Ni Massoni lo va a salvar cuando sus acusadores comiencen a presionar a los fiscales para que hagan su trabajo y dejen de mirar para otro lado; como lo vienen haciendo hasta ahora, en una provincia en la que la Justicia pareciera que le diera impunidad a quienes están bajo el “paraguas protector” del ministro de Seguridad.
El comisario Juan José Ale (foto izq.) denunció a Miguel Gómez (foto der.), a la fiscal Alejandra Hernández y al juez Marcelo Orlando que le negó la prisión domiciliaria a su padre, pese a que era un persona con riesgo de vida frente a la pandemia; y este viernes Gendarmería allanó la comisaría donde el ex jefe de Policía y ex diputado provincial se contagió de coronavirus.
Parece que el lugar donde Ale estuvo alojado había sido clausurado en su momento por un juez, al considerar que no cumplía con las mínimas exigencias para tener allí personas detenidas.
De la diligencia que se hizo este viernes a la mañana no se conocieron detalles. Solo se supo, extraoficialmente, que se trató de una inspección de personal de Gendarmería que hizo un relevamiento y sacó fotos en el sitio en donde estuvo alojado el exjefe de Policía y exdiputado provincial fallecido el lunes 25 de enero por Covid 19.
Allí, según sostienen sus deudos, Ale se habría contagiado de coronavirus, porque al momento en que él estaba preso, en esa comisaría había varios policías infectados con el virus y la mayoría tenía trato con él. Por el contrario, el recientemente asumido jefe de la Unidad de Esquel, el comisario Ariel Jara; “un ladero” que puso “El Tero” Gómez ahí en la ciudad cordillerana, insiste en poner en duda de que Ale se haya contagiado de alguno de sus policías.
El juez Jorge Criado ordenó el allanamiento y su par, el juez José Oscar Colabelli fue quien habría dispuesto la clausura del lugar donde se alojan los detenidos, según se supo.
Ale estando preso ahí había pedido que le dieran la prisión domiciliaria porque era una persona de riesgo ante la pandemia pero el juez denunciado se lo denegó.
El exjefe de Policía había sido sentenciado a 8 años de cárcel por abuso de menores, en un fallo dividido que había sido recurrido y que no estaba firme todavía cuando murió. El hijo que denunció al juez, a la fiscal y al jefe de Policía sostiene que a su padre lo condenaron por algo que no hizo.
Ahora bien, ¿terminará en algo este caso o pasara lo mismo que con otras denuncias que se le han hecho a la plana mayor de la policía, que están guardadas en el cajón del escritorio de algún fiscal?