El intendente de Trelew recibió este viernes en su despacho municipal al ministro de Seguridad de Chubut para interiorizarse sobre los alcances del futuro Consejo Provincial de Seguridad que plantea crear el Gobierno.
El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió esta tarde en su despacho al ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni. También se hizo presente en la reunión el secretario de Coordinación y Gobierno municipal, Eduardo Maza.
El objetivo de la charla fue repasar varios puntos vinculados a la seguridad y a los controles que se realizan en Trelew en esta materia. El ministro también expresó la voluntad del gobierno provincial de crear un Consejo de Seguridad y de contar con el municipio de Trelew entre las localidades convocadas.
“Va a llegar una notificación de una resolución provincial que establece la creación del Consejo Provincial de Seguridad. Con esta iniciativa queremos reunir a todas las localidades de la provincia para establecer y conformar las políticas públicas que se implementarán en materia de seguridad. Sabemos que cada lugar, cada localidad, cada municipio, tiene sus particularidades en el delito y en la manera de prevenir, pero de todas formas se pueden diagramar líneas de acciones provinciales para actuar de manera integral. Tenemos la idea de que en las primeras semanas de febrero ya podamos realizar el primer encuentro de este Consejo de Seguridad para comenzar a actuar”, explicó Massoni.
Por otra parte, el titular de la cartera de Seguridad provincial dijo que la reunión también sirvió para repasar “estadísticas que hacen a la comisión delictual de los ilícitos, al problema creciente del consumo de estupefacientes y otras preocupaciones que manifestaron tener el titular del ejecutivo municipal de Trelew y el secretario de gobierno”.
Por último, Massoni dijo “estar de acuerdo” con la propuesta que el intendente Maderna le comunicó sobre controles toxicológicos a funcionarios públicos. “El intendente me manifestó su idea de avanzar firmemente en esta propuesta que consiste en que los funcionarios públicos se sometan, antes de asumir a su cargo o ya estando en ejercicio del mismo, a exámenes toxicológicos para establecer si consumen o no algún tipo de estupefaciente. Entendemos que un funcionario público no puede estar librado a ejecutar acciones de gestión o gobierno bajo un estado tóxico indebido. Debemos tener la garantía de que esas conductas no se realizan en el ámbito de los funcionarios públicos que tienen altas responsabilidades”.