Tras el escándalo por la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social por encima de los precios testigos con que cuenta la Sindicatura General de la Nación, el Gobierno avanza en la implementación de una tarjeta alimentaria para los comedores populares, que en su mayoría son gestionados por las organizaciones sociales. Los beneficiarios serían los encargados de realizar las compras y presentar las rendiciones ante el Estado.
Las compras de arroz y aceite que provocaron la expulsión del secretario de Articulación de Política Social Gonzalo Calvo y la renuncia en suspenso de otros 14 funcionarios era efectivamente para los comedores que gestionan los movimientos sociales.
El programa serviría para descentralizar las compras, acelerar la llegada de alimentos a los comedores y eliminar la participación de proveedores, que no son productores sino distribuidores de alimentos. El ministro Daniel Arroyo lo adelantó cuando irrumpió la denuncia por las compras, que solo se calmó con la renuncia de Calvo.
Arroyo pasó de la palabra a los hechos y les reiteró la iniciativa los referentes de las organizaciones sociales de izquierda que recibió este jueves en su despacho.
En el entorno del ministro confirmaron que así como se descentralizaron fondos para los municipios en este contexto de emergencia, la idea es otorgarle una tarjeta a los comedores. Entre los beneficios, implicaría que dispondrían de fondos para comprar alimentos frescos, además de los secos, que no son los recomendamos en materia de nutrición. “Hay que hacer un cambio estructural y profundo en el sistema de compra del Estado”, sostuvo el ministro el lunes en declaraciones a Radio con Vos.
Las organizaciones además podrán utilizar esas tarjetas para comprar a los productores agrupados en los mismos movimientos. La dificultad para que los beneficiarios individuales de las tarjetas alimentarias las utilizaran en las ferias de trabajadores informales agravó las tensiones entre los intendentes y las organizaciones antes de la irrupción de la pandemia.
Los dirigentes del Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, Mar y el bloque piquetero que se reunieron este jueves con Arroyo y con el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks, volverán el lunes a Desarrollo Social para avanzar en la iniciativa con la directora nacional de Politicas Alimentarias Karina Yarochevski, que depende de la Secretaría de Inclusión Social de la dirigente Laura Alonso. Esta última, dirigente de La Cámpora, fue señalada por algunos de los protagonistas de las internas del ministerio que se desataron a raíz de la compras. La agrupación que responde a Máximo Kirchner la desligó de cualquier responsabilidad en las compras cuestionadas y la catalogó como una suerte de «nutricionista» del ministerio.
La idea de descentralizar las compras es de larga data. Surgió hace 10 años durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, pero nunca se llevó a cabo. Durante el mandato de Mauricio Macri también se analizó, pero nunca se avanzó. Muchos de los proveedores se repitieron independientemente del signo político.
Según pudo saber Clarín, el ministro mantuvo una reunión con parte de la cúpula de los funcionarios que renunciaron tras las denuncias de sobreprecios. Arroyo les habría pedido que permanezcan en la gestión. Los funcionarios contestaron que la decisión que tomen será colectiva.
Mientras tanto, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, propuso a Arroyo la creación de una comisión independiente de trabajadores que supervise las compras del Estado y que tenga acceso a los libros de contabilidad del ministerio y de las empresas proveedoras. Arroyo confirmó a las organizaciones que hasta el momento no se aceptaron las renuncias de los funcionarios que renunciaron a la secretaría de Calvo. «Ofrecieron su renuncia y están en estudio», dijeron.
Son varias las organizaciones que no ven con malos ojos la continuidad del subsecretario del área Carlos Montaña, un hombre de Sergio Berni e interlocutor natural con los movimientos. «Siempre nos atiende, aunque no siempre tenga las respuestas que tampoco dependen estrictamente de él», dicen.
“Tenemos denuncias de que las empresas han pagado por la mercadería mucho menos de lo que cobraron. Nos vamos con expectativas y con muchas preocupaciones, todo va muy lento. Hay mucha presión de las empresas para levantar la cuarentena y despidos por todas partes”, dijo Belliboni.
Las organizaciones de izquierda son las únicas que no aceptaron participar del comité de emergencia social que diseñó Arroyo junto a los intendentes. Consideran que es un intento de cooptación de los movimientos. También le propusieron la necesidad de crear un fondo de desempleo durante la pandemia que reemplace las múltiples ayudas del Estado. «Lo mismo hicieron Francia, España y Taiwán. Sería un ahorro en vez de un gasto», afirman.
