Ahora un juez dio 24 horas hábiles para que fiscales y policías informen donde están los bienes desparecidos, y el problema está llegando al procurador General de la provincia Jorge Miquelarena.
Se profundiza el escándalo en la Justicia de Comodoro por los secuestros de dos causas penales que “desaparecieron”, el problema está llegando al procurador General de la provincia Jorge Miquelarena y ayer en una primera audiencia, con la que se pretende resolver el incidente, el juez interviniente dio 24 horas hábiles para que aparezcan los bienes incautados y se los restituya a sus dueños.
Faltan unos nueve millones de pesos –entre mobiliario, celulares, computadoras, joyas de oro y dinero en efectivo- y nadie en la fiscalía comodorense sabe dónde están. Ahora, uno de los fiscales implicados en el caso deslindó la responsabilidad de la custodia de los secuestros en la ex fiscal y actual ministra del Superior Tribunal de Justicia Camila Lucía Banfi Saavedra y en un comisario de la División Sustracción de Automotores a quien le exigen que diga dónde guardó los bienes incautados, en qué lugar.
Las causas penales por las que se secuestraron los bienes “que no aparecen” y por las que fueron llevados a juicio tres personas –entre ellas el hoy comisario retirado Alejandro Pulley- comenzaron a sustanciarse en 2016 bajo la dirección del fiscal Martín Eduardo Cárcamo y la ex fiscal, hoy ministra de la Corte provincial, Camila Lucía Banfi Saavedra.
Se investigó, por un lado, la connivencia de un jefe policial con un supuesto “VIP” que funcionaba en la zona céntrica de Comodoro y por el otro, la promoción y el ejercicio de la prostitución; y en ambos casos los imputados terminaron absueltos de culpa y cargo en una resolución que quedó firme en febrero de este año.
En ese dictamen, el tribunal que enjuició a los acusados -tras absolverlos- ordenó que se les devolvieran todas las pertenencias que los fiscales les habían mandado a secuestrar y cuando fueron a reclamarlas se encontraron con que no se sabía dónde estaban.
Nadie en la fiscalía se hizo cargo y aparentemente hasta no habrían querido recibirles las denuncias a los que reclaman que se les restituya lo que les secuestraron en nombre de la Justicia. Así comenzó el mayúsculo escándalo por el que ayer se hizo la primera audiencia, en la que un juez penal le exigió al fiscal Cárcamo que informe en dónde están las cosas que no aparecen.
En esa audiencia también saltaron otras presuntas irregularidades que es muy probable que terminen en una causa penal contra fiscales, investigadores judiciales y policías.
Por el faltante de los secuestros el que podría terminar complicado sería un comisario de apellido Bevilacqua que a decir del mismísimo fiscal Cárcamo tenía a su cargo la custodia de los elementos faltantes.
La semana que viene se sabrá entonces si todo esto termina en una causa penal por graves delitos cometidos presuntamente por funcionarios judiciales y policías durante la sustanciación de dos investigaciones que llegaron a juicio y terminaron con los imputados absueltos.
