El pasado martes 12 de mayo ingresó directamente a la Presidencia de la Legislatura una nota firmada por referentes de la lucha por los derechos humanos y de género, en la que se solicita la realización de un juicio político para destituir al ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Miguel Donnet, por haber realizado comentarios misóginos y discriminatorios contra la dirigente social Milagro Sala a través de la red social Facebook.
Donnet se encuentra de licencia desde hace más de 6 meses, luego de que en noviembre los médicos laborales de la justicia indicaron reposo para el abogado comodorense, en una situación en la que no ha trascendido un diagnóstico oficial, pero que está vinculada a su salud mental. Donnet -propuesto por el ex gobernador Mario Das Neves en 2016- ya cumplió los requisitos para acceder a su jubilación, y si bien más de una vez comentó a los empleados de la corte chubutense su intención de dejar su lugar, nunca presentó su renuncia al gobernador Mariano Arcioni, por lo que sigue en posesión del cargo, que es subrogado por los otros dos ministros, Mario Vivas y Alejandro Panizzi.
El pedido que ingresó a la Legislatura pide su remoción por desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones, de acuerdo al planteo que lleva las firmas de Celia Debono (Coordinadora Cladem Argentina), María Luisa Gómez (Coordinadora Cátedra Libre UNPSJB), y la reconocida abogada en materia de género, Alejandra Tolosa.
Según detalla en la presentación, «la causal tiene su fundamento en el incumplimiento por parte del ministro con las obligaciones que el Estado Argentino tiene con la comunidad internacional en relación a los derechos humanos, en especial derecho a la no discriminación por motivos de género», y el hecho puntual cuestionado es la publicación de una noticia sobre la prisión domicliaria otorgada a Milagro Sala que fue subida en el perfil público de Facebook de Coca Echeverria, donde figura un comentario de Donnet en el que afirma «está bien, no hay que discriminar, las negras chorras también son mujeres».
Recuerdan las denunciantes que ya en otras oportunidades el ministro Donnet se expresó de forma misógina y discriminatoria (en alusión a las declaraciones del día de su asunción cuando se refirió a las habilidades como madres y amas de casa), y señalan que «consideramos gravísimo que un vocal de la más alta magistratura de la provincia se exprese de manera discriminatoria e incompatible con el derecho internacional de derechos humanos, que el ministro o bien desconoce ampliamente o lo que sería también muy grave, se burla de los derechos constitucionales de las personas».
En ese sentido, le endilgan desconocimiento inexcusable del derecho «por desconocer la normativa internacional, algo muy grave tratándose de un magistrado que tiene el requisito de idoneidad de las normas». Y manifiestan que sus expresiones «son discriminatorias por razones étnico-raciales, y por razones de género», en virtud de «la condición de mujer indígena de Milagro Sala», al tiempo que aseguran que «la idea de generalizar a todas las personas pertenecientes a una misma etnia bajo caracterizaciones generalizantes y ligadas al delito, afecta el reconocimiento a la no discriminación».
Agregan las autoras de la nota que «es inadmisible» que una persona en el cargo de juez, donde es especialmente relevante la garantía de imparcialidad y el principio de igualdad, se manifieste sobre una persona como «negra chorra», al tiempo que «atenta contra el principio de imparcialidad y de igualdad en relación a los debidos procesos».
En la parte final de la presentación que consta de 32 fojas, se adjuntan copias de las publicaciones aludidas, y se pide que, en el caso de que Donnet las llegara a negar, se haga un peritaje informático de origen, autenticidad y contenido del comentario.
La nota ingresó a la Cámara inmediatamente después de la última sesión, en la que el tema fue abordado en la Hora de Preferencia por la diputada del PJ, Mónica Saso, quien pidió a Donnet que se retracte de sus expresiones. Ahora el trámite debe tomar estado parlamentario para ser girado luego a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se deberán evaluar los requisitos formales para ver si es admitida, y luego ser derivada para su análisis a la Sala de Acusar.