El fiscal federal Franco Picardi imputó este viernes a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros tres funcionarios de esa cartera.
Se los acusa de haber montado un plan para favorecer negocios inmobiliarios en el sur del país en perjuicio de las comunidades mapuches.
Además de Bullrich, el fiscal imputó a Pablo Noceti, secretario de Cooperación y ex jefe de Gabinete de esa cartera; Gonzalo Cané, ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, y Gerardo Milman, actual titular de la unidad de coordinación general de dicha cartera.
La causa se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Ese organismo acusó a los funcionarios imputados de lanzar un “plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».
La denuncia repasa los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo como parte de ese supuesto plan en perjuicio de las comunidades mapuches.
Y destaca una serie de notas periodísticas para avalar la supuesta teoría de los negocios inmobiliarios que estarían siendo perjudicados por la causa mapuche. En ese marco, aparece mencionada la designación, en 2016, de Eugenio Indalecio Breard como titular de la Administración de Parques Nacionales.
“Con la llegada al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se inicia un plan sistemático de persecución y lucha contra el mal llamado «problema mapuche» que adquiere envergadura de grandes dimensiones y que culminaría con la muerte de dos jóvenes”, se puede leer en la presentación de la APDH.
En su requerimiento, el fiscal también pide investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con Carabineros de Chile, “para involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del ‘R.A.M.’ una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”.
Picardi además busca determinar si existió un acuerdo entre los funcionarios para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso en los casos de Maldonado y Nahuel.
En su requerimiento, de unas 80 carillas, el fiscal le sugirió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de pruebas como declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación y pedidos de colaboración internacional. También aceptó a la APDH como querellante.
La ministra Bullrich publicó un tuit en alusión al requerimiento de Picardi. “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”, dice.