Según reveló una investigación periodística internacional de una organización inglesa de noticias sin fines de lucro, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con Ojo Público, un medio de comunicación peruano, la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer les habría impuesto fuertes exigencias a al menos tres países de América latina, Argentina, Brasil y Perú, en el marco de la negociación de la venta de las vacunas contra el coronavirus.
El pedido de la empresa habría incluido la puesta en garantía de activos soberanos, como una especie de “reaseguro” para cubrirse de posibles conflictos legales en el futuro.
Polémica: Pfizer pidió «activos soberanos» a Argentina y Brasil
En el caso de un país latinoamericano (que no se puede nombrar ya que firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer), las demandas del gigante farmacéutico llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de una vacuna. En cuanto a Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional.
A su vez, en el caso de Perú, Pfizer habría solicitado incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos durante el proceso de negociación. En Argentina y Brasil, Pfizer habría pedido que los activos soberanos, como edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, se pusieran como garantía para cubrir los costos legales futuros.
A principios de febrero de este año, el ahora exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya había advertido que Pfizer pretendía “condiciones inaceptables”.
De hecho, a fines de diciembre del 2020, González García expuso: «No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna».
Pfizer estuvo en contacto con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con 9 países de Latinoamérica y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. No obstante, se desconocen los términos de esos acuerdos.
«Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas que salvan vidas en países de ingresos bajos y medianos», expresó al Bureau Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global.
«(Esto) parece ser exactamente lo que están haciendo», aseveró. En esa misma línea agregó: «La protección contra la responsabilidad no debe usarse como la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada».
Al respecto, Pfizer dijo al medio inglés: «A nivel mundial, hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, incluido un acuerdo de compra anticipada con Covax para proporcionar hasta 40 millones de dosis en 2021. Nosotros estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo».
En definitiva, la mayoría de los gobiernos ofrecen indemnización (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas. Esto significa que en el caso de que un ciudadano sufra un efecto adverso luego de ser vacunado, este puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación. Cabe destacar que, en muchos casos, los efectos adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos y solo se manifiestan una vez que miles de personas recibieron la vacuna.
Sin embargo, en relación a las exigencias de otras vacunas, los funcionarios del Gobierno argentino y del país que solicitó no ser mencionado en la investigación indicaron que sintieron que las demandas de Pfizer iban «más allá que los otros fabricantes, y más allá de las condiciones de Covax», una organización internacional creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas.
Además de los pedidos previamente expuestos, Pfizer habría solicitado también una indemnización adicional de los casos civiles, lo que significaría que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros o de sus propios actos de negligencia o fraude. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.
«Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no por fraude, negligencia grave, mala administración o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación», explicó Gostin. «Las empresas no tienen derecho a pedir indemnización por estas cosas», concluyó.
Fuente: Iprofesional