El Gobierno Provincial presentó el plan de “Reforma Estructural del Estado”, con el objetivo de surfear una crisis económica y financiera que lejos de atenuarse en los primeros días del 2020, se acentuó.
El paquete de medidas económicas traza una expectativa de en cuatro años mejorar la recaudación en un 50% y de esa forma poder hacer frente no sólo a los salarios, algo que ya está habiendo dificultades serias para cumplir, sino también a las obligaciones de deuda y cuestiones básicas para sostener el funcionamiento de los servicios.
El programa económico cuenta con tres patas. Por un lado, el reajuste del esquema de empleados públicos, con congelamiento de sueldos por seis meses, paralización de ingresos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Por el otro lado, está planteado un achicamiento de la planta política, además del “gesto” que decidió dar el gobernador, para dejar de percibir su sueldo por 180 días.
Finalmente, la implementación de modificaciones dentro del Código Fiscal para lograr mayores recursos mediante los Ingresos Brutos, la nueva Tasa Vial, o la aplicación del gravamen del Impuesto Inmobiliario sobre los campos de la provincia. La estimación es que de allí se pueda obtener un ingreso extra de 2.500 millones de pesos anuales. Allí también se puede sumar la actualización del impuesto al sello, la Tasa Ambiental, el Impuesto a la Transferencia de Bienes.
Todo será acompañado por una ingeniería financiera para poder reperfilar los vencimientos de los bonos que están colocados en los mercados extranjeros y que acumulan una deuda de 855 millones de dólares.
Aunque nada parece alcanzar. Sobre todo, tras la “transparentación” de las cuentas públicas que se hizo economía, proyectando un déficit de $ 22 mil millones para 2020. Y asumiendo además que no se ajusten los salarios ni las jubilaciones durante todo este año.
Según los datos oficiales de Economía, este déficit estimado no incluye otros gastos que han sido postergados como la cláusula gatillo, la deuda con Seros, los títulos públicos sin emitir, la deuda con YPF, el pasivo de las cooperativas con Cammesa, lo que se les debe a proveedores y las sentencias contra el Estado. Si se contemplara todo ello, la sangría superaría los 36 mil millones de pesos.
Dentro de las medidas que se proponen en el programa que deberá pasar por la Legislatura, está el denominado “Débito laboral”, que se aplicaría para aquel agente que está en condiciones de Jubilarse cumpliendo edad y años en un tiempo determinado se le ofrecerá la adhesión al programa.
Por otro lado, el retiro voluntario, que implica retirarse como empleado provincial y con la interrupción de la relación laboral, ofreciendo una gratificación a ser percibida de acuerdo a lo establecido en la reglamentación.
En el caso de los empleados que tienen la edad para jubilarse o más, que cumplan los requisitos para acceder al sistema Jubilatorio a efectos de iniciar los trámites del beneficio. Habrá plazo de 30 días para que inicien los trámites.
Se pautará el 3 x 1 para todos los estamentos del Estado. En todos los casos, se establecerá que cuando se jubilan agentes solo se podrá reponer a razón de tres jubilados por un ingresante. No se consideran las bajas por retiro voluntario y tampoco aquellos que están con débito laboral.
Además, se cancelan vacantes por cuatro años (salvo excepciones fundamentadas y acotadas aprobadas al máximo nivel). Esto vinculado con la lógica de no seguir agrandado el Estado, que hoy cuenta con una plata entre activos y pasivos de 61 mil personas.
Con respecto al pago de escalonado, que se mantendría a lo largo de todo 2020, se incluirá en el mismo, a todos los organismos centralizados y descentralizados, del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entendiéndose salarios, aguinaldos, incentivos, fondos / estímulos y toda aquella remuneración de los agentes.
Se suspende cualquier incremento salarial por el plazo de 180 días, manteniendo las remuneraciones a valores del mes de diciembre de 2019 a todos los agentes del poder Ejecutivo. Lo que ya generó puso en alerta a los gremios. Ya que hay algunos convenios firmados el año pasado que incluyen aumentos que debían darse para enero y febrero.
Hoy la deuda en base a los acuerdos salariales 2019 estimada para todos los sectores de la administración supera los 1.000 millones de pesos, según expresaron los sindicatos. Sólo para los docentes es de 480 millones.
Cada Ministerio ahora deberá presentar un plan de achique. Se prevé una reducción de la planta política de entre el 15% y 20%. Por ejemplo, en Educación, el ministerio con mayor cantidad de personal se reasignará el 40% de las horas cátedras que estaban mal otorgadas, con el fin de ahorrarse alrededor de $ 100 millones al mes.
Se busca también que el programa baje hasta los municipios, para lo cual ya ha habido reuniones con los intendentes. Algunas localidades más chicas, como por ejemplo El Maitén, ya anunciaron que se plegarán y también suspenderán por el momento las paritarias y priorizarán en cambio la baja de fondos para reactivar la obra pública y de esa forma poder mantener parte del empleo en el sector privado.
Desde el Poder Judicial, ya se anunció también un congelamiento de sueldos. Y en la Legislatura, ingresó un proyecto para que no se efectúen incrementos para la planta política y asesores durante 180 días, aunque ello no alcanzaría al personal legislativo y administrativos.
Empresarios
Los anuncios no cayeron para nada bien el el sector empresarial. Es que si bien propugnan que es positivo que haya un achicamiento del Estado, saben también la gran dependencia que hay del empleado público. Y si hay ajuste, es probable que traduzca en más recesión.
Por otra parte, en pymes que están ahogadas económicamente y endeudadas, sumar más impuestos, es casi que criminal, con un consumo que no parece despegar. Más para pagar y menos para recaudar. Todo pérdida.
Reestructurar la deuda
La reestructuración de la deuda de Chubut es otro de los puntos que contempla el Ejecutivo. En el Ministerio de Economía, calculan que aún un escenario óptimo de diferimiento de todas las obligaciones financieras en cuanto a los pagos por servicios de deuda (Bonos, Letras y Anticipos del Banco del Chubut), persisitiría un déficit de 13 mil millones.
Y con ello, el gasto en Salarios y las Jubilaciones propios del ejercicio seguiría en “niveles insostenibles”.
Hoy la provincia tiene una deuda que ronda los 855 millones de dólares. La idea del refinanciamiento no es nueva. Se intentó cuatro años atrás bajo la gestión de Alejandro Garzonio. La premisa era que Nación comprara toda la deuda de provincia y que bajo un plan más flexible y con tasas más benévolas se fuera devolviendo el dinero. El resultado fue la conformación del Fondo Fiduciario Provincial, que tan sólo sirvió para englobar el endeudamiento de más corto plazo, las Letras del Tesoro. Lo más voluminoso, los bonos internacionales, quedaron fuera.
Ya en 2019 dejó de pagarse el Bodic 1, lo cual implicó un alivio financiero. Pero ya desde este año se suma la amortización de capital del bono de 650 millones de dólares (BOCADE) colocado en 2016, para lo que habrá que pagar más de 27 millones de dólares.
De acuerdo con el Presupuesto, los servicios de deuda para este 2020 que incluye el pago de bonos, Letras emitidas y aquellas que se emitirán, llegarían a los 14 mil millones de pesos. Sólo por los diferentes bonos internacionales (Fideicomiso Financiero, Bodic 2, Bocade y Bopro, está previsto una erogación durante este ejercicio de 125 millones de dólares, que se traduce en 7,875 millones de pesos. Sólo en enero, habrá que desembolsar 17 millones de dólares. Aunque lo más pesado estará en octubre, con más de 39 millones de dólares
