan a los individuos. Actualmente, la justicia no nos está permitiendo dar solución a los clientes, muchas veces las sentencias llegan demasiado tarde, o cuando dictan una sentencia, esa sentencia ya está totalmente devaluada. Por eso estamos trabajando. Pusimos la cara y la queremos seguir poniendo. La pelea recién empieza”, resaltó Burgueño.

“Esto no da para más. Estamos próximos a tener que tomar medidas de fuerza”

En otro tramo de la entrevista con este diario, Manuel Burgueño se refirió en duros términos a los máximos responsables del Poder Judicial de esta provincia. El abogado apuntó a la cúpula del Superior Tribunal de Justicia y reclamó respuestas por el funcionamiento de la justicia en Chubut: “Necesitamos que nos dejen trabajar y que se respeten los derechos de la ciudadanía”, dijo.

“Por supuesto que la actualidad de nuestro servicio de justicia es complicada, pero también sabemos que hay responsables. No nos podemos quedar con que la actualidad es complicada. Creo que hay una especie de congelamiento del conflicto, se ha producido un status que hasta ahora fue tolerado por los abogados, porque entendimos los problemas económicos y salariales de la provincia. Lo entendimos durante mucho tiempo, pero creemos que ahora están dadas las condiciones para que se adopten las medidas necesarias para regularizar el servicio en el Poder Judicial”, expresó el flamante consejero del Consejo de la Magistratura.

En esta línea el abogado local destacó que, como en toda esfera, la justicia también tiene un responsable, que debe tomar decisiones para que el servicio funcione con normalidad. “El responsable de la justicia de nuestra provincia es el titular del Superior Tribunal. Esto no da para más, yo pido esto en términos muy amables, pero me parece que estamos próximos a tener que tomar medidas de fuerza. Hemos sido pacientes, hemos esperado con mucha empatía, pero también hemos sentido que nuestras necesidades nunca estuvieron en juego. Necesitamos que nos dejen trabajar y que se respeten los derechos de la ciudadanía. No podemos seguir como estamos, no es admisible, es insoportable e insostenible”, afirmó categóricamente Burgueño.

La medida de fuerza en el ingreso del edificio será por 48 horas. Reclaman al Superior Tribunal de Justicia una recomposición salarial.

Trabajadores judiciales enrolados en Sitrajuch iniciaron este martes un paro de actividades por 48 horas y un acampe en la puerta de ingreso al Superior Tribunal de Justicia en Rawson, como medida de fuerza en reclamo por una recomposición salarial.

Los empleados provinciales alertaron que la negativa de este pago devendrá «en una lluvia de amparo, con el costo que tienen», trasladando la «responsabilidad de evitar esto» al ministro Vivas.

Paro y acampe de judiciales en el Superior Tribunal

Paro y acampe de judiciales en el Superior Tribunal

El próximo domingo 12 de septiembre se realizarán en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con el objetivo de definir a los candidatos que participarán de las elecciones generales del mes de noviembre a fines de renovar cargos legislativos nacionales y en algunas jurisdicciones. Pero en Chubut los electores también podrán elegir cargos provinciales y municipales.

En el caso de la provincia de Chubut, el Tribunal Electoral Provincial (TEP) tiene a su cargo los aspectos relacionados con la elección de consejeros populares al Consejo de la Magistratura por las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel.

Al mismo tiempo se realizarán las elecciones PASO para la elección de presidente y vicepresidente en dos comunas rurales. En el caso de Aldea Beleiro, se deben elegir nuevas autoridades porque la comuna quedó acéfala, mientras que en la comuna Atilio Viglione, por el vencimiento del mandato durante el año 2020 de las autoridades locales.

Organización 

Mientras que todo lo relacionado con el acto comicial en el territorio es organizado por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con asiento en Rawson, el TEP tiene a su cargo la organización de la elección en las mesas de extranjeros de las dos comunas rurales donde se votan autoridades locales, y el escrutinio de dichas urnas, además de asistir en el recuento de votos para las categorías de consejeros populares al Consejo de la Magistratura, como también de las autoridades de las dos comunas rurales donde se realizarán las PASO.

Consejeros populares 

En el caso de los representantes populares al Consejo de la Magistratura, en esta oportunidad, la elección se concentrará en las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel. Esto implica, en el primero de los casos, que votarán para dicha categoría los electores de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, El Mirasol, Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.

En esta circunscripción se presentarán cinco listas, de las cuales tres corresponden a la interna de la Alianza Juntos por el Cambio Chubut, mientras que las restantes dos corresponden a la Alianza Frente de Todos y a Chubut Somos Todos, con una lista cada una.

La misma cantidad y disposición de listas encontrarán los electores de la circunscripción judicial Esquel en la categoría de consejeros populares. En ese caso las boletas con los candidatos estarán dispuestas en las mesas de votación de las localidades de Esquel, El Boquete, Río Percy, Parque Los Alerces, Trevelin, Los Cipreses, Lago Rosario, Corcovado, Cerro Centinela, Carrenleufú, Tecka, Paso del Sapo, Colán Conhue y Aldea Epulef. También se encuentran comprendidos los electores que vayan a sufragar en Cushamen, El Maitén, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Hoyo, Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cerro Radal, paraje Entre Ríos, Comuna Rural Atilio Viglione, Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

Comunas rurales 

En la comuna rural Atilio Viglione dirimirán en estas PASO quienes serán los candidatos que competirán por la presidencia y vicepresidencia del ejecutivo local. Allí, un empate en el resultado electoral del año 2015 forzó a un desempate en comicios realizados al siguiente año y eso provocó un desfasaje del periodo electoral respecto a las otras comunas de la provincia, a lo que se sumó la imposibilidad de realizar las elecciones en 2020 por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial de Covid-19.

El próximo 12 de septiembre se presentarán allí dos listas de Chubut Somos Todos, mientras que por la Alianza Juntos por el Cambio solo se presentará una alternativa.
Para el caso de Aldea Beleiro, donde se deben elegir autoridades ante la acefalía de la comuna rural, se presentará solo una lista por Juntos por el Cambio y otra por Chubut Somos Todos.

Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM, Mujeres x mujeres y Ojo Paritario presentaron una carta al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para que garantice la transparencia y representación de género en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La presentación se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia de Chubut, que actualmente está conformado solo por el presidente y vicepresidente.

Junto con Formosa, La Rioja y Corrientes, Chubut es una de las cuatro provincias en las que ninguna mujer integra la máxima autoridad judicial provincial, el 100% son varones. Cabe además destacar en este último caso que dicha institución tiene 63 años y nunca fue integrado por una mujer.

«Que las mujeres formen parte de este tipo de magistraturas es fundamental para erradicar la discriminación y reducir las profundas desigualdades de género en el acceso a altos cargos judiciales», expresaron.

Sobre el “Techo de cristal”

En el comunicado, las organizaciones expresaon que «aun cuando el 60% del Poder Judicial de la provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los puestos de jueces. Los cargos más altos del Superior Tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública son ocupados exclusivamente por varones. Este fenómeno evidencia un acentuado ´techo de cristal´ que obstaculiza la participación igualitaria».

En 2019, Chubut se sumó a las jurisdicciones que establecen la paridad de género en la nominación de candidaturas para la conformación de cargos públicos electivos: «Este avance es un antecedente relevante sobre el camino a seguir en esta oportunidad para la Justicia. Las organizaciones firmantes solicitan al gobernador de Chubut que tome medidas para garantizar la participación de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial».

El tribunal de juicio integrado por los jueces Mónica García, Martín O’ Connor y Cesar Zaratiegui declaró la culpabilidad de Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gomez en la causa de corrupción en Chubut que se desprende de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia.

Condenaron a la exministra de Familia Leticia Huichaqueo, a su expareja y exdirector Juan Carlos Gómez y al exsubsecretario Marcelo Suárez, por el robo de 491 bolsas de alimento para perros que nunca llegaron a Comodoro. El viernes 13 se discutirá pena.

En el marco de la Causa Royal Canin, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez fueron encontrados penalmente responsables de los delitos por los que fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Según informaron el próximo viernes 13 se conocerán las penas.

Se les imputa haber vendido, para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a la Casa del Chubut durante la emergencia climática que vivió nuestra ciudad en 2017.

El fallo obliga al hombre, solo identificado como Franco, a presentar en un plazo de 72 horas la demanda de inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según el Diario de Cuyo, la Justicia desconoce si la mujer se practicó o no el aborto legal, por lo que, si ya lo hizo, la medida quedará en abstracto.

Según el demandante, la mujer tiene un embarazo de 12 semanas. De acuerdo a Ley IVE, que fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, toda mujer argentina tiene el derecho de decidir si lleva a término o no un embarazo, siempre y cuando tome la decisiónhasta la semana 14 inclusivedel proceso gestacional.

El nuevo fallo fue elaborado por los jueces de la Sala III de la Cámara Civil, Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez. Los magistrados resolvieron que se debe “hacer lugar al recurso de apelación deducido por F.A.S.” y “en consecuencia revocar la resolución” dictada el 26 de abril y “ordenar como medida cautelar de no innovar, a M.G.T.G. que se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo no sea resuelta”.

De esa manera la cámara anuló el fallo de primera Instancia emitido por la jueza Amanda Días.

Los argumentos de la resolución

Los jueces basaron el fallo en la institución del matrimonio ya que la pareja se casó en 2018.“En el matrimonio, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común”, afirmó la resolución.

En ese marco se preguntaron “si el presunto progenitor tiene o no derecho a impedir la práctica de la IVE que pretende efectuar su esposa sin su consentimiento, o en su caso, si la ley lo despoja de él y le brinda a su cónyuge plena libertad para decidir por sí sola”.

Y respondieron: “El sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades”. Por ello “entendemos quela falta de acuerdo o disenso sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción, no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges, incluyendo, claro está, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

La abogada del demandante, Mónica Lobos, confirmó el fallo en sus redes sociales: “Amigos, quiero contarles que hoy, en el día de San José, la Cámara Civil, Sala III de San Juan, fijo un precedente, ¡hoy primo la Vida y la garantía de los derechos esenciales! Hoy, nos concedieron la medida cautelar en el caso Franco, ¡un papa que pide protección por los derechos de su hijo y su propio ejercicio de la responsabilidad parental!”.

Los antecedentes del caso

La causa se conoció el 21 de abril cuando Franco, la expareja de M.G.T.G., dijo a la radioAM 1020que luchaba “por la vida” de su hijo. Y precisó: “Ella busca abortar y tiene todas las de ganar, peroestoy haciendo hasta lo imposible para ser escuchado”.

El hombre presentó entonces una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia, pero la jueza Marianela López se declaró incompetente y giró el caso a la justicia Civil.

La magistrada del Undécimo juzgado, Amanda Días, rechazó la presentación porque no estaba debidamente acreditada la paternidad del reclamante. Los abogados apelaron la resolución ante la Cámara Civil de Apelaciones. La causa finalmente quedó en manos de la Sala III. Ahora, el hombre tiene 72 horas para presentar su demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Este jueves 15 de abril del corriente, a partir de las 9.00 de la mañana, el tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino dará a conocer su resolución respecto a una serie de cuestiones previas planteadas en el marco de la denominada Causa de la Emergencia Climática.

El juicio oral y público se inició el pasado lunes en la Oficina Judicial de Rawson y durante la primera jornada de debate los abogados de cinco de las personas imputadas en la causa solicitaron la suspensión de juicio a prueba para sus defendidos.

Los planteos se dieron como cuestión previa en el marco de una causa judicial en la cual se investigaron una serie de maniobras relacionadas con sobreprecios en la venta de distintos insumos adquiridos por el gobierno provincial para afrontar las graves consecuencias de un temporal de lluvias que afectó en abril del año 2017 a todo el sur provincial, en especial a Comodoro Rivadavia.

Una docena de personas son las que se encuentran imputadas en el marco de la causa denominada “Correa Diego Miguel y otros”. El extitular de la Unidad Gobernador y secretario privado del exgobernador Mario Das Neves es uno de los imputados en este expediente judicial y al igual que Diego Luters, ambos ya han sido condenados en la denominada causa “Embrujo” y aguardan la sentencia del caso “Revelación”.

En la causa que ha llegado a juicio también se encuentra imputada la exministra de familia Leticia Huichaqueo, y quienes también oficiaban de funcionarios en esa cartera provincial: Marcelo Suárez, Cristian Orsi y Vanina Barale. La nómina de imputados se completa con los empresarios y proveedores También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Franco Finiguerra, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Guillermo Williams, César Hughes y Cecilia Sabada.

Tribunal: Pedido de las defensas

Los defensores públicos Omar López y Damián D’Antonio solicitaron la suspensión del juicio a prueba para sus asistidas, Marta Fracasso y Cecilia Sabada respectivamente; en tanto que el defensor particular Fabián Gabalachis hizo similar planteo respecto al imputado Estanislao Finiguerra. El Dr. Abdón Manyauik, abogado defensor de los imputados Guillermo Williams y Cesar Hughes, realizó un planteo similar.

Los imputados ofrecieron como reparación en algunos casos montos de dinero en efectivo a abonar en cuotas, y en otros colchones para entregar a instituciones públicas, en particular a hospitales.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, quienes tienen a su cargo la acusación en la causa, se opusieron a los pedidos efectuados por las defensas técnicas de los imputados. El tribunal dará a conocer el jueves 15 de abril del corriente a las 9.00 horas, su resolución.

Fuente: Argentar Noticias

Trabajadores judiciales realizarán hoy un paro en toda la provincia y marcharán al Superior Tribunal en Rawson para reclamar que reincorporen a una empleada del Juzgado Laboral de Trelew que fue despedida por «ñoqui».

La Justicia fundó el despido en la empleada que no pudo justificar permanentes inasistencias y la calificaron de «ñoqui» en la resolución emitida. El Sitrajuch respondió en un comunicado que la «resolución es injusta, arbitraria y carente de perspectiva de género».

En defensa de la empleada despedida, el gremio acusó que el STJ «se jacta de haber capacitado al Poder Judicial como dispone la Ley Micaela -pero- actuó con silencio cómplice con respecto a otro Ministro, ahora jubilado, cuando efectuó comentarios machistas y misóginos».

En un duro escrito, el Sitrajuch sostiene que «tal vez el peor certificado de misoginia sea que habiéndose realizado en el STJ sumarios a hombres, por temas más graves que no concurrir al trabajo, ninguno de esos hombres quedó cesante», recordaron.

De este modo, desde el gremio indicaron que «a nuestra compañera se la cosifica tratándola de ‘ñoqui’, conociendo la repulsión que la sociedad tiene por quienes participan de la corrupción de gobernantes percibiendo sueldos sin trabajar. Esto se comunica a la sociedad un 29, reforzando el agravio machista que pretendieron inferir».

Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

Este lunes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que tiene el expresidente Lula da Silva en su contra por la segunda causa de Lava Jato, decisiones tomadas por el 13° Tribunal Federal de Curitiba, y ordenó reiniciar los casos en la Corte Federal de Brasilia, según informó ese organismo en un comunicado.

En una decisión firmada por el ministro Luiz Eson Fachin, el Tribunal Supremo determina que las actuaciones que derivaron en las condenas de Da Silva no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, capital del estado de Paraná, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.

CNN está intentado comunicarse con el equipo legal del exmandatario para obtener su reacción.

La anulación de las condenas se basó en defectos procesales y sin juzgar el fondo de la cuestión. La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: «No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar el bolsonarismo, me pondría a disposición».

El equipo legal de Da Silva indicó, mediante un comunicado, que reciben con “serenidad” la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que anuló este lunes todas las condenas que tiene el expresidente en su contra por la segunda causa de Lava Jato. Para los abogados de Lula, la anulación de las condenas muestra la “incompetencia” del tribunal de Curitiba y es el “reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal”.

En abril de 2018, Lula fue sentenciado a 12 años por delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes, en conexión con la propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, Sao Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de presuntos favores para la obtención de contratos millonarios en la petrolera estatal Petrobras.

En noviembre de ese mismo año, el expresidente fue condenado a 17 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por beneficios irregulares en una finca del municipio de Atibaia, en el estado de Sao Paulo. Lula siempre negó las acusaciones.