El reclamo, que a través de este medio realizaron usuarios del barrio 22 de Agosto «Plan Techo Digno», es devenido del recibo a mediados de la semana pasada de la primera factura de las casas por un monto de casi 30.000 pesos, así como también la elección del sistema de amortización de deuda por el organismo.
Desde la Defensoría se presentó el pasado viernes un escrito en la delegación Trelew del IPVyDU, y se envió copia vía mail a las oficinas centrales ubicadas en Rawson, por el cual se le solicita al organismo provincial que reconsidere las medidas adoptadas. El argumento se funda, principalmente, en la situación que atraviesa el país bajo aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19, sumado a la crisis económica y social en nuestra provincia, y en ese sentido como una de sus consecuencias el atraso en el pago de haberes por parte del Estado Provincial que genera una interrupción en la cadena de pagos y consumos.
Al respecto hay que mencionar también que la recomendación que se hace desde la Defensoría, es en concordancia con las medidas interpuestas por el gobierno nacional que dictó dos DNU para paliar esta difícil situación que se atraviesa.
El primero refiere a la suspensión de aumentos de telefonía, internet, tv por cable, como así también de servicios públicos en general; y el segundo tiene como fin congelar el valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda únicas.
Otro de los argumentos que se esgrimen en el escrito, tiene que ver con la realidad que viven muchas personas en Trelew. Es por ello que se cita al informe que se conoció días atrás que ubica a la zona del Valle como el segundo conglomerado con mayor tasa de desempleo en el país, detrás de Mar del Plata.
Cuatro días para pagar
El reclamo se genera a partir de que el pasado martes 16 recibieron una notificación por parte del IPV en la que se anunciaba el inicio del cobro de las cuotas y el cambio en el sistema de amortización de deudas de las viviendas que recibieron en 2016, debiendo elegir entre el sistema de amortización tipo Francés o UVI. Todo esto debía ser resuelto en forma inmediata, ya que el plazo que ofrecía el IPV era de cuatro días.
Desde la Defensoría Pública se planteó a su vez que, en los tiempos que corren y en tan sólo cuatro días, es imposible que las personas interesadas puedan escoger qué sistema elegir.
Para una elección libre e informada es preciso realizar las consultas pertinentes a profesionales que trabajen en la materia, lo cual se ve imposibilitado, principalmente, por la situación en que se encuentra la ciudad, declarada en Fase 2 por la pandemia.