El gobierno nacional evitó un default al cumplir con el pago de 4.200 millones de dólares el pasado 9 de enero, el primer gran vencimiento de deuda del año.
Para lograrlo, recurrió a una combinación de fondos que incluyó ingresos por la privatización de represas y, de manera crucial, a un préstamo a corto plazo (un repo) con seis bancos internacionales por 3.000 millones de dólares.
Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la operación en redes sociales, calificándola como una reducción de deuda, economistas y analistas consultados advierten que la medida no solo no es sostenible, sino que refleja los límites del programa económico y las dificultades para acceder a financiamiento estable.
Según Río Negro, expertos como Sebastián Menescaldi (EcoGo) y Fernando Morra (exviceministro de Economía) coinciden en que el repo es una «estrategia de emergencia». Su uso evidencia que el gobierno no contaba con los recursos genuinos o el acceso al mercado de capitales para afrontar el vencimiento sin desangrar las ya bajas reservas del BCRA. La operación, que tuvo una tasa del 7.4% anual, fue suscrita por bancos de primera línea como Santander, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Bank of China.
Los riesgos de la estrategia: cortoplacismo y desconfianza del mercado
La reacción de los mercados tras el pago fue tibia, lejos del «impulso a la confianza» que esperaba el gobierno. Menescaldi explicó que esto se debe a que el repo, al tener garantías preferenciales (títulos BONARES 2035 y 2038), afecta negativamente al resto de los bonistas. «Antes tiene que pagar este repo», señaló, por lo que la posibilidad de repago para otros acreedores se ve disminuida, generando desconfianza.
Fernando Morra fue más allá, calificando la maniobra como «ni deseable ni sostenible». «Estás tomando deuda de corto plazo para maquillar que no tenés acceso al mercado», afirmó. Su principal crítica apunta al corazón del esquema económico: si el actual régimen cambiario no permite acumular reservas de manera sólida, el país seguirá dependiendo de parches financieros para pagar su deuda. Morra, quien participó en la reestructuración de 2020, recordó que el plan original era que, para esta fecha, Argentina ya hubiera acumulado suficientes reservas, un escenario que no se materializó.
Un futuro incierto: la sombra de un nuevo salvataje y más vencimientos
Las dudas sobre la sostenibilidad del programa no son solo locales. Un informe del Congressional Research Service (CRS), el think tank del Congreso de Estados Unidos, advirtió a fines de diciembre que, si Argentina no logra las reservas necesarias, podría enfrentar «decisiones políticas difíciles», como un nuevo default o una mayor flexibilidad cambiaria (devaluación). El documento, citado en el análisis, también señala que la mayor fuente de dólares del país es el swap con la Reserva Federal y sugiere que el gobierno de Milei podría terminar pidiendo más asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque las perspectivas para obtenerla «no están claras».
El desafío es inmediato. De los 3.000 millones del repo, solo se habrían usado entre 1.200 y 1.300 millones para el pago de enero. El resto quedará para el próximo vencimiento crítico, que se producirá en julio y será de un monto similar. El gobierno celebró haber sorteado el primer obstáculo, pero la fiesta en los mercados nunca llegó. La pregunta que queda flotando, y que los analistas ya están haciendo, es: ¿con qué herramientas enfrentará los pagos del segundo semestre si no logra revertir la falta de reservas y acceso al crédito? El repo fue un salvavidas, pero no enseña a nadar, y el mar de la deuda argentina sigue siendo profundo y agitado.
