El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfrenta una investigación judicial inédita y consecuencias políticas que colocan en una crisis delicada al Gobierno del país centroamericano reconocido por la estabilidad política y la fortaleza de sus instituciones. Sin llegar aún a la mitad del mandato, el mandatario de 40 años figura como sospechoso en un expediente en el Ministerio Público y recibe un vendaval de críticas de la oposición que han derivado esta semana en la caída del ministro de más confianza del presidente. Además ha visto salir a otros cinco funcionarios de su entorno inmediato, días después del allanamiento policial a la sede de la presidencia como nunca se había visto.
Las denuncias sobre el posible manejo de datos confidenciales en una oficina del presidente Alvarado lo han obligado a suspender actividades públicas y reconocer la necesidad de responder con urgencia a un clima cargado de dudas y críticas, aunque también señala una confluencia de intereses mediáticos, económicos y electorales. Es sospechoso de prevaricar y de violar datos confidenciales, delitos penados con cárcel, en caso de que el Congreso le retirara la inmunidad si el proceso llegara a ese punto.
El mandatario reconoce que se ha agravado una desconfianza de por sí creciente sobre el sistema político. Esto, en medio de una situación fiscal apremiante y una fuerte presión por un desempleo de 12%, entre otras adversidades como el primer caso confirmado de coronavirus que significaría un revés para el Banco Central si se expande la enfermedad.
Con solo el 15% de las curules en el Congreso y el rechazo de numerosos sectores a propuestas del Gobierno para paliar el mayor déficit fiscal en 40 años, la Administraciòn de Alvarado se apresta a una agria celebración de la mitad del período, el 8 de mayo. Han pasado dos años desde que triunfó en segunda ronda sobre el predicador Fabricio Alvarado en una campaña polarizada en torno asuntos religiosos, después de que en la primera vuelta solo el 13% había votado por el actual mandatario. En las encuestas publicadas en 2018 y 2019 lo mostraban como un equilibrista en una cuerda floja, valiéndose de apoyos puntuales o momentáneos y con un equipo de ministros multipartidista que ha debido sustituir en un 50%.
El último cambio ha sido el ministro de la presidencia, Víctor Morales, quien reconoció públicamente que su credibilidad como representante del Ejecutivo estaba «hecha polvo” y así no podía seguir. Alvarado y Morales también enfrentan cargos judiciales por firmar el decreto presidencial mediante el cual se intentó formalizar el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), aunque lo derogaron solo horas después de que detonaron las críticas por un artículo que mencionaba la posibilidad de acceder a datos confidenciales. El resto fue una escalada de acontecimientos que se coronaron –de momento- con el operativo policial para decomisar computadores, móviles y e información de distintas oficinas de la sede presidencial. La foto que queda es la del edificio acordonado con cinta amarilla y decenas de policías entrando con su chaleco antibalas y armas de reglamento, una escena que algunos estiman desproporcionada.
Es la ley funcionando, dice Emilia Navas, la fiscal general a cargo de la investigación. Navas llegó al puesto después de fuertes cuestionamientos a su antecesor por falta de acciones contra figuras políticas. Aunque dice comprender ciertas reacciones escépticas, asegura que los indicios y las normas sustentan el operativo policial que duró 32 horas del viernes 28 de febrero al sábado 29 y acabó con el decomiso de numerosos aparatos electrónicos, incluido el móvil personal de Carlos Alvarado, el presidente.
Pese a estar expuesto en sus comunicaciones y sus documentos ante las autoridades judiciales, el discurso de Alvarado no riñe con la acción judicial y la admite como la única manera de disipar las dudas generadas por decenas y decenas de informaciones periodísticas en los últimos 10 días. Critica, eso sí, los enfoques noticiosos “populistas” y atribuye oportunismo a grupos económicos y de partidos de oposición para exacerbar esta crisis. El presidente, proveniente del Partido Acción Ciudadana (centro izquierda) también ha designado como nueva ministra de presidencia a Silvia Lara, una socióloga procedente de una asociación empresarial y partidos tradicionales, acompañada por el ministro más veterano del Gabinete, Rodolfo Méndez, un ingeniero de 82 años que parece aplacar las críticas por la inexperiencia de Alvarado y su círculo inmediato.
Ya han salido organizaciones empresariales y dirigentes políticos opositores a pedir cordura, dejar que avancen las investigaciones y pasar la página, después de dos semanas de un Congreso casi paralizado. Algunos piden la renuncia del presidente, pero otros aducen que el sobrecalentamiento político puede generar inestabilidad y eso repercute en una economía de por sí estancada. Hay una conciencia parcial de que la situación es delicada, analiza Jorge Vargas Cullel, director del centro de pensamiento Estado de la Nación, donde ha explicado por varios años la creciente erosión de la confianza popular en las instituciones, aunque aún advierten reservas considerables.
“Hasta ahora es claro que hay una crisis en el Gobierno, pero no es una crisis de gobierno como ha visto en otros países. Es un caso que agarra al Ejecutivo en mal momento en momentos en que debe tomar nuevas medidas en materia fiscal, pero con menos fuerza que cuando logró se aprobara una primera reforma fiscal en 2018”, explicó Vargas. La revisión de exenciones de impuestos, la posibilidad de relajar el secreto bancario y nuevas reglas salariales para empleados públicos están dentro del paquete de medidas planteadas por el Ministerio de Hacienda para este año, mientras organismos internacionales y agencias calificadoras señalan los riesgos por el alto endeudamiento, que se prevé llegue a 60% del PIB en los próximos meses.