Este jueves se realizó de manera virtual, la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en la cual se trató y fue aprobado el “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria” en el contexto sanitario actual.
El documento había sido tratado la semana anterior entre las jurisdicciones y el Ministerio de Salud, y finalmente fue aprobado.
De la Asamblea del CFE participó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y los ministros de las 24 jurisdicciones.
En el documento aprobado se fijaron los lineamientos obligatorios y recomendaciones generales que permitirán a cada Provincia y la Capital Federal elaborar sus propios planes progresivos, acorde a sus particularidades para el retorno a los establecimientos cuando la situación epidemiológica lo permita.
El protocolo marco y los lineamientos federales establecen así las pautas de trabajo para las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica.
De acuerdo a los lineamientos macro, el retorno a las aulas será a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos y las características sociodemográficas de cada región; la asistencia será alternada por grupos de alumnos para garantizar el distanciamiento social, alternando las actividades entre los establecimientos y el hogar bajo un modelo “bimodal”.
Sobre este punto, se acordó “mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa”.
En tanto, cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias, para lo cual las “provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación”.
El mismo deberá “contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativas y sanitarias de cada jurisdicción”.
