El blanqueo de capitales para la construcción que acaba de transformarse en ley generó entusiasmo entre los empresarios del sector, dado que se trata de una oportunidad de exteriorizar activos no declarados que apunta específicamente a su actividad. Según calculó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, el volumen de fondos que podría volcarse al sector a través de este esquema llegaría a nada menos que USD 5.000 millones.
La cifra luce muy optimista, teniendo en cuenta el alto grado de desconfianza de los inversores. Pero el Gobierno apuesta a que los incentivos son los suficientemente grandes como para atraer capitales que pongan en marcha el sector. Se apuesta así al efecto derrame que la construcción tiene además sobre el resto de la economía, desde la rápida generación de empleo hasta el impulso a muchos sectores que forman parte de la cadena de valor, desde corralones, transporte, acero y por supuesto las inmobiliarias, que vienen fuertemente afectadas por la pandemia y la caída de ventas.
El blanqueo tiene características muy interesantes para aquellos que se animen. La multa por exteriorizar activos que no estaban declarados es de sólo 5% si los fondos ingresan dentro de los 60 días posteriores a la reglamentación de la ley. Precisamente el incentivo es entrar rápido, ya que luego la tasa sube a 10% y cada dos meses aumenta otros cinco puntos.
Ante la crisis que atraviesa el sector y los cambios de hábito de la pandemia, aún es un misterio a qué segmentos apuntarán
Para evitar que se produzca un “cuello de botella”, la ley también dispone que el dinero que sea exteriorizado se puede mantener en una cuenta especial en dólares durante el plazo de dos años. Es decir que se abre una ventana de tiempo significativa para determinar dónde invertir.
La condición para que los recursos blanqueados tengan efectivamente un “perdón fiscal” completo es que se apliquen a obras en construcción: puede ser inversiones desde el pozo pero también obras que tengan un grado de avance inferior al 50%. Este aspecto podría ser vital para muchas obras que arrancaron pero se quedaron sin inversores y quedaron cortas de fondeo. También para quienes han comprado terrenos en los últimos años pero tampoco consiguieron interesados para llevar adelante los desarrollos, en medio de una caída general de los niveles de confianza en la economía y el Gobierno.
Además del bajo nivel de castigo que tendrán que enfrentar los blanqueadores, habrá incentivos impositivos, como el diferimiento de impuestos e incluso la posibilidad de aplicar una porción menor de la inversión como pago a cuenta de Bienes Personales.
En paralelo con esta ley, varios desarrolladores presentaron ante la CNV sus propios fondos de inversión inmobiliaria, que emula un vehículo muy utilizado en los Estados Unidos y otros mercados desarrollados: los Real Estate Investment Trust (REIT), es decir vehículos específicos diseñados para atraer inversores y llevar adelante desarrollos inmobiliarios. “Hay varias sociedades de Bolsa trabajando para la creación de fondos inmobiliarios, es un tema que aún debe ser asimilado por el sistema financiero, pero las perspectivas son muy buenas”, explicaron desde la entidad que preside Adrián Cosentino.
El sector inmobiliario apuestan que la combinación del blanqueo y la disminución del costo de construcción en dólares incentivarán la recuperación del sector, que viene mejorando a partir del segundo semestre
Ante la crisis que atraviesa el sector y los cambios de hábito de la pandemia, aún es un misterio a qué segmentos apuntarán. Seguramente habrá desarrollos para complejos residenciales y sobre todo se apuntará a nuevos barrios privados ante la demanda creciente por terrenos y casas en la búsqueda de más espacios verdes. Es un interrogante qué podría pasar con el mercado de oficinas, ante el aumento de la vacancia generada por la pandemia y la caída del nivel de actividad.
El actual blanqueo difiere a los que se han efectuado en los últimos años. En el caso del lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, se permitió exteriorizar activos pagando una multa promedio de 10%. Pero no era necesario ingresar los fondos ni aplicarlos a alguna inversión específica. Fue récord, ya que la exteriorización de activos superó los USD 110.000 millones, pero un bajísimo porcentaje de esos fondos finalmente tuvo la actividad productiva como destino. La mayor parte quedó en cuentas del exterior.
En el segundo gobierno de Cristina Kirchner el blanqueo se había dado a través del Cedin, un instrumento diseñado también para el sector inmobiliario, pero que podía utilizarse exclusivamente para la compra de inmuebles nuevos o usados. Fue un fracaso, apenas recaudó poco más de USD 1.000 millones. Los inversores desconfiaron del instrumento y no llegaron a aplicarlo masivamente, aunque todas las operaciones que se hicieron con Cedines pudieron desenvolverse sin inconvenientes.
El titular de la CAC confía en que aún en un contexto adverso es factible llegar a esos USD 5.000 millones de blanqueo que le darían un gran impulso a la construcción privada: “Todavía hay una fortuna que los argentinos siguen sin declarar, superior a los USD 200.000 millones. Pero además hay precios muy atractivos en dólares para construir, como no sucedía en los últimos años. La combinación de ambos factores debería ser muy positiva para el sector”.
Fuente: Infobae