El juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales, analiza el pedido de elevación a juicio oral y público de la causa penal impulsada contra el oficial de policía Gabriel Segundo Cayupul (38) y la agente Patricia Elizabeth Gajardo (37). Los empleados policiales fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal, como presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y abuso de autoridad. Asimismo, el Ministerio Público de la Defensa, se constituyó como querellante y denunció la práctica de violencia institucional por parte de la policía de Chubut. En tanto, el abogado particular Carlos Cerbino, requirió el sobreseimiento de sus asistidos.
Los hechos
En la ocasión, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval, relató los hechos que figuran en la pieza de acusación pública.
En este sentido, la Procuradora señaló que el hecho investigado ocurrió el 30 de abril de 2020, en la comisaría de Ricardo Rojas. En esa ocasión, la víctima se presentó en la dependencia con la intención de dialogar con el personal policial.
En tanto, al llegar al lugar, detrás de ella arribó el móvil policial. De ese vehículo, descendió el jefe de la comisaría Gabriel Cayupul.
Luego de discutir con la denunciante, el oficial la tomó de su brazo derecho y por la fuerza, la ingresó a la dependencia policial. Finalmente, la arrojó en el baño de la comisaría. Asimismo, se informó que unos minutos más tarde, ingresó la agente Gajardo. La mujer policía, le indicó a la víctima que por órdenes del jefe de la comisaría debía desnudarse por completo. Según manifestó la empleada policial, el fundamento de su exigencia a los fines de poder constatar si la mujer llevaba entre sus prendas algún arma de fuego o cuchillo.
Más tarde, la acusada le ordenó a la víctima que se vistiera. Luego la trasladó a la oficina del responsable de la dependencia policial de Ricardo Rojas. Allí, el oficial Cayupul, volvió a insultar a la mujer detenida.
A ello, se agregó que las autoridades policiales, en ningún momento, le informaron los motivos de su detención. Por último, se indicó que la mujer permaneció retenida -de manera ilegal- por el plazo de dos horas aproximadamente.
En este contexto, Sandoval enumeró y fundamentó los medios de prueba testimoniales y documentales que la parte acusadora presentará en las audiencias de debate.
Violencia Institucional
A su turno, el abogado Gustavo Oyarzun -constituido como querellante- sostuvo que también formularon acusación de manera autonóma. Asimismo, refirió las normativas vinculadas al rol del Ministerio de la Defensa Pública, para constituirse como querellante en casos de violencia institucional.
En este sentido, explicó que toman una definición de violencia institucional como un conjunto de prácticas estructurales, arraigadas y crónicas, cometidas por la policía de la provincial de Chubut, en violación de los derechos elementales de los ciudadanos.También agregó que en la causa se evidencian situaciones de violencia de género y simbólica, que podrían agravar la pena de los acusados.
Por último, adelantó que solicitaría la aplicación de una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación, para el oficial Cayupul. En tanto, pedirá al tribunal la pena de dos años de prisión en suspenso, y cinco años de inhabilitación para desempeñarse en comisarías, para la agente Gajardo.
La defensa pide absoluciones
Luego, el abogado particular Cerbino, solicitó el sobreseimiento de los dos empleados policiales. Sus fundamentos, se basaron en que los acusadores no lograron determinar con precisión y claridad, una pieza acusatoria que permita someter a sus defendidos a un juicio oral y público. Por otra parte, el abogado defensor, ofreció prueba testimonial y documental, para las eventuales audiencias de debate.
Luego de escuchar los pedidos de las partes, el magistrado, dispuso un cuarto intermedio e indicó que la próxima semana dará a conocer su resolución.
El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencia de la oficina judicial y fue presidido por el juez Alejandro Rosales. La fiscalía estuvo representada por la Procuradora Fiscal, Marisol Sandoval. En tanto los imputados, participaron mediante conexión telemática desde Alto Río Senguer y Ricardo Rojas, respectivamente. Los procesados recibieron la asistencia técnico legal del abogado particular Carlos Alberto Cerbino. El abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, actuó como parte querellante
