El juicio oral y público por la denominada Causa Revelación pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 1 de marzo, después de haberse desarrollado este viernes la tercera jornada de debate con la declaración de testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal.
La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están imputados siete exfuncionarios provinciales y un empresario del rubro de la construcción.
En el inicio de la audiencia de este viernes continuó brindando declaración testimonial el excomisario Juan Carlos Núñez, uno de los investigadores que tuvo a su cargo las diligencias de allanamiento en el marco de la investigaciones realizadas por la fiscalía, tanto en la denominada Causa Embrujo, como también en el expediente judicial que ahora ha sido llevada a juicio.
Núñez completó este viernes su testimonio, luego de que la audiencia del jueves debiera interrumpirse de manera anticipada por problemas técnicos.
El investigador brindó al tribunal un amplio panorama sobre las distintas pesquisas que se concretaron en el marco de esta causa, principalmente las referidas al producido de los allanamientos concretados en distintas oficinas y dependencias del gobierno provincial, como así también en empresas y propiedades privadas de la zona.
Declaran empresarios
Si bien se esperaba que tras el testimonio de Núñez depusiera el informático Guillermo Figueredo, su declaración se reprogramó y se presentaron ante los jueces y las partes los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios.
El ingeniero Papaiani detalló su historial como empresario del rubro de la construcción y brindó información sobre la situación financiera que atravesaba en el año 2015 y 2016 la empresa de su familia, denominada Inverfin S.A.
En ese marco se refirió a las consecuencias económicas y financieras que tuvo para el sector el permanente retraso en el pago de los certificados de aquellas obras que el estado provincial había contratado tanto con su empresa como con otras similares en toda la provincia.
Papaiani contó al tribunal las gestiones que hizo a título propio y también en su rol de presidente de la Cámara de la Construcción para cobrar esa deuda, y la respuesta que obtuvieron tanto de los funcionarios de la administración del exgobernador Martín Buzzi como del gobierno de Mario Das Neves, asumido a fines del año 2015.
El empresario fue consultado por la fiscalía sobre aspectos relacionados con la investigación, en particular lo atinente a supuestos pedidos de retornos para agilizar el trámite de pago de las deudas contraídas por el gobierno y respecto al rol de algunos exfuncionarios en ese entramado. El propio Papaiani relató además las consecuencias económicas y financieras que tuvo que afrontar su firma a lo largo del último lustro a partir de su posicionamiento en la Cámara de la Construcción y también respecto al pago de los montos solicitados.
Una relación complicada
El ingeniero Fernando Palacios, quien al momento de los hechos que se investigan era titular de la firma PALCO S.A., inició su testimonio dando cuenta de cómo era la relación de las empresas constructoras hasta el año 2015 y lo ocurrido después.
En ese sentido amplió los conceptos vertidos por Papaiani respecto a la deuda del Estado con las constructoras, el mecanismo de financiamiento establecido por el gobierno a través del banco provincial mediante la adquisición de los certificados de obra y el impacto financiero cada vez más fuerte que ello tuvo en las empresas.
Ante las consultas de la fiscalía el testigo se refirió al presunto pago de retornos para agilizar los pagos de los certificados de obra y también sobre los funcionarios con los que en su caso, gestionó esos pagos.
Fuente: ADNSUR
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