Alberto Fernández se negó a revelar quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a asumir la presidencia, cuando se desempeñó como abogado y consultor, a pesar de que la Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó que presentara la «nómina» de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas.
Un dictamen del 19 de febrero, firmado por el titular de la OA, Félix Crous, le recomendó al Presidente, además, que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires , ya que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos, advirtió la OA, incumple la Constitución, pero Fernández también rechazó ese pedido del organismo.
El dictamen de la OA -al que accedió LA NACION- le solicitó a Fernández que ampliara la información que presentó sobre su actividad previa a asumir la presidencia, más allá de las declaraciones juradas patrimoniales que le había entregado al organismo. Lo hizo tras un pedido de diputados de la Coalición Cívica , que hicieron una presentación después de que Fernández dijera que tuvo relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López, holding que podría ser beneficiado por la nueva moratoria aprobada en el Congreso.
«Corresponde requerir al Presidente que informe a esta oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación -y la fecha del cese de tales prestaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por este», escribió Crous. Antes, el titular de la OA había aclarado que Fernández estaba «resguardado» de un posible conflicto de interés en lo que respecta a aquellos clientes que no tuvieran vinculación alguna con el Estado y que, en esos casos, su vínculo estaba alcanzado por el secreto profesional.
El Presidente, sin embargo, rechazó un mes después el requerimiento de la OA. «No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada», escribió Fernández en una nota enviada al organismo el 16 de marzo. El mandatario hacía referencia a la declaración jurada patrimonial que entregó ante el organismo cuando asumió como Presidente, una presentación que no contiene el detalle de los clientes que le había pedido la OA a instancias de una presentación realizada por el diputado opositor Juan Manuel López.
Después de dejar la Jefatura de Gabinete, en 2008, Fernández volvió a activar su estudio jurídico y consultora junto a la actual ministra de Justicia, su socia histórica, Marcela Losardo.
En ese contexto, la aparición de una factura por «asesoramiento en materia penal» emitida por Fernández en 2017 por $435.000 a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, despertó todo tipo de suspicacias.
La respuesta del Presidente
El Presidente aseguró el año pasado ante la consulta de LA NACION que esa factura fue anulada antes de cobrarse. Desde el Grupo Indalo aclararon que llamaron a Fernández «para hacer una interconsulta en el momento más álgido del embate contra Oil Combustibles» por la multimillonaria deuda que mantiene con la AFIP, pero también ratificaron que esa factura nunca fue cobrada.
Más allá de la relación con la empresa Oil Combustibles , Fernández reconoció en una entrevista radial que su consultora asesoraba a otra empresa de Cristóbal López. «Es cierto que, por el desorden administrativo que el Grupo [Indalo] tiene, una factura que debió haber ido a otra de las empresas del Grupo, que es cliente de la consultora mía desde hace mucho tiempo, terminó en Oil [Combustibles]», dijo Fernández en una entrevista con el programa Lanata Sin Filtro sobre la mencionada factura.
Su estudio jurídico
En ese mismo dictamen, la OA le advirtió a Fernández que está «prohibido» por el artículo 92 de la Constitución desempeñarse como profesor de la Universidad de Buenos Aires y como presidente del directorio de Inmueble Callao 1960 SA mientras es Presidente de la Nación, ya que el ejercicio de este cargo requiere «una dedicación exclusiva».
«Es opinión de esta oficina que tal prohibición incluye el ejercicio de la docencia y formar parte de órganos de gobierno de empresas», escribió Crous en su dictamen. Y agregó: «Si aún no lo ha hecho, debe pedir licencia en su actividad docente y renunciar a la presidencia de Inmueble Callao 1960 SA», agregó el titular de la OA. Pero su exigencia fue interpretada de otra manera por el Presidente, que se negó a ambos pedidos.
Fernández sostuvo que no es necesario renunciar a la empresa que comparte con la ministra Losardo porque no hay posibilidades de quedar inmerso en conflictos de interés alguno ya que la firma no registra ningún tipo de actividad comercial. «En lo que respecta a mi condición de presidente del directorio de Inmueble Callao 1960 hago saber que no tiene operación comercial alguna desde mucho tiempo antes de mi asunción como Presidente y así continuó hasta el día de la fecha. La misma solo posee un inmueble de su propiedad y no opera comercialmente. Mi condición de presidente no me exige realizar ninguna operación comercial, ni de ninguna índole, por lo cual en modo alguno será pasible de quedar incurso en un conflicto de intereses», respondió Fernández.
El dictamen de la Oficina Anticorrupción
Inmueble Callao 1960 es la firma que crearon Fernández y Losardo para comprar la propiedad donde funciona el estudio jurídico. La operación inmobiliaria para adquirir el departamento de 160 m2 fue hecha en 2000 por 165.000 dólares, según registros oficiales que consultó LA NACION. La firma fue repartida en partes iguales entre el Presidente y la ministra. «Armamos la sociedad solo para proteger al inmueble ante algún eventual problema», explicó Fernández el año pasado ante la consulta de este medio. Tal como indica en su nota a la OA, dicha sociedad no registró actividad comercial en la última década, según consta en los balances de los últimos diez años.
Sin embargo, Crous sostiene en su dictamen que la imposibilidad de continuar como directivo de Inmueble Callao no está dada por su actividad comercial, sino por las exigencias de la Constitución, que indica que «la Presidencia de la Nación exige una exclusividad que impide presidir una sociedad anónima».