La lucha contra la inflación ha pasado a ocupar un lugar más importante en la agenda del presidente Alberto Fernández, según se desprende de su discurso ante la Asamblea Legislativa. Algunos párrafos así lo revelan:
“Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante”. “Vamos a fortalecer también los mecanismos de defensa del consumidor y lealtad comercial.”
Como hicieran en su momento Axel Kicillof, desde el Ministerio de Economía, y Augusto Costa, desde la Secretaría de Comercio, esto significa que las empresas tendrán que volver a informar sus estructuras de costos. Hoy esa responsabilidad está a cargo de Paula Español, en su carácter de Secretaria de Comercio Interior, una economista que comparte las ideas de Kicillof.
“No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo.” “Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”.
La evaluación del equipo oficial es que en numerosos sectores – particularmente alimentos, higiene y limpieza- pocas empresas son las que controlan el mercado. El Gobierno cree que es necesario que haya más oferentes, pero el problema es que éste es un camino largo. En este sentido, es de prever un monitoreo más cercano de las empresas líderes y una relación posiblemente más tensa con estos grupos.
En resumen, la pelea contra la inflación se hará con cierto equilibrio fiscal, con una lupa sobre los formadores de precios, frenando aquellas subas de precios –caso tarifas- que a juicio del gobierno tuvieron “ganancias excesivas” y desarmando la inercia inflacionaria por ejemplo a través de impulsar aumentos de suma fija y no con cláusulas “gatillo” en los acuerdos salariales.
Talón de Aquiles
No es casual la preocupación del Gobierno por la marcha de la inflación, ya que en medios de la Casa Rosada se considera que éste es un “tornillo flojo” dentro de las políticas que el Poder Ejecutivo está llevando adelante dentro de su programa económico. Contraponen la evolución de los índices a los avances que sí se han logrado en otras áreas, como el control del gasto a partir de la reformulación en los ajustes en las jubilaciones o los avances que se están dando en materia de negociación de la deuda externa.
Es que pese a lo que han señalado distintos analistas, en el Gobierno insisten en que el presidente Alberto Fernández tiene un plan económico de corto plazo, como el mismo se encargó de señalar en su discurso ante el Congreso al enumerar objetivos para el período 2020/21.
Hay plan
¿En qué consiste ese plan? Desde el Gobierno una alta fuente oficial afirma que se “está implementando un programa económico que tiene como objetivo inicial la reactivación de la economía en un marco de sustentabilidad y consistencia macroeconómica”.
En los despachos oficiales señalan que de la herencia recibida por Alberto Fernández, se destacan dos aspectos que condicionan y al mismo tiempo definen los instrumentos principales del programa macroeconómico del nuevo gobierno: la deuda externa y el “cepo” cambiario.
Explican que la imposibilidad de aplicar el ajuste fiscal requerido para cumplir con los intereses de la deuda pública acumulada – y sobretodo el perfil de sus vencimientos de capital – demanda de una restructuración con quita (en valor presente) y a la vez impiden que el nuevo gobierno disponga de una política fiscal “expansiva” como instrumento de política económica.
“No tenemos espacio fiscal”, comentó una alta fuente del Palacio de Hacienda a Ámbito. Más precisamente, precisan que el Gobierno no puede recurrir a incrementar el déficit fiscal primario, aumentando significativamente gastos y/o reduciendo impuestos, porque el acuerdo de restructuración de deuda necesariamente incluirá un compromiso de consolidación fiscal, aunque el mismo sea gradual, como señal de recuperación de la sustentabilidad fiscal y de la deuda.
“El único margen con que contamos es realizar una política fiscal expansiva reorientando gastos hacia sectores con mayor propensión a consumir desde sectores con menor propensión a consumir y aplicando una mayor carga tributaria sobre los primeros más que en los segundos”. Se trata de una suerte de explicación técnica de lo que el presidente Fernández sintetiza en su frase “primero los últimos”.
Emisión
La restructuración de la deuda pública también cuenta con una arista externa. El Banco Central necesita incrementar sus reservas para recuperar confianza y para ir cumpliendo con los compromisos en divisas que surjan del resultado de la restructuración.
El “cepo” cambiario, esta vez heredado del gobierno saliente, no solo le evita al nuevo gobierno pagar el costo político de implementarlo, sino que le da espacio para contar con las herramientas monetaria y cambiaria como instrumentos de política.
Sucede, según explican en fuentes de la autoridad monetaria, que el “cepo” al restringir la compra de divisas por parte del público provoca que una expansión de la oferta de pesos no encuentre salida en la compra de divisas: la mayor oferta encuentra una demanda forzada.
De esta forma, el “cepo” permite que el BCRA expanda base monetaria comprando divisas que provienen del superávit comercial que la propia intervención cambiaria contribuye a generar. Al sostener el valor de la divisa se favorece la generación de superávit comercial (por aumento de exportaciones y sustitución de importaciones) que el Central compra aumentando sus reservas. “Todo esto – explican- contribuye a la sustentabilidad macro o externa de la economía y en consecuencia a la consistencia integral del modelo”.
Pero aclaran que “el cepo no habilita una política fiscal expansiva financiada con emisión”. Y esto no se lograría expandiendo base monetaria para Adelantos transitorios que financian más déficit fiscal que a su vez provoca apreciación cambiara real y menor superávit externo.
Condicionamientos
Claro que para que esa combinación de política monetaria/cambiaria se traduzca en reactivación deben dejar de subir los precios y de ahí, nuevamente, el énfasis que el Gobierno pone sobre el tema. “La reducción de la inflación es esencial también para evitar que se aprecie el tipo de cambio real dado que el deterioro de la competitividad atenta contra la generación del superávit comercial y la subsecuente acumulación de reservas”, aseveran en el Palacio de Hacienda.
Resulta imprescindible que la inflación ceda para que la reactivación sea posible y para que el tipo de cambio real no se deteriore y contribuya a generar el superávit externo. La inflación depende de expectativas y estas están afectadas por componentes inerciales (contratos indexados) que deben revertirse, y por expectativas hacia delante que dependen de la reconstrucción de credibilidad y la consistencia del modelo macro.
En este contexto, cuando el presidente Fernández señaló que “los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los cuatro años que precedieron nuestra llegada, registraron incrementos excesivos” está sentando las bases para una negociación con las empresas del rubro.
Esto es uno de los factores que llevaron a que el presidente Fernández anunciase que “por el momento no está previstos aumentos de tarifas”, como antes habían indicado dos de sus funcionarios.
Por lo tanto, y en función de lo dicho por el presidente en su discurso, es de esperar que continúen las gestiones oficiales para que los sindicatos dejen de aplicar cláusulas gatillo y que aumente la intervención de la Secretaría de Comercio particularmente sobre los formadores de precios.
