Hace ya un buen tiempo en Chubut, que desde el Estado no se respeta la Constitución ni las Leyes y eso es por demás grave: preocupante. Varias organizaciones de Derechos Humanos –inclusive las de proyección internacional— lo han hecho notar pero a nadie en el Gobierno ni en la Justicia pareciera preocuparle.
Es más, las denuncias que se han realizado poniendo en evidencia excesos de parte de la policía; detenciones ilegales, armado de causas y hasta torturas, están todavía en el cajón del escritorio de algún fiscal durmiendo “el sueño de los justos”. Y no avanzan.
Yolí, el protector
Todo hace presumir de que “Yolí”; el procurador General Jorge Miquelarena, implícita o explícitamente ha dado instrucciones a sus fiscales de frenarlas. Y más aún si se trata de denuncias que involucran al polémico Massoni, el ministro de Seguridad de la provincia o a alguien de las máximas autoridades de la policía: al “Tero” Gómez Ocampo, por ejemplo, a Paulino Gómez o al mismísimo jefe de la institución Miguel Gómez.
Y esto ha quedado claramente expuesto a partir de esas más de 50 presentaciones que se hicieron contra los excesos que hubo por parte de la policía de Massoni en los inicios de la cuarentena, que al día de hoy contadas con los dedos de una mano están en vías de ser investigadas por la Justicia; con solo unos pocos imputados que, incluso, es muy probable, que ni siquiera lleguen a juicio.
Todavía ningún fiscal, por ejemplo, ha pedido la apertura de una investigación contra el director de Seguridad de la plana mayor policial, Paulino Gómez, por aquel WhatsApp que se filtró en el que mandaba a detener a cualquiera que anduviera en la calle en Trelew, solo para dejarlo satisfecho a Massoni.
Por esa maniobra, Gómez se hizo tristemente conocido en todo el país y hasta con las organizaciones internacionales que defienden los Derechos Humanos. Una de ellas, Amnistía Internacional hasta mandó cartas al gobernador preguntando qué tipo de medidas se habían adoptado con Gómez, cuando Arcioni por poco no le dio un premio por haber hecho “la burrada” que hizo, digna de la época de “los milicos” en la Argentina.
“Una mafia enquistada en la policía”
Y si continuamos hablando de excesos, ilegalidades, burradas, atropellos y delitos mucho más graves cometidos por la policía de Massoni no podemos olvidar el caso de los manifestantes anti-mineros perseguidos y detenidos en la ruta 7, cuando regresaban en un auto a sus respectivos domicilios tras haber participado en Rawson de un día de protestas contra el Gobierno de Mariano Arcioni y sus intenciones de instalar la megaminería en Chubut.
Fue la tarde del 24 de noviembre de 2020 en medio de un operativo a todas luces ilegal, en el que hubo violencia y represión injustificada y que fue encabezado por un comisario de apellido Carrasco que andaba de civil y sin la placa que lo identificara como policía.
Hasta la actualidad nadie sabe en qué quedaron las denuncias que hicieron las personas que fueron detenidas y por lo que ha trascendido todavía desde la fiscalía no se habría dispuesto nada en concreto.
En este compendio de barbaridades que a instancias de Miquelarena y sus fiscales vienen siendo cometidas desde el Estado en la provincia del Chubut, no podemos soslayar lo que le sucedió al director y propietario de Cholila Online Darío Fernández, a quien literalmente “le armaron una causa” utilizando a su ex mujer para que lo denunciara por graves delitos que después se fueron cayendo en la Justicia uno a uno, porque no pudieron probarse.
A Darío Fernández con la complicidad del fiscal Osvaldo Heiber y la anuencia del procurador “Yolí” Miquelarena lo persiguieron y detuvieron ilegalmente, a punta de pistola y delante de sus hijos de 8 y 11 años, la noche del domingo 27 de setiembre de 2020 en la ruta 25 en el trayecto entre Trelew y Gaiman.
Al otro día quedó en evidencia ante la jueza de Garantías Mirtha del Valle Moreno que ese procedimiento había sido totalmente ilegal y al cabo de la audiencia de control de detención a la que fue llevado Darío Fernández, la magistrada ordenó su inmediata libertad tras cuestionar severamente el accionar de los policías que lo llevaron adelante y del fiscal Osvaldo Heiber, al que ahora no podrán salvar del “jury” y de su eventual expulsión del Poder Judicial.
Otro policía vinculado a un narco
A Fernández lo detuvieron sin orden de un juez; “El Tero” Néstor Ángel Gómez Ocampo, que actualmente sigue siendo el subjefe de la policía provincial y Paulino Gómez, el hermano del jefe de la institución. Todavía director de Seguridad de la plana mayor.
Estos dos, quedaron en consecuencia incursos en una “privación ilegal de la libertad agravada, por la que se los ha denunciado penalmente, sumada al concurso de otros graves delitos que cometieron ese 27 de setiembre del año pasado, por los que también deberán responder penal y a su turno civilmente.
El otro que es muy probable que tenga problemas con la Justicia va a ser un tal Casalnuovo que es comisario, que confeccionó el acta de detención de Darío Fernández y que con una mentira tras otras intentó justificar el accionar de sus jefes “El Tero” Gómez Ocampo y Paulino Gómez.
Casalnuovo es otro de los predilectos de Massoni y casualmente es uno de los policías que aparece en una foto después de comer asado con el narcotraficante condenado a 9 años de prisión Omar “El Cura” Segundo.
Así las cosas, habrá que esperar que la Justicia vuelva a esta provincia pero no solo para el que robó un kiosco, o entró a una casa y se llevó el televisor; sino para los que representando al Estado viven cometiendo delitos y encima no se los puede llamar delincuentes.