La directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, defendió el crecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y argumentó que “es una herramienta para que los jubilados estén protegidos”, al participar esta tarde en una audiencia de la Cámara de Senadores en la que se analizó el proyecto de ley de refinanciación de deudas de las provincias con la entidad previsional.
“Además de sostener un fondo que es garantía para los jubilados, debemos hacer de este fondo una herramienta para que los jubilados estén protegidos. Pero que ese fondo también sirva para toda la población activa”, afirmó Raverta en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
La titular de la Anses sostuvo que “es una decisión inteligente y efectiva que el FGS siga siendo garantía para que el sistema sea sustentable y los jubilados estén mejor”.
La funcionaria, además, reseñó que cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en 2007, contaba con U$S 30.000 millones de dólares y un importante nivel de inversiones sociales.
“En 2015, había 65 mil millones de dólares. Y en diciembre de 2019, US$33 mil millones”, precisó Raverta, quien también cuestionó la utilización que se hizo de la tarjeta Argenta durante el gobierno de Mauricio Macri.
Raverta aseguró que “una enorme cantidad de jubilados tiene deuda con Anses” y acusó a la administración anterior de “endeudar a las familias argentinas como una cuestión sistemática”.
“Apostamos a la idea del crédito asociada al consumo para mejorar calidad de vida. Vamos a relanzar tarjeta Argenta, pero después de resolver los créditos anteriores, porque en el gobierno anterior el crédito estuvo dirigido a sostener la vida diaria: a comprar medicamentos, pagar servicios y para comer”, señaló.
En ese sentido, afirmó que uno de los capítulos del proyecto de ley que llegó de Diputados permite regularizar los créditos de ANSES para que las familias devuelvan sus créditos “condonando el interés acumulado”.
“Que devuelvan lo que debían antes de que dejaran de pagar”, aseveró Raverta, tras lo cual el director del FGS, Lisandro Cleri, mencionó que los deudores “van a devolver mucho menos por la inflación”.
El proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Anses.
Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del tesoro nacional.
Además, propone el financiamiento del Programa de Reeparación Histórica para los jubilados y pensionados votado por el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri.
“La Reparación Histórica construyó un enorme problema para la Argentina y no resolvió los índices de litigiosidad”, sostuvo Raverta, tras lo cual alertó que seguir usando «el insumo del FGS haría que en proyección de la cantidad de tiempo, ya no haya más Fondo”.
La funcionaria ratificó que no se dejará de pagar la reparación histórica y que la “propuesta es no desconocer la responsabilidad del Estado nacional frente a la liquidación de las jubilaciones, sino que esto se haga con otros fondos y no ponga en riesgo la vida del FGS”.
Cleri, por su parte, proyectó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podría «desaparecer en siete o diez años” si se utilizan sus insumos para pagar la Reparación Histórica.
Finalmente, con respecto a los contratos de préstamo que celebraron las provincias con el Anses a través del FGS, los funcionarios mencionaron que se trata de 101 mil millones de pesos, de los cuales este año vencían casi 25 mil millones.
“Es muy complejo que retengamos de la coparticipación lo que deberían pagar las provincias. Decidimos buscar una manera para que esta deuda pueda ser refinanciada”, evaluó Raverta.