La presión social y política en esta provincia empujó al gobernador radical Rodolfo Suarez a poner fin a la polémica reforma minera. Así, en la noche de este viernes anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para derogar la ley 9209, que había modificado la llamada ley antiminera 7722 para permitir el uso de sustancias tóxicas como el cianuro.
«Vamos a reestablecer la 7722 en todos sus términos y en todos los ámbitos de la provincia. Asumo la responsabilidad en este caso. Lo hice desde el convencimiento por desarrollar la matriz productiva de Mendoza», expresó el mandatario provincial. Y, al admitir su decisión de dar marcha atrás, resumió: «Evidentemente no existe licencia social y, como somos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo, he decidido enviar a la Legislatura la derogación de la ley».
Así, la suspensión de la reglamentación y la convocatoria al diálogo social anunciadas el jueves no fueron suficientes para los manifestantes, quienes en las últimas horas continuaban con su plan de protestas y con marchas masivas para que el mandatario anulara los cambios a la normativa. De hecho, tenían previsto nuevas movilizaciones para las próximas jornadas, especialmente el domingo. Ahora, se espera que la nueva iniciativa ingrese a ambas cámaras el lunes.
La oposición, principalmente el PJ y la Izquierda, habían comenzado en los últimos días a reclamarle al gobernador Suárez la derogación de la polémica ley, al tiempo que varias comunas se sumaban al pedido, advirtiendo que ponía en riesgo la realización de los festejos por la Vendimia en distintos departamentales. Inclusive, el conflicto ponía en duda la Fiesta Nacional de la Vendimia, prevista los primeros días de marzo.
Ahora no sólo queda en stand by la mesa de debate social que convocó Suárez esta semana, en la que alcanzaron a participar los referentes religiosos y las reinas vendimiales, sino que se frena, también, la posible convocatoria a una consulta popular. Vecinos autoconvocados de San Carlos asistieron a la reunión en la Casa de Gobierno, pero advirtieron al gobernador que no iban a sentarse a hablar con él hasta tanto derogara la norma.
Asimismo, las marchas de esta semana, tras la aprobación de la reforma en la Legislatura habían comenzado a crecer con el correr de las horas. De hecho, la noche de este jueves, tras los anuncios de suspensión de Suarez, se realizó una nueva y masiva protesta en el microcentro de la capital provincial y en diversos departamentos, como General Alvear, San Carlos, Lavalle y San Rafael, pidiendo la derogación «lisa y llana» de las modificaciones, bajo el eslogan «el agua de Mendoza no se negocia».
Tras varias jornadas de tensión y de rechazo popular al plan oficial, el Gobierno de Mendoza decidió ponerle fin al conflicto, informó La Nación.