Organizaciones ambientalistas de Argentina destacaron el «avance» en materia de derechos que supone el Acuerdo de Escazú de Latinoamérica y el Caribe, que entra en vigor este jueves y que, entre otras cosas, da protección a la lucha de los activistas.
El acuerdo, que fue suscrito por Argentina, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para Azul Schvartzman, coordinadora de Investigación y Política Socioambiental de la organización no gubernamental Eco House, la entrada en vigor del acuerdo supone «un gran avance en materia de derechos».
«El acuerdo nos va a brindar un marco legal internacional para presionar a los diferentes niveles de gobierno cuando estos derechos no se estén cumpliendo, ya que si bien estos derechos se encuentran consagrados en diferentes leyes nacionales, siempre suma tener una estructura internacional que valide estos procesos», señaló Schvartzman a Efe.
Leonel Mingo, coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace en Argentina, destacó que en el país suramericano los tratados internacionales ratificados por el Parlamento adquieren jerarquía legal y, por tanto, su aplicación es obligatoria.
En declaraciones a Efe, Mingo señaló que el tratado «busca garantizar un entorno seguro, sin restricciones o amenazas, para los defensores ambientales» en Latinoamérica, «que es, según Global Witness, la región más peligrosa del mundo para ser activista ambiental».
«Siendo Greenpeace una organización ambiental que se caracteriza por el trabajo en territorio, este acuerdo nos brinda una protección para poder seguir siendo activistas ambientales», indicó.
GARANTIZAR DERECHOS
Para Schvartzman, en el marco de los «conflictos socioambientale»s que se registran en Argentina, con protestas ciudadanas contra proyectos extractivistas y «arrestos injustificados» a activistas, el Gobierno debería crear un observatorio sobre los derechos de acceso en materia ambiental que «claramente no están siendo garantizados en todo el territorio y para todos los habitantes del país».
«La creación de un órgano de este estilo mandaría un mensaje fuerte, particularmente a los gobiernos locales, de que estos derechos son centrales para la ciudadanía argentina, que el Acuerdo de Escazú es relevante para el Gobierno nacional, y que se harán todos los esfuerzos necesarios para que estos derechos se encuentren plenamente garantizados a lo largo y ancho del país», señaló.
PROMOVER MÁS ADHESIONES
Argentina se convirtió en septiembre de 2018 en el décimo país en suscribir al acuerdo, adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
En septiembre de 2020 el Parlamento argentino lo ratificó y en enero último, junto con México, el Gobierno argentino hizo el depósito del instrumento de ratificación, haciendo posible la entrada en vigor del pacto a partir de este jueves, Día de la Tierra.
El pasado lunes, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales pidieron al presidente argentino, Alberto Fernández, que promueva que otros países adhieran al acuerdo.
«Es vital que Argentina tome un rol activo promoviendo la adhesión de los países que aún no lo han hecho, ya que es una herramienta fundamental para fortalecer nuestras democracias de forma holística y proteger a quienes defienden el ambiente», dijeron las organizaciones en una carta remitida a Fernández con motivo de su participación este jueves en la cumbre climática de líderes mundiales convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden.
Fuente: EFE