En una nueva embestida del gobierno del presidente Rodrigo Paz contra investigaciones de corrupción de gestiones anteriores, el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Édgar Montaño, fue arrestado este viernes en la ciudad de Santa Cruz.
Según informaron las autoridades, el funcionario de la gestión del expresidente Luis Arce es investigado por un presunto daño económico al Estado de 2,49 millones de dólares. La detención se enmarca en una serie de procesos judiciales que también mantienen tras las rejas al propio Arce, en un contexto de profundos cambios políticos en el país andino. Según DW.
Montaño fue capturado al salir de su domicilio y trasladado a La Paz. Durante el procedimiento, el exministro declaró ante los medios su inocencia: “Soy inocente… me han agarrado por un supuesto caso de una carretera”. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, los delitos bajo investigación son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La investigación judicial sobre estas irregularidades contractuales se habría extendido formalmente a otras ocho exautoridades gubernamentales, además de Montaño, y abarca gestiones desde 2015.
La corrupción como eje del nuevo gobierno y la situación de Luis Arce
La detención de Montaño es consistente con la promesa de campaña del presidente Rodrigo Paz de “desenterrar la cloaca” de corrupción que, según él, dejaron casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Una de las primeras y más resonantes acciones en este sentido fue el arresto y la posterior prisión preventiva del expresidente Luis Arce, quien cumplirá cinco meses de detención mientras es investigado por un caso de presunta corrupción de su época como ministro de Economía.
Arce, quien dejó la presidencia en noviembre de 2025, enfrenta acusaciones por autorizar desembolsos irregulares del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) a cuentas personales de dirigentes, en perjuicio de proyectos comunitarios. Durante su audiencia, el exmandatario se declaró “absolutamente inocente” y denunció una persecución política, afirmando ser un “chivo expiatorio” del nuevo gobierno. Si es condenado, podría enfrentar hasta seis años de prisión.




