Chubut, una provincia de la Patagonia argentina, fue noticia cuando, luego de seis días de protestas, sus ciudadanos lograron la derogación de una ley aprobada una semana antes que permitía la minería a cielo abierto en parte de su territorio.
Chubut es una provincia patagónica conocida por sus atractivos naturales, sus riquezas mineras y sus conflictos sociales. Ubicada más de 1.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, la capital argentina, tiene una temporada alta de ballenas francas australes, pingüinos y lobos marinos en sus costas verdeaguas, y también otra temporada de intensas protestas en las calles.
Todos los diciembres, desde hace más de una década, su Gobierno provincial intenta aprobar una ley que permita la minería a cielo abierto, pero desde un plebiscito en 2003 en contra de un proyecto de extracción de oro en la ciudad cordillerana de Esquel, los chubutenses protestan contra cualquier posibilidad de levantar la prohibición a la actividad, establecida en la Ley provincial 5.001, sancionada al calor de aquellos acontecimientos.
El pasado jueves 17 de diciembre, el gobernador Mariano Arcioni, identificado con el oficialismo nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández, borró esa historia de un plumazo cuando promulgó una ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura provincial, que permite la explotación metalífera en los departamentos de Gan Gan y Telsen, ubicados en la desértica meseta provincial llena de cañadones y paisajes difuminados por el viento.
Un día antes, el miércoles 16 de diciembre, cientos de chubutenses rodearon la Legislatura antes de que aprobaran la ley en una sesión express, con el voto de 14 legisladores. Los diputados salieron del recinto entre gases y balas de goma, mientras una muchedumbre les arrojaba piedras en Rawson, la capital administrativa de Chubut donde desemboca el Río Chubut, de agua dulce, en la costa atlántica.
«Celebramos la reciente aprobación de la actividad minera, que constituirá el puntapié inicial para el desarrollo de la provincia (…). Nace un nuevo Chubut y nos incluye a todos», escribió, en una solicitada, en los medios de la región, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
La represión policial aquella noche fue brutal. Gustavo Portales, en una esquina cercana a la Legislatura, a las dos de la mañana, recibió unas balas de perdigones en una de sus piernas cuando una camioneta de la Policía le disparó, también sin preaviso.
«Solo veía cómo la gente escapaba de las balas de goma y las bombas lacrimógenas en el centro de la ciudad. Indignado, como todos, por lo que habían votado esos 14 legisladores», comentó a Sputnik en una silla de ruedas en el Hospital Santa Teresita, a la espera de ser operado en los próximos días.
La Unión de Asambleas Ambientales, organizadas en la provincia desde el plebiscito de 2003, llamaron a rodear la Casa de Gobierno el jueves 17. «Hay que exigir en las calles que el gobernador Arcioni la derogue», escribieron en el flyer de la convocatoria a la capital provincial de Rawson. Una muchedumbre de familias con hijos, jóvenes de los barrios de la capital y las ciudades aledañas, se congregaron junto a militantes ambientalistas, de izquierda y de organizaciones sociales.
A la furia por la votación de la ley se sumaron otros reclamos, como la falta de aumentos salariales hace 20 meses para empleados públicos. También apareció la consigna Que se vayan todos, en referencia a los políticos provinciales que desde hace 20 años están en cargos de poder, muchos de los cuales aprobaron la iniciativa extractivista.
En la tarde de ese jueves 17, la muchedumbre, en medio de balas de goma y piedrazos, incendió 16 edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, las tres sedes de los poderes públicos.
Hasta las fuerzas del orden estaban en contra de la ley: «Yo también estoy en contra de la minería, pero este es mi trabajo», sostuvo a Sputnik un policía antidisturbios mientras disparaba balas de goma a los manifestantes y los bomberos llegaban a apagar la Casa de Gobierno.
La consigna «No es No» y «traidores» apareció pintada en los alrededores de la sede del poder de la provincia.
«La bronca de la gente explotó porque se sintió estafada por el Gobierno», afirmó a Sputnik Miguel Prudente, referente del Movimiento Trabajadores Excluidos sobre las promesas oficiales de jamás aprobar la minería. Es que, durante la campaña electoral que lo llevó a la gobernación en 2019, Arcioni había dicho que el agua valía «más que el oro», una consigna histórica del movimiento ambientalista provincial.
El viernes 18, las autoridades de seguridad provincial cerraron unas de las rutas a la capital y pidieron a las empresas de transporte cortar sus viajes a la ciudad, en un intento de desmotivar las movilizaciones.
«Jamás doy un paso atrás en la vida cuando estoy convencido de lo que hago», declaró a los medios el gobernador Arcioni, antes de visitar la quemada Casa de Gobierno.
El agua vale más que el oro
La provincia de Chubut se extiende desde el océano Atlántico hasta la Cordillera de los Andes y en el medio, una extensa meseta árida y patagónica contiene en su suelo una variedad de ricos minerales, atravesada por el río Chubut, de aguas cristalinas, que desciende desde las montañas hasta el océano.
La noticia de apertura a la minería en la meseta fue un cimbronazo para la mayoría de los chubutenses. Desde hace casi 20 años, la actividad estaba prohibida luego de que el 81% de los habitantes de Esquel, una ciudad en la cordillera de los Andes, votara en contra de un proyecto de extracción de oro de la minera Meridian Gold.
A partir de ese día, Chubut se convirtió en un faro para los ambientalistas en la lucha contra la minería, o la megaminería, como la denominaron. Los ambientalistas, incluso, propusieron prohíbir cualquier tipo explotación metalífera en Chubut,a través de dos iniciativas populares firmadas por 30.000 personas y luego presentadas en la Legislatura.