El Poder Ejecutivo nacional oficializó una serie de ajustes en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el propósito de flexibilizar exigencias operativas y ampliar el alcance del programa.
A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se redefinieron criterios fundamentales que impactan de lleno en la contratación de proveedores locales, los plazos de desembolso, las reorganizaciones societarias y la liquidación de divisas.
Nuevos requisitos para calificar como proveedor local
Uno de los puntos centrales de la reforma establece un parámetro inédito para determinar qué compañías revisten el carácter de proveedor local. A partir de ahora, en el caso de las personas jurídicas, dicha condición se definirá exclusivamente por su constitución y domicilio legal en la República Argentina, dejando de lado la nacionalidad, la residencia de sus accionistas o el origen de su capital social.
Bajo este esquema, una firma de capitales extranjeros que cuente con radicación en el país podrá ser considerada proveedor local, una medida pensada para agilizar la integración de empresas asentadas en territorio nacional. No obstante, el decreto sostiene la obligación de que los bienes suministrados respeten las reglas de origen nacional del MERCOSUR.
Plazos de inversión y reglas para fusiones o cesión de acciones
En lo referente a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la normativa reemplaza el inciso i) del artículo 47 para instaurar una fecha límite única destinada a completar el monto mínimo de inversión global en activos computables. De esta forma, se separa formalmente el cumplimiento de la meta general respecto de los compromisos parciales fijados para cada etapa individual, eliminando superposiciones entre los cronogramas parciales y el objetivo total.
Asimismo, el decreto ordena los pasos legales frente a modificaciones estructurales dentro de los Vehículos de Proyecto Único (VPU):
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Compra de participaciones: La adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no modifica los beneficios adquiridos bajo el régimen, aunque ese desembolso no podrá computarse como inversión en activos para alcanzar los pisos mínimos exigidos.
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Cesión e ingreso de socios: Se autoriza la transferencia de participaciones o la incorporación de nuevos integrantes. Estas operaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción, tras lo cual el organismo dispondrá de 30 días corridos para presentar eventuales objeciones.
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Reorganización empresarial: Se habilita de manera expresa el traspaso integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), conservando la fecha de adhesión inicial y todos los derechos vigentes sin que ello implique tramitar una nueva incorporación al RIGI.
Flexibilización del BCRA para el ingreso y cómputo de divisas
La actualización reglamentaria también introduce adecuaciones en las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vinculadas al acceso al mercado cambiario. Con el nuevo texto, podrán computarse como divisas liquidadas no solamente aquellas ingresadas de manera directa por el VPU, sino también los fondos derivados de aportes de sujetos no residentes o préstamos externos que hayan sido liquidados por accionistas o socios.
Para que estas operaciones sean validadas, el decreto exige como condición indispensable que los recursos se apliquen de modo efectivo al Proyecto Único y estén respaldados por registros contables que aseguren su completa trazabilidad. Con estas modificaciones, el Gobierno busca otorgar mayor previsibilidad jurídica y operativa a los sectores estratégicos que proyectan desembolsos de gran escala en el país.
