El fiscal Omar Rodríguez confirmó este viernes que la jueza Ivana González decidió que la causa conocida como «Ñoquis Calientes» vaya a juicio con siete personas imputadas, entre ellas la exdiputada provincial y exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, María Cecilia Torres Otarola.
De este modo, la jueza no hizo lugar al pedido de sobreseimiento a favor de la principal imputada, solicitado por su defensor Fabián Gabalachis.
«Solamente resta esperar una documental, la cual tiene que venir de un banco para analizarla. Es una cuestión técnica. Posteriormente se va a generar una audiencia a los fines de determinar si esa documental es pertinente o no para que vaya a juicio», precisó el fiscal en diálogo con Radio 3.
«Los tiempo procesables aún no se conocen, ya que ahora de manera urgente se mandan los oficios y los bancos van a contestar. Una vez que ocurra ello se hace la audiencia y después definitivamente ya va a estar elevado el caso a juicio. Calculo yo que el juicio se va a hacer el año que viene», estimó.
Con respecto a la extensa declaración que brindó Torres Otarola en la audiencia del pasado miércoles, el fiscal reconoció que «desde el punto de vista de la Fiscalía no sirvió. Sin embargo, la jueza lo valoró como positivo y le dio entidad, pero dijo que no alcanza a los fines de lograr una certeza en este sentido para sobreseerla».
Pata finalizar, Rodríguez destacó que la magistrada González «entendió que este caso tiene que ser debatido en un juicio, en el cual van a haber siete personas imputadas».
IMPUTACIONES
Otros de los aspectos resueltos por la jueza González fue el de las calificaciones jurídicas, que quedaron originalmente tales como fueron considerados originalmente por los acusadores.
Respecto de Torres Otarola, se le imputa el delito de «fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público».
En cuanto a Silvana Adriana Cañumil se le imputa el delito de «fraude a la administración pública, un hecho por concusión, y dos hechos en calidad de partícipe secundario».
En tanto, a Jaquelina Rodera se le acusa el delito de «fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario, por tres hechos».
A Marta Rodera se le imputa el delito de «fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario».
Respecto de Facundo Solari Rodera se le imputa el delito de «fraude a la administración pública en un hecho como participe primario».
A Miguel Ángel Reto Trelles se le indilga el delito de «fraude a la administración pública por un hecho, como partícipe primario».
Finalmente, a Branco Rodera Neira se lo imputa por el delito de «fraude a la administración pública por un hecho, como participé primario».
PENAS PRETENDIDAS
Para los fiscales, Torres Otarola «resultó pieza central de la actividad delictiva investigada» y según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
A Jaquelina Rodera se le pedirán tres años de prisión en suspenso, más la inhabilitación especial por igual plazo; a Marta Rodera dos años de prisión en suspenso; a Facundo Solari Rodera dos años de prisión en suspenso; a Miguel Ángel Reto Trelles dos años de prisión en suspenso y a Silvana Adriana Cañumil tres años de prisión.
