La resolución fue acompañada por legisladores del PRO, UCR, PJ, kirchneristas y camporistas.
Quince minutos bastaron para que los legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- que integran de la Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal dictaminaran, sin discusión, la entrada en vigencia del artículo que fija límites a las prisiones preventivas. Según aclararon los legisladores que integran la comisión, el debate en realidad había sido previo a la reunión.
La comisión, presidida por el senador Rodolfo Urtubey(PJ-Salta), se reunió el miércoles antes de la Asamblea Legislativa y avanzó por unanimidad. El texto ya circulaba hacía semanas entre los asesores de los legisladores.
Entre las 13 firmas que lo avalaron se encontraban las de la lilita Paula Oliveto, los K Marcelo Fuentes y María Emilia Soria, las radicales Silvia Elías de Pérezy Gabriela Burgos, el macrista Eduardo Cáceres, el camporista Rodolfo Tailhade, los peronistas Pablo Kosiner y Pedro Guastavinoy la rionegrina de centroizquierda Magdalena Odarda.
La resolución de la bicameral fue transversal a todas las fuerzas políticas.
Los jefes de las bancadas de la UCR, en el Senado y Diputados, Ángel Rozas y Mario Negri, no estuvieron presentes porque tenían compromisos en sus bloques.
Se trató de la última sesión de la bicameral antes del recambio legislativo y a menos de un mes de que Mauricio Macri deje el Ejecutivo y asuma Alberto Fernández en su lugar.
La Bicameral, creada por ley, es la que evalúa e implementa el nuevo Código Procesal Penal, que se aplica desde el 10 de junio en Jujuy y Salta. La comisión definió ahora avanzar con su implementación también en Santa Fe y Mendoza. Está previsto que se extienda a todo el país.
Desde la bicameral explicaron que había “varias jurisdicciones que aspiraban a ingresar a este sistema” y que se eligió la Cámara Federal de Mendoza –que incluye San Juan y San Luis- y Santa Fe por cuestiones ligadas a condiciones de la capacidad de infraestructura y de personal.
¿Por qué ahora los límites a las preventivas? La explicación técnica tiene que ver con cuestiones de plazos y “desigualdades”.
“Se generaron desigualdades entre los justiciables (imputados) de Salta y Jujuy con el resto de las provincias porque ellos tienen derecho a unas instituciones y garantías que son superiores y el resto no tienen”, apuntó Urtubey, quien buscó dejar iniciado el proceso teniendo en cuenta los plazos venideros.
A partir de diciembre el recambio legislativo implica una modificación en la composición de la bicameral, que además presidirá Diputados. Hasta que empiece a reunirse, se calcula en marzo, iba a demorarse demasiado el avance en la implementación.
Políticamente, todos los bloques estuvieron de acuerdo. Depende el color partidario, algunos aducen que esto beneficiará a los ex funcionarios kirchneristas con prisiones preventivas a que se revise su situación y queden en libertad, mientras otros consideran que es beneficioso para el macrismo porque se garantizan que sea más “dificultoso” que le puedan dictar prisión preventiva a sus funcionarios con causas judiciales una vez que dejen el Gobierno.
El nuevo Código establece una graduación de las medidas de coerción en la que la preventiva es la última alternativa y en caso de que las anteriores -como la promesa del imputado de no obstaculizar la investigación, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la retención de los documentos de viaje o el arresto domiciliario, entre otras- «no fueren suficientes».
La vigencia de estos artículos abarca además el tema de la revisión de sentencias y fija revisiones amplias, no solo para errores en el proceso, algo que se aplica por vía jurisprudencial en algunos casos pero ahora queda fijado como norma.
«Esto va a resolver un montón de problemas que se han debatido mucho en nuestro país y van a implicar la instalación de un régimen superador en todo aspecto al que rige ahora y evitará arbitrariedades”, apuntó Urtubey en la reunión.
Por lo bajo, los legisladores reconocen que «esto limita el poder de Comodoro Py» y prevén que ayudará a que las prisiones preventivas se decidan con fundamente «legal y no político». «Con este sistema es imposible que se repita la doctrina Irurzun», aseguró un miembro de la bicameral, informó Clarín.