Mucho se ha escrito y muchos ejemplos existen en la historia de la Humanidad, sobre la pérdida de los derechos ciudadanos en tiempos de extrema emergencia o catástrofe natural.
La instalación del pánico, la paranoia y el miedo hacen generar situaciones restrictivas hacia la ciudadanía, dejándolas al límite de la pérdida de los derechos constitucionales.
Está delgada línea que vive todo ciudadano se agrava cuando los mandatarios asumen el rol del «todo poderoso» y una excesiva manifestación de paternalismo institucional que se demuestra como el antiguo squetch del padre que cuando se sentaba en la mesa, el resto de la familia se callaba la boca.
Sin embargo, la realidad es otra. La ciudadanía ha conquistado derechos, individuales y colectivos. No sólo las sociedades han establecido su carta magna de convivencia conocida como Constitución, sino además, han desarrollado pactos internacionales sobre Derechos Humanos y Ciudadanos donde los gobiernos del mundo han expresado su adhesión.
Esta comprensión del Estado de Derecho que parece muy obvia se estrella cuando suceden situaciones de emergencia como la que estamos viviendo con la Pandemia del COVID19.
Es así, que algunos mandatarios contraen un cierto virus dictatorial que bien supo describir en su ensayo sociológico la exdiputada chilena Laura Rodríguez y que llevó el nombre de: «El virus de Altura».
Lo que en dicho ensayo se describe es básicamente, el padecimiento que produce en los funcionarios políticos un estado febril de tal grado que terminan creyendo que ellos son los únicos que saben, los que tienen la razón en todo y entran en un estado involutivo cuando asumen la postura de: «yo hago lo que se me da la gana».
Cuando se llega a esa «altura» de la enfermedad, el antídoto más eficaz es el ejercicio de la defensa de los derechos conquistados y consagrados por parte de la ciudadanía.
Es afirmarse en las leyes fundamentales que nos hacen sociedades de esta época y momento histórico. Ciudadanos comprometidos con una vida social amparada por nuestra Constitución.
Los ciudadanos pasamos de ser objetos políticos a ser sujetos de derechos. El buen vivir conlleva una responsabilidad social que se representa en la puesta en valor de nuestros derechos más esenciales.
De esta realidad insoslayable, nadie escapa. Más temprano que tarde, la fuerza espiritual de todos los hombres y mujeres que han dado su vida en la conquista de los derechos humanos y sociales se hace presente.
De esta realidad, no existen atajos ni fuerza capaz que puedan vulnerarla.
Por: Sergio Espinoza