Luego de que en la causa “Ñoquis Calientes” se volvió a verificar un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el procurador general advirtió que dado que el gobierno no hizo caso a las recomendaciones de la justicia, va a haber consecuencias penales para los funcionarios que no controlen.
Días atrás, ADNSUR dio a conocer el decreto 73 publicado en el Boletín Oficial del último 3 de febrero, en el que se designa al personal de gabinete del ministerio de Familia, en el cual figura la niñera de la ex ministra, Cecilia Torres Otarola, y un jardinero peruano que vive en Buenos Aires. Según los investigadores, al pedir el legajo de cada una de estas personas que fueron designadas, se les entregaron carpetas casi “peladas”, sin ningún papel que acredite los requisitos para asumir como funcionarios públicos. Por esta razón, el procurador general, Jorge Miquelarena, sostuvo que desde el Ministerio Público Fiscal se va a perseguir no solamente a quienes pueden haber cometido un ilícito, sino también a los que debieron haberlos controlado para impedir estos errores, y sin embargo miraron para otro lado.
En diálogo con esta agencia de noticias, Miquelarena sostuvo que “en 2018 y a poco tiempo que empezaran las causa “Embrujo” y “Revelación”, le envié un oficio al Gobernador, con copia a la Contaduría General, para repasar la normativa respecto a las contrataciones públicas en el Estado Provincial”.
En aquella ocasión, dijo que “le hacíamos notar que veíamos con mucha preocupación cómo los organismos encargados del armado de estas contrataciones fallaban en los controles y luego, cuando las contrataciones llegan a los organismos de contralor constitucionalmente diseñados, como la Contaduría General de la provincia, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, ya vienen muy armados como para que se pueda advertir alguna irregularidad”.
Por ello, indicó que el pedido al gobierno era que “la lupa había que ponerla en las Direcciones de Administración, en la Jefatura de Compras, porque tienen responsabilidades y desde ahí se vislumbra el problema”.
Y recordó que “en aquel momento, el ministro coordinador Mamarelli los convocó a todos ellos a una reunión y les hizo saber las observaciones de la Procuración y les advirtió que debían ‘extremar el celo’ respecto de este tipo de contrataciones. Evidentemente , y a juzgar por lo que se está viendo últimamente, Mamarelli no tuvo éxito ni tampoco yo con la recomendación”.
Por esa razón, luego del nuevo caso en el área de Familia, afirmó Miquelarena que “en esta oportunidad, vamos a avanzar en las responsabilidades penales de todos aquellos que pudieron haber intervenido en este tipo de operaciones. Vamos a analizar las eventuales responsabilidades de todos aquellos que hayan tenido intervención en estos legajos que, en algunos casos, son vergonzosos”.
Por último, agregó que desde la Procuración General, “veríamos con agrado la posibilidad de contar con algún mecanismo que sirva para prevenir y evitar ‘andar corriendo’ tras el delito consumado. Precisamente para eso, le enviamos el Oficio en el 2018 para prevenir que se consume algún hecho y luego investigar un delito”.