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Se trata de Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez, se sentarán desde hoy en el banquillo de los acusados por homicidio de Lucio Dupuy,  triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante.

Lucio Dupuy, un nene de 5 años de La Pampa, murió por una «hemorragia interna», sin embargo la autopsia determinaría que presentaba «politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.

Y que su última internación, donde finalmente murió, no había sido la única: había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Este jueves 10 de Noviembre, su madre Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez, comenzarán a ser enjuiciadas como “coautoras” por el crimen del nene de 5 años ocurrido en noviembre de 2021 en la capital pampeana, en un debate oral en el que declararán más de 100 testigos.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, comenzó a las 8 y estará a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Las mujeres se encuentran recluidas actualmente en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis. En el caso de Espósito Valenti, ésta llega al debate acusada del «homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

«Mientras que Páez fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos ya que no era familiar de Lucio, aunque, al igual que Espósito Valenti, también podría ser condenada a prisión perpetua.

 

La nueva causa por corrupción que llegó a juicio oral y público concluyó este viernes con los testimonios de 16 testigos propuestos por la defensa de Pablo Alejandro Korn y Darío D´Amico.

El delito que se les reprocha al extitular de Servicios Públicos de Chubut y al empresario de Trelew es por presuntas contrataciones irregulares durante la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en 2017, y otra irregularidad en Puerto Pirámides.

El primer testigo por parte de la defensa fue Marcos Redondo, quien trabajó bajo la modalidad de pasantía en la empresa «ElectroCity». El mismo indicó que realizaba presupuestos y contó que en una oportunidad fue a pedir un presupuesto a «Electro Sur». También reconoció documentación.

El segundo testigo, Roberto Berton, técnico en electromecánica, indicó que trabajó en el Poder Judicial como contratado entre los años 2009 y 2016 y que ahora se desarrolla en el rubro de la pesca. Contó que coordinaba el tema de los materiales relacionados con trabajos de arquitectura, interactuando con varias empresas. Le tocó en una oportunidad retirar materiales de Electrocity, firmando y conformando remitos. Solo en urgencias utilizaba el mecanismo de retirar materiales, agregó.

La tercera testigo, Romina Álvarez, empleada de “Mueble Luz”, contó que su función al inicio era el pago a proveedores, después se encargó de licitaciones con la cooperativa eléctrica, Servicios Públicos, Poder Judicial y Municipios. También realizaba presupuestos.

Juan Manuel Castillo, el cuarto testigo, es un ingeniero mecánico titular de una empresa metalúrgica familiar instalada en Trelew que lleva más 40 años en la zona. Afirmó que “hace más de 4 años no trabajo con el Estado” y que “demoran en los pagos” Además, que su vínculo con Servicios Públicos fue reparando bombas y máquinas de hidrogrúas.

“Es muy difícil cobrar“, añadió y contó que “se tarda menos en la reparación que en los papeles”. Y puso un ejemplo: “aún tengo 2 trabajos sin cobrar hace más de cuatro años, hice reclamos, pero nuca salió el pago”. Reconoció documental que fue exhibida por el abogado defensor y expresó que “siempre traté con Silva, de Servicios Públicos”.

El último testigo fue Alejandro Heredia, empleado de la empresa “Mayo Transformadores”. Dijo que como representante en la Patagonia la empresa se encargaba de fabricar y vender transformadores. Fue proveedor del estado. Manifestó que durante la emergencia climática de 2017 presupuestó transformadores y postes para Servicios Públicos y que acordó la venta con Pablo Korn. “Todo fue entregado en la cooperativa de Comodoro Rivadavia a través de remitos”, aseguró. También reconoció documental y una comunicación con Korn a través de un correo electrónico.

El tribunal encargado de resolver en este juicio lo integran los jueces Karina Breckle de la ciudad de Rawson, Ariel Quiroga de Sarmiento y Silvana Vélez de Lago Puelo.

El próximo lunes, a partir de las 8.30 en la Oficina Judicial de Rawson, se dará continuidad al juicio con las convenciones probatorias, dando paso a los alegatos finales previstos para el miércoles 26.

Al menos ocho personas que se manifestaban e frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner prestaron ya declaración como testigos ante la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti por el ataque a la Vicepresidenta.

Los testigos declararon durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana y, en muchos casos, fueron trasladados a Comodoro Py 2002 desde el lugar de los hechos, en tanto también se tomaba declaración a custodios de la Vicepresidenta y efectivos de Policía Federal, informaron a Télam fuentes judiciales.

En la sede del juzgado ubicado en el tercer piso de Comodoro Py 2002 comenzó además a peritarse el teléfono celular del detenido y se analizaban todos sus mensajes y comunicaciones.

El acusado prestará declaración indagatoria una vez que el juzgado cuente con los resultados de todas las medidas de prueba dispuestas, que incluyeron un allanamiento a su domicilio y otros lugares de interés para la causa.

El acusado, identificado como Fernando André Sabaj Montiel, fue sometido ya al examen médico legista que determinó que, en principio, estaría en condiciones de ser indagado patrocinado por un defensor oficial.

La entrada del juzgado de Capuchetti permanecía bajo custodia policial mientras la magistrada estaba reunida con los dos fiscales que trabajan en el caso, Carlos Rívolo y Eduardo Taiano.

Los tres realizaron poco antes de las 7 una inspección ocular en el lugar de los hechos y luego regresaron a los tribunales federales.

Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido -Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años- llegó a «gatillar dos veces» a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar en el juzgado, el testigo contó que “estaba formando parte del cordón” de militantes.

“Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro”, relató.

Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: «No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces».

Y luego relató: «No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ‘vos tenes un arma’ y él decía ‘no, no’; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma”.

“Apenas vemos que cae el arma, parte de los organizadores –del operativo militante de protección de la Vicepresidenta- se lo llevan mientras un hombre pisa el arma y la retiene allí”, explicó.

El detenido pasó la noche alojado en una dependencia de la Policía Federal ubicada en la calle Cavia 3350, del barrio porteño de Palermo.

La jueza ordenó esta madrugada allanamientos, cruces de llamados entre la línea telefónica del detenido y otros, además de la pericia sobre su teléfono.

En el marco de las actuaciones, también fue allanado el domicilio del detenido, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque, en la calle Terrada al 2300.

El Ministerio Público Fiscal de nuestra ciudad requiere testigos oculares del accidente de tránsito ocurrido el pasado 29 de marzo de 2021, a las 18:00hs aproximadamente, en la intersección de las Avenidas Polonia y Kennedy.

Todo testigo deberá presentarse en la sede de la Seccional Tercera, Av. Hipólito Yrigoyen 2200, a los fines de ser entrevistado respecto al hecho.

Como consecuencia del hecho una persona masculina mayor de edad, J. M., se encuentra internado en el Hospital, con lesiones graves, quien sufrió la quebradura de sus dos tibias. Fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra esperando su evolución.

Asimismo cabe aclarar que el conductor del camión, vehículo embistente, está identificado y se puso a derecho. En igual sentido fue notificado que se inició una investigación por lesiones graves culposas.

Entre ayer miércoles y hoy jueves concluyó la ronda de testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga delitos corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios públicos y empresarios durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

Los testigos fueron Bianca Di Martino, Daniel Fasciglione, Fernando Zuñeda, Anahí Cornejo, Viviana Karlen y Walter Kobac.

Di Martino explicó que en el período investigado se desempañaba como empleada del Banco del Chubut SA y administraba, entre otros, la cuenta y movimientos bancarios de la empresa Industrias Bass del imputado Martín Castillo. Señaló las comunicaciones y gestiones que mantenía con el titular de la empresa y con Diego Lüters para contar con los fondos necesarios e ir cubriendo los pagos de la empresa.

Fasciglione también fue consultado sobre la actividad que desarrollaba en la época de investigación. Dijo que era socio y gerente de la empresa Protel (productora de televisión) y que en esa época el Estado Provincial dejó de contratar sus servicios y producto ello debió afrontar un concurso preventivo de acreedores. En ese proceso el abogado de la empresa le acercó un grupo de inversores interesado en comprar una porción de las acciones. Andrés Ninín (ya condenado en esta causa) y Ricardo Rondini eran las personas que el grupo inversor había dispuesto para concretar el negocio.

Relató que luego de vender una parte de las acciones, los compradores dejaron de cumplir con las obligaciones de pago y además, los montos eran aportados en cheques a nombre de empresas con las que Protel nunca había tenido vinculación comercial y que él debía endosar; indicó como ejemplo a Villegas Construcciones SRL, EdiSur SA, Ledesma y Cía SRL. Luego de esta situación desistió de continuar con la sociedad, concluyó.

Zuñeda por su parte declaró en calidad de socio de la empresa de servicios financieros Inverfer SRL de Comodoro Rivadavia. El fiscal Nápoli le mostró, para que reconozca su firma, varios cheques que eran descontados en su empresa por las constructoras mencionadas por el testigo Fasciglione. Federico Piccione era la persona que presentaba esos valores, indicó.

Cornejo declaró en relación a su cargo de tesorera del Instituto Provincial de la Vivienda. Informó el procedimiento para la confección y pago de los certificados de obra que las empresas de la construcción presentaban. El proceso descripto guardaba relación con lo declarado por la Directora de Administración del IPV, Contadora Sandra Jones.

A su turno declaró Viviana Karlen, contadora pública que se desempeña como perito contable dentro del Equipo Técnico Multidisciplinario del MPF. A ella le encargaron la pericia contable dentro de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito del que está acusado Gonzalo Carpintero.

Informó que su análisis se centró en la evolución patrimonial del acusado y de su grupo familiar. La perito describió maniobras que, de acuerdo a su experticia, configuraban actos contables e impositivos para ocultar el engrosamiento patrimonial sin justificación que le imputan a Gonzalo Carpintero.

Entre ellos informó la constitución de una sociedad de hecho denominada Recticar inmediatamente transformada en SRL y dedicada a la rectificación de motores para la que se hizo una inversión importante en maquinaria muy moderna para la zona y que nunca se declaró la compra. Los pagos fueron en efectivo.

Entre las actividades detectadas aparece la compra en el año 2016 de acciones de la empresa Alpatagones SA por $ 300.000 obteniendo, al poco tiempo en concepto de reparto de dividendos $ 3.000.000. Karlen informó que luego compró otro porcentaje más de acciones por $ 800.000 para, al poco tiempo, vender la totalidad de su participación por $ 8.000.000.

Asimismo, el MPF detectó también que solo por la adquisición de inmuebles había una erogación de $ 45.000.000. Otras de las maniobras informadas eran los aportes de dinero a la pareja de Carpintero. Para la construcción de inmuebles hubo erogaciones por $ 4.000.000 en concepto de compra de materiales y pago de mano de obra.

La contadora también destacó que se encontraron con facturas emitidas en concepto de asesoramiento profesional a Juan Ignacio Blasco, Lisandro Ribeiz, Carlos Gatica, Sindicato de Luz y Fuerza, entre otras. Las personas mencionadas desconocieron la existencia de las facturas como así también el supuesto servicio profesional brindado.
El abogado defensor Federico Ruffa hizo un contra examen en este aspecto como así también sobre la conclusión respecto del incremento patrimonial injustificado detectado por la fiscalía en la suma de U$D 813.800 (aclaró la perito que ese monto es como mínimo).

Por último el testigo Kobac dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.

El próximo lunes 15 de marzo a las 09 horas se retoma la audiencia de debate por la causa Revelación, donde se prevé que declaren más testigos. Este viernes se escuchó el testimonio de Andrea Verónica Gonzalez, dio cuenta que “desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

Gonzalez, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaró en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero. También indicó que el Gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detalló que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago”, concluyó.

Algunos pagos más rápidos

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3% y 5% por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Las órdenes de pago

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detalló que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajó junto al ingeniero durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y ademas dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador». Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”.

Fuente: MPF

El juicio oral y público por la denominada Causa Revelación pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 1 de marzo, después de haberse desarrollado este viernes la tercera jornada de debate con la declaración de testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal.

La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están imputados siete exfuncionarios provinciales y un empresario del rubro de la construcción.

En el inicio de la audiencia de este viernes continuó brindando declaración testimonial el excomisario Juan Carlos Núñez, uno de los investigadores que tuvo a su cargo las diligencias de allanamiento en el marco de la investigaciones realizadas por la fiscalía, tanto en la denominada Causa Embrujo, como también en el expediente judicial que ahora ha sido llevada a juicio.

Núñez completó este viernes su testimonio, luego de que la audiencia del jueves debiera interrumpirse de manera anticipada por problemas técnicos.

El investigador brindó al tribunal un amplio panorama sobre las distintas pesquisas que se concretaron en el marco de esta causa, principalmente las referidas al producido de los allanamientos concretados en distintas oficinas y dependencias del gobierno provincial, como así también en empresas y propiedades privadas de la zona.

Declaran empresarios

Si bien se esperaba que tras el testimonio de Núñez depusiera el informático Guillermo Figueredo, su declaración se reprogramó y se presentaron ante los jueces y las partes los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios.

El ingeniero Papaiani detalló su historial como empresario del rubro de la construcción y brindó información sobre la situación financiera que atravesaba en el año 2015 y 2016 la empresa de su familia, denominada Inverfin S.A.

En ese marco se refirió a las consecuencias económicas y financieras que tuvo para el sector el permanente retraso en el pago de los certificados de aquellas obras que el estado provincial había contratado tanto con su empresa como con otras similares en toda la provincia.

Papaiani contó al tribunal las gestiones que hizo a título propio y también en su rol de presidente de la Cámara de la Construcción para cobrar esa deuda, y la respuesta que obtuvieron tanto de los funcionarios de la administración del exgobernador Martín Buzzi como del gobierno de Mario Das Neves, asumido a fines del año 2015.

El empresario fue consultado por la fiscalía sobre aspectos relacionados con la investigación, en particular lo atinente a supuestos pedidos de retornos para agilizar el trámite de pago de las deudas contraídas por el gobierno y respecto al rol de algunos exfuncionarios en ese entramado. El propio Papaiani relató además las consecuencias económicas y financieras que tuvo que afrontar su firma a lo largo del último lustro a partir de su posicionamiento en la Cámara de la Construcción y también respecto al pago de los montos solicitados.

Una relación complicada

El ingeniero Fernando Palacios, quien al momento de los hechos que se investigan era titular de la firma PALCO S.A., inició su testimonio dando cuenta de cómo era la relación de las empresas constructoras hasta el año 2015 y lo ocurrido después.

En ese sentido amplió los conceptos vertidos por Papaiani respecto a la deuda del Estado con las constructoras, el mecanismo de financiamiento establecido por el gobierno a través del banco provincial mediante la adquisición de los certificados de obra y el impacto financiero cada vez más fuerte que ello tuvo en las empresas.

Ante las consultas de la fiscalía el testigo se refirió al presunto pago de retornos para agilizar los pagos de los certificados de obra y también sobre los funcionarios con los que en su caso, gestionó esos pagos.

Fuente: ADNSUR

Dos testigos que ya declararon en el expediente por la muerte de Diego Armando Maradona revelaron que el jueves previo a su muerte, el astro futbolístico tuvo una pelea con su médico personal, Leopoldo Luque, que incluyó un «empujón», informaron fuentes judiciales.

El incidente fue expuesto en las declaraciones testimoniales de uno de los enfermeros que asistieron a Diego Maradona en las horas previas a su muerte y en la de Romina Milagros Rodríguez, apodada “Monona”, la cocinera que hace años acompañaba al “10” y era considerada por él como una segunda madre en estos últimos años.

“Es cierto que contaron que hubo una pelea, pero en el expediente está mencionado como un incidente más de lo difícil que era tratar con Maradona”, explicó a Télam uno de los investigadores judiciales.

Según la declaración del enfermero, el incidente se produjo el jueves 19 de este mes, en la que habría sido la última visita de Luque a la casa del country San Andrés de Tigre –los fiscales tratan de confirmar cuándo fue su último paso por la vivienda-, donde Maradona se recuperaba de su reciente neurocirugía por un hematoma subdural.

El enfermero contó que ese día Maradona insultó a su médico, lo echó y hasta hubo “un empujón”.

“Monona” también se refirió a este episodio, aunque aclaró que ella no fue testigo directa, sino que se lo habían contado y agregó que era habitual que Diego echara de la habitación o insultara a sus médicos y enfermeros.

El lunes próximo comenzarán a declarar los testigos citados en la causa judicial que tiene como imputado al ex comisario Juan Luis Ale, acusado de abusar sexualmente a dos menores de edad.

En los últimos días se había pedido que prescriba la acusación, pero el tribunal no hizo lugar a esta solicitud y el proceso continuará el lunes conforme a los plazos establecidos.

Alejandra Hernández, fiscal a cargo de la acusación, precisó que el  lunes 3 de agosto comienza la ronda testigos para que se produzcan las declaraciones testimoniales ante el tribunal y que se brinde todo el material probatorio que se ha podido recabar hasta el momento.

Una semana de testigos

“Esa ronda de testigos va a llevar toda la semana, es decir del 3 al 7 (de agosto). Y si llegamos con esa producción de testigos, el día 7 serán los alegatos de clausura. En esa audiencia lo que vamos a tratar a través de la Fiscalía es acreditar los hechos que se le vienen imputando desde el inicio de la investigación”, explicó Hernández.

Al respecto de esto último, vale recordar que al ex diputado y ex jefe de la Policía del Chubut está acusado por supuestos hechos de abuso sexual contra dos menores de edad, en el período comprendido entre 1998 y fines de 2001.

Resolución del tribunal

Una vez concluidos los alegatos, lo cual está previsto que ocurra el próximo viernes 7 de agosto, el plazo que tiene el tribunal para determinar la culpabilidad o la inocencia de Ale es de cinco días hábiles. En esta semana, los jueces evaluarán si las pruebas alcanzaron o no para acreditar los hechos por los cuales se lo imputó. Esto quiere decir que en unas dos semanas se definiría finalmente la culpabilidad o no de Ale.

En tanto que la fiscal remarcó que “si es culpable, seguimos a la segunda etapa, que es el juicio de cesura de pena en donde se deben producir pruebas para establecer a cuánto se va a condenar”.

Por último, Hernández hizo referencia al pedido de la defensa del imputado que solicitó la prescripción de los hechos, lo cual fue denegado. “El tribunal, por mayoría, resolvió no hacer lugar al planteo del defensor, ponderando los intereses en juego. Esto es los derechos del imputado, los derechos de dos víctimas al acceso a la Justicia y el interés superior del niño. En este caso el tribunal resolvió darle mayor prevalencia a ese interés superior del niño, que estaba vigente al momento en el que ocurrieron los hechos porque las víctimas eran menores de edad”, enfatizó.

Hace quince días, luego de constituirse como querellante en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, la Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interpuso de manera coordinada con la familia de Facundo y sus abogados, una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en la que denunciaba lo sucedido y reclamaba su intervención. En virtud de este pedido, la ONU emitió ayer una comunicación dirigida al Estado argentino en la que, luego de describir los hechos y ponderar la información de prueba recibida, solicita una serie de acciones urgentes con el objetivo de establecer el paradero del joven de 22 años, garantizar el debido proceso de la investigación y proteger a los testigos.

La comunicación emitida por la ONU reza: «De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo». En este sentido, le pide al Estado argentino aclarar de inmediato la suerte y el paradero de Facundo e informar a sus familiares y al Comité contra Desaparición Forzada de la ONU. Caso contrario, la ONU recomienda tomar todas las acciones que sean necesarias para encontrarlo. En este sentido recomienda «que las autoridades encargadas de la búsqueda de Castro y de la investigación de su desaparición diseñen, con la participación de las víctimas y sus representantes, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”.

Según informó la CPM, para esto resulta indispensable que el Estado garantice el cumplimiento de “los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad, así como también asegurando la competencia e independencia de los profesionales intervinientes”. En este punto, la ONU agrega además como recomendación fundamental incorporar a la familia de la víctima y sus representantes con participación plena en el diseño de las estrategias de búsqueda y, al mismo tiempo, garantizar su acceso directo a toda la información que surja de la investigación en curso.

Si bien la Justicia federal investiga la denuncia por desaparición forzada, la búsqueda de Facundo no termina en la Policía Bonaerense. Los investigadores, que están trabajando bajo secreto de sumario, no descartan que el joven haya llegado a Bahía Blanca. La jueza Marrón ordenó el pedido de acceso a las cuentas de Facundo en las redes sociales Facebook e Instagram. Además, este viernes desembarcó en esa ciudad una comisión designada por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, para diseñar un operativo especial de búsqueda del joven a través de pistas, trabajo que hará con el resto de las fuerzas federales que intervienen en el caso desde que el miércoles pasado fuera apartada la Policía Bonaerense.