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Hace ya un buen tiempo en Chubut, que desde el Estado no se respeta la Constitución ni las Leyes y eso es por demás grave: preocupante. Varias organizaciones de Derechos Humanos –inclusive las de proyección internacional— lo han hecho notar pero a nadie en el Gobierno ni en la Justicia pareciera preocuparle.

Es más, las denuncias que se han realizado poniendo en evidencia excesos de parte de la policía; detenciones ilegales, armado de causas y hasta torturas, están todavía en el cajón del escritorio de algún fiscal durmiendo “el sueño de los justos”. Y no avanzan.

Yolí, el protector

Todo hace presumir de que “Yolí”; el procurador General Jorge Miquelarena, implícita o explícitamente ha dado instrucciones a sus fiscales de frenarlas. Y más aún si se trata de denuncias que involucran al polémico Massoni, el ministro de Seguridad de la provincia o a alguien de las máximas autoridades de la policía: al “Tero” Gómez Ocampo, por ejemplo, a Paulino Gómez o al mismísimo jefe de la institución Miguel Gómez.

Y esto ha quedado claramente expuesto a partir de esas más de 50 presentaciones que se hicieron contra los excesos que hubo por parte de la policía de Massoni en los inicios de la cuarentena, que al día de hoy contadas con los dedos de una mano están en vías de ser investigadas por la Justicia; con solo unos pocos imputados que, incluso, es muy probable, que ni siquiera lleguen a juicio.

Todavía ningún fiscal, por ejemplo, ha pedido la apertura de una investigación contra el director de Seguridad de la plana mayor policial, Paulino Gómez, por aquel WhatsApp que se filtró en el que mandaba a detener a cualquiera que anduviera en la calle en Trelew, solo para dejarlo satisfecho a Massoni.

Por esa maniobra, Gómez se hizo tristemente conocido en todo el país y hasta con las organizaciones internacionales que defienden los Derechos Humanos. Una de ellas, Amnistía Internacional hasta mandó cartas al gobernador preguntando qué tipo de medidas se habían adoptado con Gómez, cuando Arcioni por poco no le dio un premio por haber hecho “la burrada” que hizo, digna de la época de “los milicos” en la Argentina.

“Una mafia enquistada en la policía”

Y si continuamos hablando de excesos, ilegalidades, burradas, atropellos y delitos mucho más graves cometidos por la policía de Massoni no podemos olvidar el caso de los manifestantes anti-mineros perseguidos y detenidos en la ruta 7, cuando regresaban en un auto a sus respectivos domicilios tras haber participado en Rawson de un día de protestas contra el Gobierno de Mariano Arcioni y sus intenciones de instalar la megaminería en Chubut.

Fue la tarde del 24 de noviembre de 2020 en medio de un operativo a todas luces ilegal, en el que hubo violencia y represión injustificada y que fue encabezado por un comisario de apellido Carrasco que andaba de civil y sin la placa que lo identificara como policía.

Hasta la actualidad nadie sabe en qué quedaron las denuncias que hicieron las personas que fueron detenidas y por lo que ha trascendido todavía desde la fiscalía no se habría dispuesto nada en concreto.

En este compendio de barbaridades que a instancias de Miquelarena y sus fiscales vienen siendo cometidas desde el Estado en la provincia del Chubut, no podemos soslayar lo que le sucedió al director y propietario de Cholila Online Darío Fernández, a quien literalmente “le armaron una causa” utilizando a su ex mujer para que lo denunciara por graves delitos que después se fueron cayendo en la Justicia uno a uno, porque no pudieron probarse.

A Darío Fernández con la complicidad del fiscal Osvaldo Heiber y la anuencia del procurador “Yolí” Miquelarena lo persiguieron y detuvieron ilegalmente, a punta de pistola y delante de sus hijos de 8 y 11 años, la noche del domingo 27 de setiembre de 2020 en la ruta 25 en el trayecto entre Trelew y Gaiman.

Al otro día quedó en evidencia ante la jueza de Garantías Mirtha del Valle Moreno que ese procedimiento había sido totalmente ilegal y al cabo de la audiencia de control de detención a la que fue llevado Darío Fernández, la magistrada ordenó su inmediata libertad tras cuestionar severamente el accionar de los policías que lo llevaron adelante y del fiscal Osvaldo Heiber, al que ahora no podrán salvar del “jury” y de su eventual expulsión del Poder Judicial.

Otro policía vinculado a un narco

A Fernández lo detuvieron sin orden de un juez; “El Tero” Néstor Ángel Gómez Ocampo, que actualmente sigue siendo el subjefe de la policía provincial y Paulino Gómez, el hermano del jefe de la institución. Todavía director de Seguridad de la plana mayor.

Estos dos, quedaron en consecuencia incursos en una “privación ilegal de la libertad agravada, por la que se los ha denunciado penalmente, sumada al concurso de otros graves delitos que cometieron ese 27 de setiembre del año pasado, por los que también deberán responder penal y a su turno civilmente.

El otro que es muy probable que tenga problemas con la Justicia va a ser un tal Casalnuovo que es comisario, que confeccionó el acta de detención de Darío Fernández y que con una mentira tras otras intentó justificar el accionar de sus jefes “El Tero” Gómez Ocampo y Paulino Gómez.

Casalnuovo es otro de los predilectos de Massoni y casualmente es uno de los policías que aparece en una foto después de comer asado con el narcotraficante condenado a 9 años de prisión Omar “El Cura” Segundo.

Así las cosas, habrá que esperar que la Justicia vuelva a esta provincia pero no solo para el que robó un kiosco, o entró a una casa y se llevó el televisor; sino para los que representando al Estado viven cometiendo delitos y encima no se los puede llamar delincuentes.

 

Como fue la causa armada contra Fernández y quienes son los que estuvieron detrás.

En septiembre del año pasado TODOS los ciudadanos del CHUBUT fueron perturbados con una “increíble” noticia pero mentirosa como es costumbre de algunos medios de comunicación y del MINISTERIO DE SEGURIDAD que maneja Massoni dando órdenes ilegales a la policía, en lo que fue una causa armada contra el DIRECTOR de CHOLILA ONLINE, único medio que publica la “verdad sin vueltas” en contra de la corrupción.

Estos grupos, utilizando recursos que deberían ayudar a las verdaderas víctimas de violencia de género, ARMARON UNA CAUSA en complicidad con la ex esposa del Sr. Fernández, que no sólo fue mentirosa, sino que también, el fin era sacar del medio al medio periodístico que dirige Fernández y, como los abogados de Fernández pudieron comprobar y así está acreditado en Actas Notariales, un grupo periodístico del valle (el vinculado al bosque de marihuana), ya le había puesto a fines del año pasado su nombre a las credenciales digitales del medio CHOLILA ONLINE, también en complicidad con la ex esposa de Fernández que hasta ese momento tenia acceso a las paginas web de CHOLILAONLINE.COM.

El fiscal Osvaldo Heiber, tan inútil como corrupto y así lo van a manifestar los abogados de Fernández en la presentación que harán en su contra ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, fiscal general segundo a cargo del fiscal en jefe Fernando Rivarola el del “desahogo sexual” el caso de la manada, trató de culpar al Director de Cholila Online de un caso de violación cuando los peritos médicos forenses ya en septiembre de 2020 frente al resultado del examen ginecológico que le habían realizado a la ex esposa, la Sra. Pinilla, concluyeron que no había existido tal hecho aberrante. Frente a los otros tres delitos, quedaron descartados por la propia Sra. Pinilla en la denuncia que realizó, porque lo cierto es que, la protección a las mujeres debe darse siempre y para siempre mientras la mujer no mienta, esa es también la lucha que el género debe dar. Ni siquiera el informe psicológico de esta mujer presentado por el fiscal Osvaldo Heiber podía concluir que la misma haya sufrido un abuso sexual.

El tema no es la Sra. Pinilla y que pasa dentro de ella para accionar faltando a la verdad en contra incluso de ella misma, porque no es sin consecuencias mentir y denunciar en un hecho tan aberrante y también los abogados de Fernández van a solicitar la reparación de todos los daños que ha causado.

La causa armada es tan burda que el abogado personal del Ministro de Seguridad Federico Massoni es el abogado de la Sra. Cecilia Pinilla. Martin Castro es el nombre del pseudo abogado que se la pasó diciendo que tenían un arreglo con la procuración general para abrirle la causa a Darío Fernández de esta manera delato a Miquelarena. Dicho sea de paso Martin Castro también es socio en el estudio jurídico que poseen ambos con Rodrigo Miquelarena el sobrino de Jorge Miquelarena que quedará en la historia por ser puesto por Das Neves en la época más corrupta de la historia de la Provincia del Chubut

El tema de mayor gravedad es que se utilice el aparato estatal en contra de los ciudadanos porque al poder político de turno no le gusta en este caso quedar al desnudo cada vez que un periodista habla de corrupción. El tema de gravedad es que además, el Ministerio Publico Fiscal, en cabeza del Procurador Miquelarena – jefe TODOS LOS FISCALES – realizaron actos procesales irregulares y hasta ilegales, que se les ocurrieron a ellos y que no están previstos en el código de procedimientos, declarado así por sentencia firme. Todo ello para culpar a Fernández sin pruebas a toda costa. Se rumorea por los pasillos del Ministerio Publico Fiscal que Miquelarena esta enfurecido y que el mismo saldrá en la caza de Fernández. ¿Será?

Ahora, ¿cómo queda la situación legal de Miquelarena y la responsabilidad que él tiene de que sus fiscales no sean legales? O peor aún ¿cómo queda Miquelarena siendo el Procurador y quien debe perseguir y combatir el delito cuando es Procurador cumpliendo funciones contemporáneamente al gobierno mas corrupto que ha tenido Chubut? ¿la venia de quién tiene el gobierno de Arcioni, para ser corrupto y que sus delitos no se investiguen? No nos olvidemos que la ley orgánica del Ministerio Publuco Fiscal Ley V Nº 94 en su articulo 1 dice: “Tiene como misiones la investigación y persecución de las conductas delictivas, la defensa de la Constitución y de los intereses colectivos y difusos”. Para pensar e investigar

He aquí la punta del ovillo, pensemos juntos. Si la función del Ministerio Publico Fiscal entre tantas otras es lo que dice el articulo 1 de la Ley V Nº 94, ¿por qué Miquelarena mientras el Ministro de Seguridad y la policía violaban los derechos y garantías de los chubutenses, arrestando, deteniendo, secuestrando automotores, golpeando y disparando contra la población, sólo se dedicaba interactuar por la red social Twitter y permitió el quebrantamiento de la Constitución? Por ejemplo, permitiendo que Massoni usurpara funciones al gobernador, lo cual es un delito.

El aparato estatal

La misión mas importante del Ministerio Publico Fiscal es la defensa de la Constitución pero parece que Miquelarena no lo sabe. Las causas penales contra  el ministro Massoni, contra el Director de Seguridad Paulino Gómez, contra el Tero Gómez, el mismísimo jefe de la policía Miguel Gómez y decenas de policías mas, que en procedimientos ilegales golpearon a la gente en Chubut, se encuentran cajoneadas. ¿Adivinen en que oficina fiscal? Sí! En la de FERNANDO RIVAROLA Y OSVALDO HEIBER.

Continuando con el relato de la causa armada a Fernández, sus abogados también están investigando y pidiendo informes ya que la Sra. Pinilla en apariencias estaría siendo financiada por políticos del Valle.

Otro funcionario del Ministerio Publico Fiscal colaborando en esta falsa causa, ha sido ni mas ni menos que el candidato al Superior Tribunal del oficialismo, el fiscal DANIEL BAEZ de PUERTO MADRYN, quien se encuentra llevando una causa por supuestas amenazas al Tero Gómez quien dice temerle a Dario Fernández después de haberlo amenazado a punta de pistola junto a Paulino Gómez y perseguirlo y detenerlo de forma ilegal. El fiscal en jefe de Madryn habría sido un activo colaborador aportando otras de las inútiles pruebas en la causa contra Fernández. Entrevistas y videos realizados por policías de Esquel en el Hoyo a dos extorsionadores quienes días antes habían amenazado y extorsionado a Fernández pidiendo dinero a cambio de no presentarse a hablar en su contra. Hechos constatados en Acta Pública. ¿Cómo queda BAEZ y sus aspiraciones frente a los Ministros del Superior Tribunal si no puede siquiera controlar a los testigos verídicos? ¿Algún juez en Madryn podrá creer después de una restricción ilegitima a la libertad de Fernández, a punta de pistola y frente a sus hijos, que él mismo delincuente Tero Gomez es capaz de sentirse amenazado? Que ingenuo que es Báez en creerse semejante fiasco. Fuentes dicen que no llega ni por lejos a ocupar un cargo tan honorable y honesto como lo es el del Superior Tribunal de Justicia.

No sólo estaba Heiber en la causa contra Fernández tratando de inventar pruebas y acomodando el relato de los hechos como si él fuera victima de violación, sino que para ese circo fue necesaria la persecución ilegal y detención ilegal que hicieron el Tero Gómez Ocampo y Paulino Gómez en su automóvil particular, Massoni en croquis bien de entrecasa y los medios que bochornosamente hablaban en contra de Fernández sin preservar a los menores mientras los filmaban. Todos ellos en los próximos días serán también denunciados.

Dos veces intentaron llevar a juicio a Darío Fernández, y no pudieron, sencillamente porque no hay caso, porque la causa fue armada.

Es tal el mamarracho jurídico y la obsesión por culpar a Fernández que incluso quisieron endosar en la última audiencia un poder del abogado de MASSONI, MARTIN SEBASTIAN CASTRO (muy cercano a Miquelarena), que también se encuentra denunciado, para formar parte de la causa. La intención de hacer caer a Fernández en delitos que jamás consumó los nubla para cometer burradas, o quizá la inexperiencia en los tribunales se les nota demasiado. En palabras del Dr. Martin Sebastián Castro “nunca he visto una resolución del Superior Tribunal que impida la apertura de investigación fiscal”. Esperamos que ahora haya visto y aprendido.

Quienes son los que estuvieron detrás de la Causa Armada Contra Darío Fernández:

Jorge Aidar “el Turco” Bestene (Grupo Jornada), Walter “Toco” García Moreno  (Grupo Jornada), Héctor González (Grupo Jornada)

Jorge Miquelarena (Procurador de la Provincia del Chubut), Daniel Báez (Jefe de Fiscales de Puerto Madryn), Fiscal Osvaldo Heiber

Federico Massoni (Ministerio de Seguridad de Chubut), Miguel Gómez (Jefe de la Policía de Chubut), Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo (subjefe de la policía del Chubut)

Paulino Gómez (Director de Seguridad de la Provincia del Chubut), Federico Pérez Mariani (subsecretaria de seguridad informática e inteligencia criminal)

Martin Castro, el abogado “VIP” de Massoni y Cecilia Pinilla

Daniel Taito (Director de Azul Media), Fabrizio Cardini (Propietario de Azul Media, Diario Web Chubut Hoy, Canal 9), Silvina Cabrera (Periodista de Azul Media y Empleada de la Policía de Chubut)

Cecilia Bernarda Pinilla (Inversionista) y Mariano Arcioni (Gobernador de la Provincia de Chubut)

 

De no acusar asesinos y dejarlos libres a perseguir a todo el mundo sin pruebas.

Parecería que el fiscal Heiber no estaría pasando unos buenos días últimamente.

Entre la presión de satisfacer al poder de turno y la de ser un buen empleado de la justicia, aparecen las veces que ha sido acusado en los estrados por desconocer el derecho y violar los procedimientos. Una tras otra y contando…

El Procurador Miquelarena con la presión de tener que salir a “defender” al mal empleado que a su vez es su delfín judicial, ha intentado sanear los “errores” – por no decir la brutalidad con la que trabaja Heiber – para que el Ministerio Público Fiscal no quede manifiestamente expuesto al carente recurso intelectual con el que proceden inéticamente sus fiscales.

En la prisa por querer “quedar bien” y no precisamente con la sociedad, Heiber suele enfocarse en sospechosos pese a la existencia de factores y pruebas que señalan lo contrario. Esto, ¿no lo ve?

La obtención de satisfacer convicciones propias o ajenas quizás motivadas por el dinero evidentemente a Heiber lo tienta y no toma en cuenta la evidencia y se equivoca, todo el tiempo.

El incidente más común de la conducta inapropiada de Heiber involucra la desesperación por “quedar bien”, resistiéndose a reparar sobre cualquier prueba o información que no sostenga el caso que está llevando adelante.

Las acciones de Heiber – que las ve todo el mundo menos el Procurador de la Provincia Jorge Miquelarena- involucran un grave comportamiento profesional reprochable, representa un dolor de cabeza al sistema judicial que no puede funcionar normalmente y además, representa un gasto económico a todos los chubutenses en una provincia quebrada por mantener a un empleado que debería haber sido echado por in-útil.

Resta aclarar que encubrir empleados no probos, que no están a la altura del cargo, es CORRUPCIÓN.

Los lectores de CHOLILA ONLINE se preguntan, ¿a quién es funcional Heiber para tamaño encubrimiento de la incapacidad en la función pública?

Ampliaremos…

Según el portal digital de Radio Libre el Procurador General Jorge Miquelarena es allegado a Guillermo Corneo ya que su mano derecha está casado con la hermana del asesor de Arcioni apuntado por las coimas.

La diputada Leila Lloyd Jones presentó ante la justicia un escrito de 5 hojas luego de que se conociera el audio donde afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación megamínera.

Aportó pruebas y nombres. En su denuncia Lloyd Jones contó que el abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras. “El 20 de noviembre, el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a “bonificar” la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano. Además las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.

¿Quién es Guillermo Corneo? El abogado Guillermo Corneo -que lidera un estudio importante en Trelew y ha patrocinado a funcionarios provinciales en recientes denuncias – integra la mesa chica del Gobernador Arcioni, junto al Rafa Cambareri y Federico Massoni. En enero, anticipándose a la aprobación del proyecto, creó la empresa minera Owl Mines & Oil SA para actividades vinculadas con la minería, el petróleo y sus derivados con sede en Trelew.

Pero no sólo tiene vínculos con el poder político. También con el Poder Judicial. Su hermana, Cecilia Corneo, está casada con Marcos Fink, mano derecha y “lugarteniente” del Procurador Jorge Luis Miquelarena.

Por eso, llamó la atención el protagonismo que pretendió tener Miquelarena con las causas vinculadas a la minería. ¿Para investigar o para “cajonear? Muchos se preguntaron ¿Por qué fue el Procurador quien envió fax y pedidos de informes si su función no es investigar?
Algo huele muy mal en la Justicia.

El responsable municipal de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, junto al procurador general de la Provincia del Chubut, Dr. Jorge Miquelarena, en representación del Ministerio Público Fiscal, firmó un convenio interinstitucional para trabajar en conjunto la implementación de un Programa de Intervención para casos de violencia de género. La propuesta estará destinada a hombres que se encuentren condenados por delitos de esta índole y tendrá como principal objetivo promover recursos y hábitos de conducta adaptativos para combatir el ejercicio de la violencia contra las mujeres y la reincidencia.

En ese marco, el Jefe Comunal destacó que “Puerto Madryn fue seleccionada para ser la primera ciudad en celebrar este tipo de convenio con el Ministerio Público Fiscal. Y eso significa un claro reconocimiento al trabajo llevado a cabo desde el Ejecutivo Municipal ya que, desde el año 2012 durante la primera gestión de Ricardo como intendente, se viene trabajando en los denominados grupos de revinculación, a través de los cuales se interviene de manera integral y en articulación constante con los Juzgados de Familia, la Comisaría de la Mujer y demás organismos”.

Además, explicó que “la firma de este convenio interinstitucional tiene como principal objetivo profundizar el marco de acción conjunto y coordinado en nuestra ciudad con respecto a los programas de intervención para casos de violencia de género. En ese sentido, entendemos que contar con estas herramientas de intervención es de fundamental importancia para lograr la modificación de modos y patrones de conductas, así como también la disminución en los niveles de reincidencia y como política pública concreta en materia de prevención de la violencia de género”.

“Asimismo, para admitir a los destinatarios del programa se constituirá un dispositivo de evaluación y admisión de cada candidato. La misma estará a cargo de un equipo interdisciplinario conformado con profesionales del Poder Judicial y del Municipio. Su función será realizar la evaluación de las características de personalidad de los candidatos y la definición o no de su admisión a la propuesta, en función de dichas características. En ese marco, acordamos que la coordinación de este órgano estará a cargo del Lic. Daniel Schulman”, cerró Sastre.

Vale destacar que el programa está pensado para promover recursos y hábitos de conductas adaptativos a los usuarios, con el fin de lograr erradicar el ejercicio de la violencia contra las mujeres y la reincidencia en el delito. Está dirigido a hombres que se encuentren condenados por delitos de violencia de género o que se encuentren imputados por esta manifestación delictual. La duración es de un año, y podrá prorrogarse.

«Como funcionario públicos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública», señaló el Procurador General de Chubut.

El exabrupto del fiscal Héctor Reinaldo Iturrioz le costó el inicio de un sumario administrativo. “Iturrioz pedirá disculpas públicas pero nosotros como funcionarios públicos que somos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública. Se debe ser muy cuidado al expresarse en las redes sociales. Uno puede estar de acuerdo o no en las decisiones del Presidente, pero se debe respetar la institucionalidad”, sostuvo el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena.

En este sentido, el jefe de fiscales señaló que “Iturrioz se comunicó conmigo aduciendo que tuvo un exabrupto y que pedirá disculpas públicas aunque no obstante mañana (por hoy) se le iniciará un sumario administrativo en donde el podrá ejercer su defensa –de forma escrita- y luego se verá en qué concluye”.

“Nosotros como funcionarios públicos que somos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública y la Ley de Ética Pública fomenta no tener conductas indecorosas dentro y fuera de la función. Se debe ser muy cuidado al expresarse en las redes sociales”, dijo en comunicación con A24.

Asimismo, aclaró que “uno puede estar de acuerdo o no en las decisiones del Presidente pero se debe respetar la institucionalidad”.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “se debe respetar la investidura del Presidente de la Nación. Hay límites que se deben guardar”.

Este martes, Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente de El Hoyo, Pablo Huisman continúe en sus funciones. Esta decisión se da luego de que en una polémica sesión, el Concejo Deliberante de la localidad decidiera destituirlo.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente de El Hoyo, Pablo Huisman, continúe en sus funciones.

El dictamen publicado por el Ministerio Público Fiscal expresa textualmente que “debe decirse que la suspensión de un intendente de sus funciones es un acto institucional de suma gravedad, dado que interfiere de manera directa con la decisión popular y el juego democrático”.

Asimismo, señala que “no puede un intendente ser puesto en suspenso sobre la base de argumentos pueriles, que no se verifican en hechos objetivos. Los hechos deben existir objetivamente y contar con entidad suficiente para justificar una decisión de tamaña gravedad”.

Respecto del caso que denuncia a Huisman, “no parece que ello haya ocurrido. Todo lo contrario”, se indica en el texto. Mientras que sobre lo actuado por el Concejo Deliberante de El Hoyo en las sesiones especiales que se traen a este proceso, según y conforme se denuncia y documenta “se encontraría muy alejado de los estándares democráticos constitucionales”.

Es por ello, que Miquelarena afirmó que “voy a propiciar favorablemente que se declare admisible el presente trámite como conflicto de poderes, dictaminando que corresponde por Ley disponer la suspensión de los efectos de los actos cuestionados. Dado que la declaración de admisibilidad que propicio conlleva la suspensión de la ejecución de los actos atacados (artículo 124 de la Ley XVI Número 46)”.

Ello implica que la suspensión del intendente de El Hoyo, señor Rolando Pablo Huisman resuelta por el Concejo Deliberante, no puede tener lugar. “Si ésta se hubiera efectivizado, habrá de cesar, ordenándose que sea inmediatamente repuesto en el ejercicio pleno de sus competencias, como titular del Departamento Ejecutivo mientras dure el presente proceso y hasta el dictado de la sentencia”.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, dictaminó que hay “conflicto de poderes” en la localidad de El Hoyo, por lo que sugiere que la suspensión del Intendente Rolando “´Pol” Huisman debe “cesar”.

Aun resta que los ministros de Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas y Javier Panizzi realicen su dictamen pero acompañarían la decisión del Procurador.

El intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, formalizó ayer la presentación de un recurso de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, para intentar dejar sin efecto la suspensión en el cargo que dispuso el Concejo Deliberante local, señaló El Comodorense.

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, trató el asunto de la nueva causa de corrupción contra la ex Ministra Cecilia Torres Otarola.

Miquelarena se enfocó en el modus operandis y en lo burdo de las maniobras de la nueva causa de corrupción de Chubutque se denomina «Ñoquis Calientes».

Y explicó que «la corrupción es la historia de la humanidad. Por eso es lógico que estas cosas sigan sucediendo. Cuando decíamos que no se iban a repetir, nos equivocamos. Pero pensar que no iba a volver a suceder es ridículo».

Para el Procurador General «el modus operandi y las maniobras burdas están ligadas a un sentimiento de impunidad» y extendió que «llama la atención que ese sentimiento de impunidad en algunos casos siga tan marcado».

Miquelarena resaltó que «algunas maniobras delictivas se van perfeccionando, en este caso no fue así y nos aliviana el trabajo».

Falla en los estamentos intermedios 

Miquelarena manifestó que en el 2018 le marcó al Gobernador Mariano Arcioni que la falla está en los controles de los estamentos intermedios.

«Evidentemente están fallando controles en los estamentos intermedios (oficina de compras, director de administración, jefes de departamentos, etc.) donde nace el expediente y se empieza a gestar éste tipo de cuestiones», describió.

Causa contundente 

El Procurador General manifestó la contundencia de la causa Ñoquis Calientes y sostuvo «la fiscalía conforma una teoría del caso, que siempre tiene fortalezas y debilidades. Ahora lo que se hace es decirle a las personas involucradas frente a un juez, que van a ser investigadas por determinado delito».

Y dijo que en poco más de 1 mes de investigación preliminar, el equipo del Doctor Rodríguez ha juntado una cantidad de evidencias muy importante (cuentas bancarias, llamadas, etc.).

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena expresó que llevarán a cabo una investigación en relación a las declaraciones del presidente de Lotería sobre empleados que fichan y no cumplen sus funciones.

Tras la fuerte acusación del titular de Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, sobre trabajadores dela entidad que “fichan y se van a atender sus negocios”, el procurador General de la Provincia del Chubut, Jorge Miquelarena aseguró que la situación será investigada por la justicia –según publica Diario Jornada-.

“Ayer vi las declaraciones en el diario Jornada, conversé la situación con el Dr. Rodríguez y éste tema se va a investigar. Lo que debe saber el señor Aguirre y todos los funcionarios públicos que de acuerdo a sus funciones y de sus cargos advierten algún ilícito que es denunciable, lo que tienen que hacer es denunciarlo y si no lo hicieran podrían estar incumpliendo con sus deberes”, apuntó Miquelarena.

Sobre las declaraciones de Aguirre, expuso: “No se puede decir que hay personas que vienen, fichan y se mandan a mudar y después se van a hacer tareas particulares”.