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Si bien no se conoce el número exacto, se sabe que el Estado provincial cuenta con unos 55.000 empleados públicos. Dependiendo de la fuente que se consulte, el número varia en algunos miles para abajo o para arriba, pero se está cerca de esa cifra que, a todas luces, suena impactante, más aún si se tiene en cuenta que Chubut es una provincia pequeña de no más de 600.000 habitantes.

La sobrepoblación de personal está al descubierto en todos los organismos públicos, cualquier vecino que haya tenido que hacer un trámite en un Ministerio seguramente se topó con oficinas repletas de personal donde hay más empleados que escritorios (ni hablar de computadoras) y un montón de gente que camina por los pasillos sin hacer una actividad concreta.

En este contexto de sobreabundancia de mano de obra disponible suena obsceno, irrespetuoso y hasta insultante con quienes son empleados del Estado y quieren trabajar y progresar, que el gobierno contrate gente de afuera para que realice tareas de confección de actos administrativos y análisis de documentos.

Sí, leyó bien, la Dirección General de Rentas contrató a personas externas a la administración pública provincial para que realicen “tareas tales como confección de actos administrativos, intimaciones y determinaciones impositivas a contribuyentes, análisis de documentación del impuesto inmobiliario rural y tasas retributivas de Servicios”. Y no contrató a una sino a 6 personas, a las que se les abonará un total de 450.000 por el tiempo que dure el trabajo.

¿No hay personas capaces de realizar esas tareas entre los 55.000 empleados públicos que tiene la provincia? Sin ánimo de menospreciar la labor, la Dirección de Rentan no salió a buscar un físico cuántico porque no cuanta con personal calificado para realizar tareas muy específicas, sino que tomó gente para realizar tareas administrativas, posiblemente el rubro más populoso dentro de la administración pública.

Los ministerios están colmados de gente capacitada para hacer estas tareas y seguramente les encantaría hacerlo en Rentas donde el personal percibe salarios muy por encima del resto de las reparticiones del Estado.

El colegio fue noticia luego de que sus estudiantes padecieran una intoxicación por monóxido de carbono. «El informe sobre la Escuela 7719 indicó que hubo una mala instalación del sistema de salida de gases de la caldera por parte de la empresa. Se trabajó en el exterior del edificio por eso se siguió dictando clases» dijo el ministro Aguilera.

Esta mañana habló con FM EL CHUBUT el ministro de Infraestructura de Chubut Gustavo Aguilera sobre el caso de la Escuela 7719 de El Maitén en donde más de 50 alumnos sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono.

«El informe sobre la Escuela 7719 indicó que hubo una mala instalación del sistema de salida de gases de la caldera por parte de la empresa. Se trabajó en el exterior del edificio por eso se siguió dictando clases. En 40 días el establecimiento educativo estará listo para funcionar», informó Aguilera.

Sobre la contratación de la empresa el funcionario expresó que «El Estado contrata en forma directa por la urgencia. De lo contrario el proceso lleva cuatro meses. Hay que tener en cuenta el mejor precio y los antecedentes de la empresa. Juan Cotet ha sido contratado en cuatro o cinco obras aparte de la Escuela 7719 y no hubo problemas».

«Educación siempre hizo obras en las escuelas. Me voy a reunir con José Grazzini después de que asuma. Vamos a definir cómo vamos a trabajar. Es muy posible -de acuerdo a lo que hablamos-, que las obras que tenía Educación las termine Infraestructura», ultimó con FM ELCHUBUT.

Docentes se plegaron ayer al paro por 24 horas convocado a nivel provincial desde ATECh para repudiar lo sucedido en la escuela de El Maitén y reclamar por la falta de obras en instituciones educativas de todo Chubut y la falta de clases, en medio además del reclamo salarial existente, indicó Stoyanoff.

El día de ayer ATECh realizó un paro por 24 horas para repudiar lo ocurrido en la Escuela Nº 7719 de El Maitén donde estudiantes y docentes resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono pero además para denunciar la situación edilicia que padecen diversas instituciones en la actualidad.

En este sentido, en el caso de la Regional Sur, concentraron en la Escuela Especial Nº 514 que se encuentra sin clases por falta de calefacción.

“El paro nos une en toda la provincia porque se reclaman las condiciones edilicias, las inversiones necesarias en infraestructura y los arreglos, venimos denunciando esto como imprescindible hace muchos años y este 2022 se ha agudizado” expresó a Crónica, Magalí Stoyanoff, referente de la Regional Sur de ATECh y continuó “es emergente lo que sucedió en la escuela de El Maitén donde más de setenta personas debieron ser atendidas por diverso grado de intoxicación, por arreglos mal hechos y de los que nadie se hace responsable, nosotros sabemos quiénes son los responsables y son Arcioni y Perata, quienes deben garantizar una política pública y el seguimiento y contralor de las obras, que no salgan en búsqueda de chivos expiatorios”.

De esta forma, apuntó “lo que pasó en El Maitén pudo haber pasado en cualquier escuela de la provincia y en particular en esta ciudad donde tenemos decenas de escuelas que suspenden sus actividades por problemas de calefacción, porque no funcionan las calderas, no son arregladas, los repuestos no llegan, y esto obedece a la desinversión sistemática de los últimos años” y remarcó “hay escuelas que no suspenden clases pero hay alternancia de grados, es decir que los 190 días de clases que el gobierno prometió no se garantizan, porque de los cinco días de la semana concurren tres o dos. Tenemos que unirnos con la comunidad y sumar a las familias porque es el Estado y el gobierno quien debe dar respuestas”.

Años de abandono

Respecto a la Escuela Nº 514 comentó que “hace años denuncia el abandono de las instalaciones, la falta de inversiones necesarias, tienen un problema concreto de calderas y no se arregla. El año pasado luego de la vuelta a la presencialidad casi no tuvieron actividad, se hicieron acciones públicas denunciando lo que pasaba pero las respuestas no llegan” y mencionó “acompañamos a las docentes que son obligadas a cumplir horario en una escuela vacía y helada”.
Bajo este contexto, manifestó que es preocupante la situación que están viviendo escuelas como la 514 y 521 que son escuelas especiales porque además de la cuestión edilicia, tienen cargos vacantes que no son cubiertos, problemáticas con el transporte escolar y otros, “a la situación de vulnerabilidad general de sus derechos se suma esto” cuestionó.

Insuficiente

Respecto a la propuesta salarial presentada el viernes por el gobierno provincial, Stoyanoff detalló que “la propuesta que presentaron como novedosa y superadora habla de la misma masa salarial distribuida de otra forma, al no ser una suma en blanco, no ingresa al básico, entonces no incide en otros ítems, siendo menor el dinero en sí y sigue dejándonos por debajo de la línea de pobreza a los docentes” y agregó “un docente con cinco o diez años de antigüedad cobra 78 a 80 mil pesos, la canasta básica supera los 104 mil pesos, entonces es insuficiente porque no llegamos a fin de mes. Necesitamos una recomposición urgente, seria y digna”.

En cuanto a la continuidad de las medidas de fuerza, señaló “nos reunimos el jueves en asambleas unificadas y la semana que viene con alguna acción de nuevo en las calles y en discusión vamos a ver qué va a suceder tras el receso invernal. Todos deseamos que haya respuestas que nos permitan hacer lo que queremos que es encontrarnos en las aulas pero el gobierno es responsable. La pérdida de días de clases no obedece a medidas de fuerza, no suman más de 11 días de paro y hay escuelas que en un cuatrimestre perdieron de 28 a 30 días de clases por problemas edilicios”.

El ex gerente de La Hoya criticó a la actual empresa concesionaria del Centro de Esquí y el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial. También habló del pase para residentes y dijo que es «vergonzoso» que todavía no esté.

El esquiador y ex gerente del Centro de Esquí La Hoya, Diego Alonso, criticó a la empresa concesionaria y al estado provincial, a través de la Unidad Ejecutora que es el ente encargado de regular el accionar de la empresa.

En contacto con Notas de Radio por FM SOL, informó que «hay un malestar porque se pretende instalar que Corfo trabajó mal» y aseguró «eso no es cierto, teníamos cuestiones por delante para resolver pero no se puede discutir que se brindaba un buen servicio, con gente experimentada en la materia».

Al ser consultado si era necesaria la concesión del Centro de Esquí, indicó que si bien «el estado está en una situación deplorable» y se iba a complicar seguir de esa manera, es cuestionable la manera en cómo se concesionó, «a las apuradas, a último momento» dijo.

Aclaró que en ese momento el cerro estaba funcionando bien y se presentaba como un recurso para ayudar a la situación económica de la provincia. «Se venía por un buen camino y no había necesidad de salir a tontas y locas a concesionarlo al primero que pase por delante», señaló y agregó que esa temporada se podría haber hecho con Corfo.

En cuanto a las inversiones que debía realizar el nuevo concesionario de La Hoya, dijo que las hizo en cuatro meses pero nadie verificó que los valores que presentaron sean reales, a pesar de que habrían sido corroborados por la Unidad Ejecutora Provincial (ente que suplió a Corfo).

«Me da bronca lo que han hecho sin necesidad porque el cerro venía funcionando bastante bien» dijo y comentó que la actual empresa llevó cinco veedores que revisaron los medios y la infraestructura y firmaron que recibieron todo «en acuerdo con eso y el canon».

En ese sentido, indicó que la empresa concesionaria «intenta hacer ver que estaba todo mal como una estrategia para reclamar al estado y engañarlo».

Pase diferencial y compensación en el canon

Respecto al proyecto presentado en la Legislatura que pretende establecer una tarifa diferencial en el pase para residentes y que la empresa acepta a cambio de una compensación en el canon, señaló que «deben exigirle que ponga el pase para residentes» porque ya estaba establecido. Explicó que «es una estrategia -de la empresa- para que le bajen el canon de cinco mil pases a mil».

«Es un mamarracho y tiene que actuar el poder concedente» indicó y detalló que en el contrato está establecido que el responsable de fijar las tarifas para los usuarios es el concesionario pero todo lo que haga debe ser aprobado por la Unidad Ejecutora.

«Los residentes son los primeros usuarios del centro de esquí a los cuáles se los está dejando de lado y es vergonzoso que no tengan ya una tarifa que es la primera que históricamente se sacó», mencionó.

A pocos días del primer foco, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, llegó a la zona para evaluar la situación de los damnificados (https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-recorre-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-forestales-en-chubut ). Con el apoyo de Nación, se desplegó un operativo que incluyó autobombas, pickups, combis, aviones y más de 100 brigadistas.

A través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ejecutivo nacional firmó un convenio con Lago Puelo, por el que le desembolsó $274 millones, de cuyo total $237 millones debían ser destinados a la construcción de 250 viviendas de emergencia (llamados popularmente «módulos») y otros $36 millones para la adquisición de materiales con el objetivo de mejorar 91 unidades afectadas, dinero que fue girado directamente al Municipio que conduce Augusto Sánchez.

Asimismo, la cartera de Obras Públicas destinó $170 millones para el desarrollo de obras de infraestructura y para la provisión de agua y energía. El Ejecutivo también otorgó $200 millones en Aportes del Tesoro Nacional. Esta última partida fue girada al gobierno provincial de Chubut, que tuvo la responsabilidad del reparto.

Uno de los proyectos centrales fue la construcción de 250 módulos habitacionales de emergencia que brindarían techo y servicios a los vecinos en tanto pudieran reconstruir sus viviendas (https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3179-D-2021.pdf), reactivar la producción y conseguir un lugar fijo para habitar, volviendo a la situación previa al incendio.

El Municipio de Lago Puelo recibió una suma abultada resultó insuficiente y fue mal gestionada. Hasta la fecha no existen informes claros sobre la ejecución del presupuesto. Tampoco hay informes oficiales sobre la cantidad de vecinas y vecinos beneficiados con las ayudas ni la cantidad de módulos construidos, proyecto que ya tendría que estar completado en su totalidad, dada la condición de emergencia. Tampoco existió transparencia en el reparto de fondos discrecionales.

En julio de 2021 -cuatro meses después de los incendios-, concejales de Lago Puelo denunciaban que de un total de 250 módulos solo se habían entregado dos. Denunciaron también «favoritismo hacia personas cercanas a funcionarios municipales y sobreprecio en las compras de materiales que fueron adquiridos de forma directa, sin licitación de por medio».

El aumento de los temores de una invasión rusa a gran escala, que en EEUU se da por descontada, hizo que el parlamento ucraniano votara la emergencia por 30 días. Los ciudadanos podrán armarse.

El Consejo Nacional de Seguridad ucraniano aprobó la declaración de estado de emergencia en todo el territorio, excepto dos regiones del este que se encuentran en ese status desde 2014.

El proyecto de ley fue aprobado por el parlamento de Ucrania introduce controles de documentos personales y otorga al gobierno el poder de imponer un toque de queda si es necesario.

Dicta restricciones a una variedad de servicios de comunicación digital y de radio, lo que, según el gobierno, podría agravar la situación.

A los reservistas militares no se les permitirá salir del país y además se está reclutando para el ejército regular, mientras se preparan para una posible invasión.

La medida se adoptó justo cuando el país insta a los millones de ciudadanos ucranianos que residen en Rusia a abandonar el país de inmediato. Muchas de ellos tienen familia en ambos países.

El Reino Unido anunció que proporcionará un mayor apoyo militar a Ucrania, en forma de armas defensivas y ayuda no letal, y los países occidentales y sus aliados impusieron sanciones a los bancos y parlamentarios rusos, a medida que la crisis se intensificaba.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, habló con la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, para coordinar las medidas económicas que ambos países están tomando contra Rusia, comunicó el Departamento de Estado norteamericano.

Durante la llamada con su homólogo del Reino Unido, Blinken condenó la decisión de Rusia de enviar tropas a las áreas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania y afirmó la posición de Estados Unidos de que esas áreas son parte del territorio soberano de Ucrania.

Según BBC, aún no está claro si ya se enviaron nuevas tropas rusas a las dos regiones que están dirigidas por separatistas respaldados por Moscú.

La abogada de los docentes Daniel Murphy y Carlos Magno se refirió al juicio que pesa sobre ellos por los cortes de ruta en el marco de los reclamos docentes durante el 2018.

La abogada Silvia De Los Santos, abogada de Daniel Murphy y Carlos Magno. se refirió al juicio que comienza el día de mañana, acusados por el delito contra el artículo 194 código penal, que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”

“Es la primera vez que se eleva a juicio dos causas acumuladas por criminalización de la protesta en donde se acusa a Carlos y Daniel por cometer delitos, cuando en realidad se estaban manifestando. Este juicio involucra los días 19 de abril y 23 de mayo del 2018”. cuestionó la defensora en declaraciones efectuadas a LaCienPuntoUno.

Al respecto, explica sobre cómo se dio el contexto que finaliza con el juicio a los docentes: “En el 2018 comienzan los pagos escalonados a personal estatal. Llegaron a deber cuatro meses de salario. Entonces las manifestaciones empezaron en febrero del 2018 y continuaron prácticamente todos los días. Nosotros hemos manifestado que estos hechos no pueden abstraerse del contexto, porque justamente es la provincia de Chubut que deja de cumplir con sus obligaciones en violación de los derechos humanos.”

Y remarcó que: “Estos hechos no pueden verse desde un punto de vista judicial penal porque está claro que la única intención del Estado es disciplinar.”

Sobre el hecho de que el juicio se lleve a cabo en forma virtual, De Los Santos expresó en el programa Tarde Para Miles que “lo llamativo es que se argumenta que es virtual por la pandemia pero en todos los lugares hay aforo del 100%. Un juicio oral que debe ser público, se hace en forma virtual pese a que todas las instancias del poder judicial ya están trabajando en forma presencial.”

“Hace tiempo que venimos denunciando la persecución ideológica. Se manipula el proceso penal con el objetivo de evitar este tipo de manifestaciones.”, cuestiona.

“Todo es por pelear por los derechos laborales. Esperamos que el poder judicial pueda ser el garante de derechos humanos y decida que acá no hay delito”, resalta finalmente.

El juicio virtual contra Daniel Murphy y Carlos Magno comenzará mañana a las 09 de la mañana y esta previsto que continúe hasta las 15 o 16 hs.

El presidente compartió un evento con quienes concurrieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El presidente Alberto Fernández continuó su agenda oficial en la República Popular China con una visita al Museo del Palacio, la presentación de una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong y la asistencia a un almuerzo en honor a los jefes de Estado que concurrieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La actividad oficial comenzó a las 22.30 del viernes en Argentina, (9.30 del sábado en China), con una visita al Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida. Se trata de un complejo de casi mil edificios construido a principios del siglo XV y que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político del país y la residencia de los emperadores.

Después, en la Plaza de Tiananmen colocó una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong, líder del Partido Comunista de China desde 1945 hasta su muerte en 1976. A la 1.15 de la Argentina (12.15 en China), Fernández, acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asistió al Gran Palacio del Pueblo.

Allí, el Presidente participó de una foto oficial junto al resto de los jefes de Estado a quienes China invitó especialmente para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing que se desarrolló ayer. Luego, en el Salón Dorado, se realizó un almuerzo en honor a todos ellos.

La siguiente jornada de actividad oficial dará inicio a las 21 de este sábado en la Argentina (8 del domingo en China) con un encuentro virtual entre Fernández y los representantes de las misiones diplomáticas en la nación asiática de los países que forman parte del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC).

El accionista del Grupo Indalo denunció que desde el Gobierno de Macri se buscó la quiebra de la empresa. “Persiguieron a mi familia, a mis socios y a mis colaboradores”, denunció Fabián de Sousa.

Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo, dio su última exposición antes del veredicto del Tribunal Oral Federal N° 3 en la causa Oil Combustibles, según publicó C5N.

Denunció una intencionalidad política detrás de las acusaciones y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri. “Persiguieron a mi familia, a mis socios y a mis colaboradores”, afirmó.

Las frases de Fabián de Sousa

“Desde que arrancó este proceso allá por marzo de 2016 siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia ante las acusaciones, que se iniciaron en el campo mediático y que desde ahí fueron a los ámbitos judiciales”

“Siempre actué bajo los términos de la ley”

“De un día para el otro, me convirtieron en el mayor defraudador del Estado en la Argentina, en miembro de una organización mancomunada para robarle a los argentinos, en una persona que, habiendo tenido obligaciones en la administración de sus compañías, me apoderé de tributos de terceros y con eso crecí y desarrollé mi rol empresario. Todas falsedades”

“Esa nota publicada en 2016 no fue neutra para mí, para mi esposa, para mi madre, para mi familia, para mis compañeros de trabajo, para casi 10 mil trabajadores que quedaron desempleados por el accionar de una organización que tenía un rol absolutamente distinto a cobrar impuestos”

“Sufrimos la persecución ejecutada desde el Estado más grande desde el retorno de la democracia”

“Hubo claramente un mandato político, la finalidad no era cobrar impuestos sino producir el quiebre de las compañías del Grupo Indalo”

“Ese gobierno quería alinear editorialmente los medios de comunicación que le eran esquivos”

“Hubo una operación mediática atroz, no de periodistas sino de los más altos funcionarios del Estado nacional, que contaban con información claramente obtenida bajo la violación del secreto fiscal”

“El objetivo era colocar al Grupo Indalo en una situación de absoluta crisis. De un día para el otro, lo lograron”

“Tuvimos que responder en todos los fueros de la Capital en este proceso y siempre nos pusimos a derecho”

“En diciembre de 2017 nos pusieron presos. A nosotros, que siempre habíamos estado a derecho, que nunca nos habíamos ido de Argentina, que nunca habíamos entorpecido el proceso judicial”
Tenernos detenidos les facilitó la violación permanente de nuestros derechos fundamentales”

“Persiguieron constantemente a mi familia, a mis socios, a mis colaboradores, los detenían cuando me visitaban en la cárcel”

“Agradezco que me hayan podido dejado declarar más de diez audiencias en este juicio, en el que pienso que pude ilustrar el desarrollo de cada una de nuestras acciones y su contexto”

“Había una organización delictiva que nos perseguía. Todos los testigos ofrecidos por AFIP eran testigos políticos”

“El Estado ocultó información a la Justicia”

“Lo que más me sorprendió como ciudadano fue la inescrupulosidad de los funcionarios. Tuvimos sentados en este juicio al administrador federal de ingresos públicos que llevó adelante todo el proceso de persecución”

“Todos los funcionarios de la AFIP nos mintieron en la cara”

“Al día de hoy, después de seis años, no me han podido ajustar un solo peso por una operación encubierta en ninguna de las compañías del Grupo Indalo”

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Ricardo Gabilondo, explicó a través de Radio 3 de qué e tratan las recientes leyes aprobadas e implementadas en Chubut y que se denuncian “restringen” Derechos y el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía. Gabilondo repasó que se trata de “3 leyes que salieron en serie en las últimas semanas”.

“En primer término salió una Ley que introduce en Chubut la figura del per saltum que establece que cualquier causa judicial en primera instancia puede ser absorbida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando consideren que hay cuestiones de gravedad institucional”.

Está Ley señala que «entre estas cuestiones están las que tienen que ver con la situación económico-financiera -con lo cual- cualquier planteo en primera instancia que se entendiera desde el Gobierno que afecta sus intereses económicos podría motivar el recurso para que el STJ absorba la causa”.

Esto implica “eliminar las instancias intermedias de revisión, lo cual implica un cercenamiento del Derecho de Defensa y del Debido proceso de los ciudadanos comunes, porque por lo que dice la Ley esto está en favor del Estado”.

“Posteriormente, y ya fue publicado, en el Boletín Oficial, se aprobaron 2 leyes”, una de las cuales es “una restricción en materia de medidas cautelares contra el Estado, poniendo una serie de trabas a la hora del dictado de una medida”.

Gabilondo agregó que la otra Ley “modificó la Ley que rige la acción de Amparo en Chubut, restringiendo el acceso de cualquier ciudadano a esa herramienta que es la más utilizada ante los avasallamientos de los Derechos Constitucionales o Convencionales por parte del Estado”.

La Ley fija que “cuando el amparo se plantea contra un acto estatal, las acciones de amparo se tienen que radicar en las Cámaras de Apelaciones, no en los juzgados de Primera Instancia”, ante lo cual apuntó que “no en todas las jurisdicciones hay instancia de Apelaciones y eliminan una instancia de revisión”.

“Esto implica un restricción”, enfatizó, añadiendo que en caso de las cautelares además la ley “menciona que implementa en Chubut lo mismo que rige a nivel nacional desde 2013”. Dicha Ley nacional establece que “un juez incompetente puede emitir una cautelar contra el estado y remitir el expediente por cuestiones de Urgencia”.

Explicó que a nivel nacional esto está establecido para ciertos supuestos “como el Derecho a la Vida, la Salud, cuestiones alimentarias y específicamente el Ambiente -pero en Chubut- se copió la primera parte pero se sacó la cuestión del Ambiente”.

Así, “ante una regulación legal del Estado vinculada al Ambiente, un juez incompetente no podría emitir una medida cautelar hasta tanto lo resuelva el juzgado competente”.

Ante este panorama, Gabilondo lamentó que estas leyes sancionadas por Legislatura “no fueron abiertas ni a la discusión, ni al consenso ni a la participación de los colegios o la Asociación de Magistrados -lo que- nos hace sospechar que ocultan otros motivos que no los hacen explícitos”.

Sobre el final, señaló que “advertimos que el avance es permanente en restringir Derechos y permitirle al Estado que haga lo que quiera, sin la posibilidad que funcione el sistema republicano, que es el equilibro de poder y contralor entre poderes”.