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El intendente de la Municipalidad de Cholila, Silvio Boudargham, estuvo presente en Epuyén para firmar un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Social, Familia, Mujeres y Juventud de Chubut, con el objetivo de fortalecer las políticas del Servicio de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este evento fue en el marco de las actividades del Consejo Provincial de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se abordaron distintas temáticas y se presentaron otras cuestiones. Entre ellas:

Protocolo Provincial de Intervención 2022-2023.

Presentación de unidades de tránsito, para personas en riesgo por motivos de violencia de género.

Entrega de protocolos de funcionamiento.

Así lo manifestó el abogado de Santiago Goodman y Mariana Castro, Sergio Miranda, luego de la suspensión del juicio oral y público por los incendios en la Legislatura Provincial y en Casa de Gobierno en el 2019.

A principio de abril comenzó el juicio oral y público por los incendios en la Legislatura Provincial y en Casa de Gobierno ocurridos en una manifestación en septiembre de 2019.

En el primer día, el abogado defensor de uno de los imputados pidió la suspensión del juicio a prueba y la Jueza Penal María Tolomi accedió al pedido.

Ahora, todavía sin fecha, se retomará con el juicio y el abogado Sergio Miranda, defensor de los docentes Santiago Goodman y Mariana Castro, fue entrevistado en el programa Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno.

“Estamos hablando de docentes y trabajadores que han sido sometidos al peor de los procesos dentro de lo que es el derecho. El derecho penal es el brazo más duro. La verdad que ser un trabajador y estar imputado de un delito de esta naturaleza, con el escarnio público como se vio a través de los medios, además esperar un debate que se va suspendiendo, no cae bien. Son las reglas del juego, cualquier imputado tiene el derecho a acceder a la probation”, aclaró el doctor.

Sobre el caso de sus defendidos, explicó que “a partir del planteo ya sabíamos que esto se suspendía y no sabíamos en qué momento íbamos a tener una nueva fecha de debate. Esto fue más rápidamente asimilado, pero no quita que haya cierta incomodidad con esta situación”.

Respecto a otra de las imputadas, Marcela Ancaleo, Miranda dijo que “solo aparece en un video al lado de una camioneta donde se bajaban cubiertas. Nada más. Y está imputada como coautora”.

Por último, explicó que “la probation es un derecho que tiene cualquier imputado pero que es vinculante con la mirada de la fiscalía”.

Tiene 56 años y representa el sentir de un numeroso grupo de trabajadoras sexuales que lucha por ser incluido en el sistema previsional argentino. “Yo dignamente soy esto”, dijo a TN.com.ar.

A Laura Meza la abrazan cuando llega y la aplauden cuando se va. Su voz, la que narra sus tres décadas como trabajadora sexual, representa la de todas las mujeres que la escuchan detrás de cámara. Sus palabras impactan en ellas y forman parte de un sentimiento en común, convertido en la lucha que las interpela desde siempre: ser reconocidas por el Estado dentro del sistema jubilatorio nacional.

“Soy puta hace 30 años y quiero jubilarme. Soy madre soltera de tres nenas y bueno, crie a mis hijas sola. También crie una nieta. Yo ahora estoy trabajando solamente los fines de semana, ya que empecé la universidad y no tengo el tiempo que tenía antes. Estudio Trabajo Social, aprobé los primeros dos cuatrimestres de la carrera”, expresó Meza en diálogo con TN.com.ar.

El 14 de agosto pasado, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) organizó un evento denominado “Puta Fest Edición Jubiladas”. El objetivo fue recaudar fondos para entregar una jubilación simbólica a 20 trabajadoras sexuales de entre 50 y 70 años. “El impacto que tuvo la pandemia en todas las trabajadoras sexuales, no solamente en las de la tercera edad, fue precarizar más nuestro trabajo. Esto que hizo nuestro sindicato sirvió también para decirle al Estado que nosotras existimos, que tenemos derechos. Y los derechos pasan por una jubilación digna, por una obra social digna y por terminar nuestros días como cualquier otro trabajador”.

“Obvio que me puedo jubilar, ya tengo 30 años de aportes… Pero el aporte que hicimos nosotras fue a la Policía cuando nos comía. La Policía nos tendría que pagar a nosotras la jubilación. Ya que toda la plata, en estos tiempos, como en otros tiempos, muchas veces se la lleva la Policía”, agregó Meza.

En 2020, la mujer que actualmente vive y trabaja en Flores se vio imposibilitada de salir a calle por un esguince en su tobillo derecho. “Estuve un mes con una bota y no pude salir a laburar. La jubilación simbólica me ayudó a pagar gastos, ponerme al día y empezar de nuevo. Yo dignamente soy puta: me paro en una esquina y es mi estabilidad”.

Meza continuó: “Sigo atendiendo a mi primer cliente de los 30 años. Él no es un sujeto, es parte de mi vida”. Logró tener un restaurante en Flores, un maxikiosco en el mismo barrio y un negocio de telas que con la crisis de 2001 debió cerrar. A partir de aquel año, decidió volver a la esquina. “Soy enfermera también y trabajé muchos años en el Hospital Álvarez. Cuando empecé el trabajo sexual le tuve que contar la verdad a mi mamá porque traía a casa el equivalente a tres sueldos por semana”.

"Mi principal temor es morirme y no tener la jubilación", reveló Meza. (Foto: captura TN.com.ar).

“Con mis hijas decidí hablarlo de entrada, porque gracias a ser puta tengo mi autonomía. Trabajo el fin de semana y puedo estudiar. De lunes a viernes, mi militancia; atender a mis compañeras, tratar de darles una mano. Por eso mismo uno elige ser trabajadora sexual: el trabajo sexual es autonomía”, indicó.

“No tengo papeles, nunca conseguí un trabajo formal”

La situación de Laura es similar a la que atraviesa María Luisa Martínez, una mujer trans de 55 años que trabaja en la calle desde hace 25. “Soy una persona grande ya. Quisiera que me den una pensión o una jubilación. Seguiría trabajando un tiempo más, pero más adelante descansaría. Cuando llegue a una edad determinada no voy a poder trabajar, voy a ser muy grande”, narró a TN.com.ar.

Martínez relató: “En la calle se trabaja pero a veces no sabemos si vamos a llegar vivas, muertas, tantas cosas que hay. Gente mala, gente que te puede hacer un daño. Subirse a un carro, te pueden llevar lejos. A veces vienen y te pegan porque eres extranjera. Y te dicen ‘dame dos pesos, cinco pesos, ¿no me das?’. Y si no le das te patean, te escupen, todo eso”.

Ana Clara Romero concejal de Juntos por el Cambio presentó este jueves un proyecto, aprobado por unanimidad, para que el Ministerio de Educación de la provincia garantice la construcción de un edificio propio para la comunidad educativa de la Escuela Nº 7717 del barrio Stella Maris.

“Creo que es necesario acompañar y amplificar el constante reclamo de padres, vecinos y la comunidad educativa de la Escuela Nº 7717 del barrio Stella Maris”, expresó Ana Clara Romero .

“Por eso en la sesión del Concejo Deliberante de hoy presenté un proyecto, que fue aprobado por unanimidad, solicitando al Ministerio de Educación de la provincia que intervenga para garantizar el espacio propio y seguro para todos los alumnos de la institución”, explicó.

“La escuela funciona hoy en lo que era la sede de la asociación vecinal, el edificio se encuentra en pésimo estado ya que fue afectado por el temporal de 2017 (…) aunque fueron realizadas dos licitaciones para su construcción, no han prosperado ninguna de las dos”, relató la edil sobre el estado actual de la institución.

“Son 200 los alumnos que no pueden sostener sus trayectorias educativas a pesar del esfuerzo de sus docentes”, recalcó Romero.

Y expresó, “la educación es un derecho fundamental e inalienable de nuestros niños, niñas y adolescentes, está resguardado en nuestra Constitución Nacional y Carta Orgánica. Sin embargo, las autoridades que tienen poder de decisión siguen mirando para otro lado”.

De cara a las próximas elecciones de medio término, el gobierno nacional creó la Mesa por el derecho al voto para promover el ejercicio de la ciudadanía de más de 12.000 personas que se encuentran internadas en instituciones de salud mental y discapacidad.

Organismos del Estado nacional implementaron una campaña con apoyo de la sociedad civil para promover el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al voto de más de 12.000 personas que se encuentran internadas en instituciones de salud mental y discapacidad, tal como establecen diversas normas nacionales e internacionales vigentes en la Argentina.

«No es suficiente con que los derechos estén establecidos en la legislación, hay que realizar acciones positivas», señaló a Télam Leonardo Gorbacz, director nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos.

Frente a ello y de cara a las próximas elecciones de medio término -las PASO-, el gobierno nacional creó la Mesa por el derecho al voto, que está conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Dirección Nacional Electoral, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y la Agencia Nacional de Discapacidad.

«El hecho de tener un padecimiento mental no significa que una persona no pueda elegir sobre su vida, su tratamiento, el gobierno y los legisladores que vayan al Congreso Nacional»

La Mesa determinó que entre los principales obstáculos que las personas en situación de internación encuentran para participar de las elecciones se encuentran: dificultades interpretativas de normas, como las que dan lugar a las exclusiones del padrón por contar con una restricción de la capacidad jurídica, es el caso del Código Nacional Electoral en su art.3 inc. a; dificultades para acceder al DNI, que se encuentra retenido por las instituciones o los familiares, también falta de acceso a la información, al chequeo del padrón, al sistema de emisión del voto y la participación política; a su vez, la movilidad y el acompañamiento el día de la votación y la gestión de las autorizaciones para poder salir de las instituciones.

«El hecho de tener un padecimiento mental no significa que una persona no pueda elegir sobre su vida, su tratamiento, el gobierno y los legisladores que vayan al Congreso Nacional. Y esa capacidad de elección tiene la misma cualidad que la de cualquier persona», reflexionó el funcionario, quien es coautor de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (LNSM).

Gorbacz agregó: «Todos elegimos desde nuestra historia, nuestras preferencias, nuestros miedos. Nos podemos equivocar, pero no existe ninguna limitación distinta a la que tienen el común de las personas».

El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en 2019, determinó que 12.035 personas estaban en esa situación en las 162 instituciones públicas y privadas relevadas en 21 jurisdicciones del país.

«A ese número habría que sumarle las personas que están en comunidades terapéuticas, que no se relevaron, y las que están en instituciones de discapacidad -dijo Gorbacz-. Estimo que estaríamos hablando de unas 20.000 a 30.000 personas. La mayoría de ellas no está en situación de crisis, sino de cronificación, es decir, no necesitarían permanecer internadas».

Ese tipo de casos, aclaró el funcionario, responde a «internaciones prolongadas por problemáticas sociales», en las cuales se combinan crisis de salud mental con situaciones de pobreza.

En este sentido, destacó el funcionario que la LNSM «promueve que puedan volver a revincularse con sus familias o a poder residir en la comunidad a partir de dispositivos como las casas con apoyo o de medio camino».

A su vez, Gorbacz recordó que «existía una inhabilitación para muchas de esas personas, que en el viejo Código Civil era la insania o incapacidad, que todavía sigue existiendo en muchos países».

A partir de ese paradigma tutelar, explicó el funcionario, se conformó la concepción que «las personas con problemas de salud mental graves no podían tener capacidad jurídica y autonomía para ejercer sus derechos y, por lo tanto, otra persona tenía que decidir por ellos», detalló.

A los cambios establecidos por la LNSM, tanto en materia de derechos como en condiciones de internación, se sumaron los producidos por la Ley Nacional de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud Nº 26.529, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad -tiene rango constitucional desde 2008- y el nuevo Código Civil y Comercial, que «son consistentes en apuntar a la promoción de la autonomía, la participación y al respeto de la capacidad jurídica de todas las personas, más allá de sus diagnósticos o padecimientos mentales».

El Censo de 2019 informó que, si bien «el 92 por ciento de las personas refirieron contar con DNI», de este grupo, «únicamente el 12 por ciento refirió tenerlo en su poder» y «el resto refirió que estaba en poder de la institución o de algún vínculo y/o familiar».

Campaña por el derecho al voto

La campaña propone un trabajo conjunto con las provincias, las Defensorías del Pueblo, instituciones de salud mental y discapacidad, organizaciones de usuaria, organizaciones de Derechos Humanos y universidades «a fin de que en estas próximas elecciones podamos garantizar este derecho para la mayor cantidad de personas posible».

Las principales acciones que implementaron en la campaña por el derecho al voto, incluyó la comunicación en redes sociales, difusión de videos informativos, capacitación y formación electoral, gestión del DNI requerido para votar y garantizar que la persona disponga de su DNI el día de las elecciones, revisión del padrón e inclusión de las personas institucionalizadas que no estén registradas, acompañamiento, traslado y apoyo el día de las elecciones, sensibilización en territorios, y articulación con diversos dispositivos y equipos dentro de las instituciones.

Sobre la campaña, Gorbacz señaló que la pandemia impidió realizar acciones en los hospitales, pero llegaron allí a través de los equipos y de radio la Colifata, por ejemplo, en el Hospital Borda, también con FM Desate, radio del Hospital Moyano, entre otros.

Por último, la Mesa consideró dentro de las acciones posteriores a los comicios, realizar un relevamiento para medir el impacto y ver efectivamente qué cantidad o porcentaje de personas que están en esta situación pudieron ir a votar, «porque más allá de todas las acciones que se hagan es muy importante que el día de la elección haya disponibilidad de acompañamiento y movilidad para que la gente pueda llegar al lugar de votación», concluyó.

En 1993, por ser esencial para el desarrollo de las poblaciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de este elemento vital y de la necesidad de preservar los recursos hídricos para que todos los habitantes del mundo puedan gozar de sus beneficios.

Sin embargo, de acuerdo a cifras proporcionadas por esta organización, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable, y esto está muy alejado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Nº 6 que propone agua y saneamiento para todos antes de 2030, propuestos también por la ONU, en 2015, y al que adhirieron unos 200 países, incluida la Argentina.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja también para la salubridad y la calidad del agua, ya que se calcula que, de aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de este elemento y que su contaminación puede continuar generando enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

El acceso al agua segura es un derecho humano y lo es también su calidad y disponibilidad. Según la ONU, 1 de cada 10 personas (de los 785 millones del planeta) carece de servicios básicos, incluidos los 144 millones que beben agua sin ningún tipo de tratamiento que la convierta en potable y saludable.

Qué pasa en nuestro país
“El último año, el Ministerio de Obras Públicas reactivó más de 1.000 obras que actualmente están en ejecución en las 24 jurisdicciones”, dice Enrique Cresto, administrador del Ente Nacional de Obras Públicas de Saneamiento (ENOHSA). Las obras son parte de una agenda oficial destinada a mejorar la calidad y el saneamiento del agua y lograr revertir las condiciones en las que se encuentra gran parte de la población de nuestro país.

En este sentido, un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra el mapa del agua de nuestro país que expone también una triste realidad: en el comienzo del siglo XXI, con todo su desarrollo tecnológico, el 33,5% de la población vive en zonas sin acceso a agua potable ni red cloacal. Por su parte, la Plataforma del Agua, herramienta virtual que ofrece contenidos producto de una investigación abierta y colaborativa –desarrollada por un equipo de diversas universidades, organismos estatales, ONGs y empresas– destaca otros datos: 300 mil hogares no tienen baño, ni letrina, ni pozo.

En el marco del juicio oral y público de la denominada Causa Revelación, en la jornada de hoy hizo uso del derecho a declarar el imputado Diego Lüters, una de las 8 personas vinculadas a la investigación por presuntas maniobras de corrupción, por las cuales se encuentran acusados exfuncionarios del gobierno provincial y empresarios de la construcción.

En su extensa declaración reconoció ser el autor de las planillas Excel ampliamente difundidas, pero negó rotundamente ser miembro de una asociación ilícita. En tal sentido, Lüters describió de manera detallada como fue su llegada a Chubut, los distintos lugares en los que se desempeñó laboralmente hasta su llegada al Banco del Chubut y el comienzo por aquel entonces de su relación con Diego Correa y la posterior incorporación a la secretaría privada del gobernador Mario Das Neves, cuando comenzaba el último mandato en diciembre de 2015.

El acusado detalló al tribunal de qué manera se conformaba su equipo de trabajo y afirmó que por aquel entonces solo realizaba tareas administrativas, para luego relatar como la relación con Correa lo fue acercando a las actividades que describió, alejándolo de lo netamente administrativo.

Según sus palabras, fue el propio Correa quien le pidió que pusiera atención a otro tipo de cosas, delegando en sus compañeros la tarea administrativa diaria y le solicitó que transcriba una planilla poco clara que estaba hecha a mano, pasándola a un archivo Excel y que él por su experiencia bancaria, manejaba dicho programa con bastante facilidad. Indicó que con el tiempo le solicitaba que hiciera agregados a esa lista y pasado un tiempo se dio cuenta que esta actividad comenzó con posterioridad a la renuncia como Ministro Coordinador del Contador Víctor Cisterna, otro de los imputados en la causa, al igual que Correa y el propio Lüters.

También brindó al tribunal detalles sobre encuentros realizados fuera del ámbito laboral y en las que participaron empresarios del ámbito de la construcción de Trelew, en las cuales se habría informado como se redirigía la operatoria investigada a partir de la salida de Cisterna y detalló el inicio de la confección de las planillas que fueron conocidas públicamente tras los allanamientos realizados por la fiscalía en el marco de la presente investigación.

Este lunes 1 de marzo finaliza la posibilidad de acceder al pago total del año 2021 para los tributos automotor, inmobiliario, derecho de ocupante, tasa de higiene urbana y cementerio. Se puede hacer presencial en efectivo, tarjeta de débito y crédito, o mediante la oficina virtual durante las 24 horas accediendo a www.comodoroweb.gob.ar

Al respecto, el secretario de Recaudación, Israel Coen, comentó que “estamos en línea con los años anteriores y en los últimos días se ha incrementado la cantidad de interesados, sobre todo en lo que son flotas de empresas”, lo cual se destaca teniendo en cuenta el contexto de crisis derivado de la situación sanitaria desde el 2020.

Sobre la posibilidad todavía vigente de aprovechar el beneficio del 15% en el pago anual, Coen aseguró que “es muy conveniente desde el punto de vista práctico además porque te olvidás de tener que abonarlo mes por mes, y sobre todo en el tributo de cementerio que es trimestral y por ahí la gente se olvida”.

Además, recordó que la oficina virtual hoy “es una herramienta indispensable para hacer trámites en cualquier horario desde la comodidad del hogar y evitar concurrir a dependencias municipales, hacer fila, esperar, etcétera”. De todas maneras, también se pueden realizar los mismos trámites en el edificio municipal, GMN2, Área Central de km.3, CCK8, Centro de Emisión de Licencias de Conducir de km.3, Tribunal de Faltas en barrio Stella Maris, o al SEM; y llevando la factura también se puede pagar en cementerio y GMN1.

Para realizar trámites mediante la oficina virtual deben registrarse en www.comodoroweb.gob.ar. Allí el contribuyente puede acceder a toda su cuenta con el municipio y hacer el seguimiento de sus impuestos (propios más los que adhiera a su cuenta personal), pagarlos o hacer planes de pago.

En una cumbre realizada en la localidad de El Hoyo, intendentes de la Comarca Andina chubutense le pidieron al Gobierno Provincial que dé respuesta urgente al problema de los servicios públicos en la zona, cuyo estado de crisis y colapso actual vulnera los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas.

“De manera directa o indirecta, se pierden toda clase de derechos cuando falta la energía y el agua”, reclamaron los jefes comunales en una carta dirigida al gobernador, Mariano Arcioni; al vicegobernador, Ricardo Sastre; al ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; y al secretario General del Sindicato Luz y Fuerza Héctor R. Gonzalez.

Todas las voces

En la misiva, los jefes comunales llamaron a “todas las partes comprometidas con la prestación de los Servicios Públicos en la región” a que “coordinen esfuerzos para atender la profunda problemática actual y la indispensable planificación de las tareas de reparación, mantenimiento, renovación y ampliación de la infraestructura”.

Además, convocaron al Gobierno, sindicatos, legisladores y legisladoras, y a las cooperativas a proyectar un plan de trabajo para “resolver definitivamente el funcionamiento de los servicios que la comunidad esperamos y que, como ciudadanos y ciudadanas de Chubut, nos merecemos”.

La carta lleva la firma de los intendentes de El Hoyo, Pol Huisman; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Epuyén, Antonio Reato; de Cholila, Silvio Boudargham; y de El Maitén, Oscar Currilén.

La nota del Ministerio Público de la Defensa presentada ante el Presidente de la Legislatura de Chubut es a raíz del Proyecto de Ley General N° 128/2020 presentado por el Poder Ejecutivo. Ahí advierten sobre la protección constitucional y convencional que gozan los pueblos indígenas.

¨Es imprescindible hacer llegar estas manifestaciones frente a un proyecto de ley que en caso de ser aprobado, vulneraría con carácter manifiesto el derecho a la consulta y participación indígenas. El avance del proyecto generará indefectiblemente una inmediata y extensa judicialización del conflicto. El diálogo y la deliberación son siempre los caminos para encontrar el correcto balance entre democracia y límites constitucionales.¨

Al Señor
Presidente de la Legislatura
Don Ricardo Sastre
S________/_______D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a raíz del Proyecto de Ley General N° 128/2020 presentado por el Poder Ejecutivo, denominado “Bases para la ampliación sustentable de la matriz productiva de la Provincia del Chubut”. El mismo tomó estado parlamentario en la Sesión Ordinaria del día 24 de Noviembre de 2020 siendo girado a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde se encuentra actualmente.

En ocasión de ello, el día 08 de Diciembre del corriente año, integrantes de este Ministerio Público de la Defensa fueron convocados por las autoridades de varias comunidades indígenas que habitan en la meseta centro norte de la provincia del Chubut.

En territorio ancestral cercano a la localidad de Gan Gan, se participó de un encuentro junto a las máximas autoridades de la Comunidad Mapuche Tehuelche Los Pinos; Comunidad Mapuche Tehuelche Mallin De Los Cual; Comunidad Mapuche Tehuelche Chacay Oeste y Laguna Fria; Comunidad Mapuche Tehuelche Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio; Comunidad Mapuche Tehuelche de Taquetren y Comunidad Mapuche Tehuelche Lof Lefimi.

Las comunidades son históricamente asistidas por la Defensa Pública en el marco de nuestras competencias y conforme a la actividad funcional de este Ministerio contenidas en las previsiones de los Arts. 1, 9.1, 9.3 y 20 de la Ley Orgánica.

El proyecto de ley 128/2020 de la Legislatura de Chubut.

Su impacto en el territorio donde están situadas las comunidades El proyecto de Ley N° 128 tiene tres partes: a) una Exposición de Motivos, b) el texto de la Ley Proyectada y c) un anexo (Zonificación para la Actividad Minera), suscripto por el Ministro de Hidrocarburos, Martin Cerda.

En el texto legal proyectado se estipula la regulación de la actividad productiva provincial, con una propuesta que establece una excepción al art. 1 de la Ley XVII N° 68 (antes 5.001) y la reglamentación de los artículos 2° inc. b) y artículo 3° de la misma Ley, que denomina zonificación minera determinada exclusivamente para los Departamentos de Telsen y Gastre. (art. 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley).

Como es sabido, se distinguen para ambos Departamentos tres (3) escenarios o supuestos a saber:

I) Zonas de restricción para la actividad minera metalífera (Zonas 1 y 2), se refiere fundamentalmente a los cursos de agua permanentes existentes en lo Departamentos (Arroyo Telsen y Río Chubut) y los asentamientos urbanos; y la zona colindante o de protección de Ríos o cauces permanentes, en una extensión de cinco 5 kilómetros del margen de cada uno de ellos;

II) Zona donde podría habilitarse la actividad minera metalífera, siguiendo restricciones específicas (Zona 3). Se refieren a las zonas de
protección de los cauces de ríos y arroyos permanentes delimitados por las cuencas hídricas de estos.

III) Por último aquellas Áreas habilitadas para la actividad minera metalífera, bajo la normativa ambiental aplicable (Zona 4).

En la meseta centro – norte de Chubut, departamento de Gastre y Telsen, se encuentran asentadas al menos 8 (ocho) comunidades indígenas pertenecientes al mismo Pueblo reconocidas por el estado Nacional y Provincial siendo sus integrantes pobladores originarios de los territorios emplazados en la zona.

La ocupación tradicional de sus tierras, ejercida al menos desde el siglo XIX por sus ancestros (según los registros oficiales) y continuada pacífica y tradicionalmente por los actuales miembros de las mismas, ha sido relevada y reconocida por el Estado Nacional y Provincial en el marco del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto en el Art. 3 de la Ley Nacional N° 26.160.

Asimismo, el reconocimiento de dicha existencia como Comunidad perteneciente al Pueblo Mapuche Tehuelche por parte del Estado
Provincial se encuentra acreditada ante el Registro de Comunidades Indígenas dispuesto mediante LEY I – Nº 171 (Antes Ley 4013), en el ámbito de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut. Se advierte con facilidad del proyecto citado que los territorios de las comunidades referenciadas se verán afectados por la modificación normativa que se pretende en el proyecto de ley aludido.

 

La deficiente regulación del derecho de consulta en el proyecto. Intimaciones respecto a la falta de participación de las comunidades.

En lo que respecta al resguardo y garantía de los derechos constitucionales de las Comunidades Indígenas cuyo territorio comunitario se
ubica en los departamentos Telsen y Gastre, los tres instrumentos que integran el Proyecto de Ley 128/20 realizan menciones erráticas, inconexas y por tanto meramente declamativas referentes al Derecho de consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas.

En ninguna de las etapas o instancias de tratamiento del proyecto de ley 128/20 se dio cumplimiento al derecho a la consulta previa indígena, mas allá de algunas referencias en el texto de la iniciativa legislativa.

En este sentido, las comunidades Mapuche Tehuelches referenciadas dirigieron nota a la Presidencia de la Legislatura y a la Comisión interviniente, requiriendo que se abstenga de efectuar el tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley N° 128/2020, y/o cualquier otro proyecto referido a la actividad minera en la provincia del Chubut, hasta que se haga efectiva la Consulta y Participación a las Comunidades MapucheTehuelches presentantes y de las demás que se encuentran emplazadas principalmente en la meseta centro- norte de la provincia del Chubut, departamento de Gastre y Telsen debiendo procurarse, para posibilitar el tratamiento del mismo, contar con su Consentimiento Libre, Previo e Informado.

María Magdalena Odarda, Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha presentado en forma reciente, con fecha 14 de diciembre del corriente año, Nota N NO-2020-86794129-APN-INAI, ante esa misma Legislatura provincial, manifestando haber recepcionado el reclamo de las Comunidades Indígenas perteneciente al Pueblo MapucheTehuelche del Departamentos Telsen y Gastre por la ausencia del derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada en relación al citado proyecto legislativo.

Odarda indicó en la nota de mención que la participación y la consulta previa libre e informada son “un derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades”.

El derecho de consulta de las comunidades indígenas

El Estado provincial se comprometió a cumplir con los derechos reconocidos a las Comunidades Mapuche – Tehuelche, cuyo territorio
comunitario se encuentra en la denominada meseta central de Chubut integrada por los departamentos Telsen y Gastre.

Me refiero a los derechos a nuestra identidad, igualdad (entendida como no sometimiento), a la propiedad comunitaria sobres sus territorios, a los bienes y fuerzas naturales y al derecho a la consulta previa, libre e informada; todo ello de acuerdo con los art. 34 de la Constitución Provincial, art. 75 inc. 17, 22 y 23 de la Constitución Nacional, 6 , 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, art. 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Art. XVIII de la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional representó un cambio drástico al “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten” entre otros derechos explícitos, que han sido reiteradamente aplicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las dos últimas décadas.

Estándares del derecho a la consulta indígena en instrumentos internacionales.

El derecho a la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo y cuándo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

A su vez, el artículo 7 del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Asimismo, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establece en el Artículo 18 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.

Y en el Artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

La Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2016) DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS refiere este derecho de un modo similar en el Artículo XXIII bajo el título: “Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas”.

Este estándar de los instrumentos internacionales se conjuga con numerosas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales la más saliente en punto al derecho a la consulta y la participación indígena están desarrollados en la sentencia dictada en el caso: “Pueblo Indígena KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR” del 27 de junio de 2012, en que la Corte dijo: “Es deber del Estado –y no de los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas”.

En dicho fallo la Corte expresamente sostuvo “…a) La consulta debe ser realizada con carácter previo: En lo que se refiere al momento en que debe efectuarse la consulta, el artículo 15.2 del Convenio Nº 169 de la OIT señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Sobre el particular, este Tribunal ha observado que se debe consultar, de conformidad con las propias tradiciones del pueblo indígena, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. Lo anterior puede incluir medidas legislativas y, en este supuesto, los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa.” (el subrayado me pertenece).

Nuestro país ha tenido que responder internacionalmente por la violación a este derecho, a partir del caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. – ARGENTINA – sentencia del día 6 de febrero de 2020- en el que se reiteran los estándares aplicados en “Sarayaku”.

Epílogo

No desconozco la importancia del funcionamiento pleno de los poderes del Estado, ni pretendo de modo alguno obstaculizar el desempeño de los cargos electivos a los que han accedido quienes integran la Legislatura por el voto popular.

Pero en este caso en particular y dada la protección constitucional y convencional que gozan los pueblos indígenas, es imprescindible hacer llegar estas manifestaciones frente a un proyecto de ley que en caso de ser aprobado, vulneraría con carácter manifiesto el derecho a la consulta y participación indígenas.

El avance del proyecto, por los fundamentos expuestos a lo largo de la presente, generará indefectiblemente una inmediata y extensa judicialización del conflicto. El diálogo y la deliberación son siempre los caminos para encontrar el correcto balance entre democracia y límites constitucionales.

En este sentido el Sr. Gobernador en el día de la fecha realizó manifestaciones públicas por medio de las cuales solicita la participación de todos los sectores y actores involucrados.

En la conferencia de prensa brindada en el día de la fecha textualmente manifestó “El proyecto de Desarrollo Productivo va a continuar en la Legislatura para que se dé el debate que se tiene que dar, con la participación ciudadana, los órganos de control, y con todos los que sea necesario.”

Dichas declaraciones no hacen más que dar mayores argumentos a las comunidades de la meseta que mediante la Nota de fecha 27 de noviembre de 2020 y que tomara estado parlamentario y ya se encuentra radicada ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicitaron se cumpla con la exigencia legal de la consulta previa, libre e informada como parte del proceso de producción legislativa que lleva adelante dicha Honorable Legislatura.

Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración.