Cónica número cinco: Juicio por incendio y daños a Casa de Gobierno y Legislatura en 2019.
Hoy vamos a comenzar con una pequeña clase de educación ciudadana, ¿Qué es y cuál es la función del Ministerio Público Fiscal?
Es un Ministerio que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de acción penal pública contra sus autores o partícipes. Le corresponde la carga de la prueba y debe probar en juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. Siempre que el ordenamiento jurídico estime necesario que una parte del estado actúe en favor de la sociedad.
Es decir que trabajan para la comunidad, ¡o debería, pero no lo hacen!.
En el juicio que se está llevando adelante contra referentes sindicales por los incendios ocurridos en septiembre 17 de 2019, la Fiscalía no ha hecho más que demostrar la falta de compromiso con su tarea, y/o la incapacidad de sus funcionarios para hacerlo.
Este juicio ha sido un verdadero papelón del MPF, han exhibido un desempeño paupérrimo, tanto la Fiscal Gómez, como el Abogado Adjunto Dr. Cheuqueman y la Querella a cargo del Dr. Castro. Hasta el momento, además de aportar una cantidad absurda de “testigos” que no aportaron al debate, han demostrado que la investigación ha sido realmente pobre, direccionada, vacía de pruebas sustanciales y con una cantidad lamentable, casi ofensiva, de pruebas cuestionables, de informes que rebosan de ilegalidades, y actuaciones de mala fe. Resulta más bien una caza de brujas, que una tarea del ámbito judicial.
¡Si esta es la Fiscalía que trabaja para el pueblo, estamos en problemas muchaches!
En la audiencia de hoy, terminó de ser demostrada esta afirmación, la fiscalía nuevamente presentó testigos para la acusación, y como era de esperar, nuevamente fue escandaloso.
El primer testigo fue el Comisario Julio Cateriño, jefe de la Policía Científica de Rawson.
La controversia es que este señor fue presentado como testigo, cuando en realidad se trataba de un perito. Pero acá no termina la cuestión, también intentaron ingresar prueba, que hipotéticamente aportaría el “testigo” al caso.
La supuesta prueba era un informe pericial de lugares atacados y dañados, lo que es reprochable, ya que las pericias e informes, deben ser incorporados durante la investigación, también deben pasar el filtro de validez en la Audiencia Preliminar, y este debe ser presentado a la defensa, como parte de la garantía del debido proceso y para la eventual estrategia de dicha defensa.
Claro que la defensa solicito la NULIDAD del testimonio del falso testigo, al que la Jueza accedió, permitiendo solo aporte datos sobre el Informe Scopometrico, en el cual le solicita al Comisario Cateriño identificar SOLAMENTE A 4 PERSONAS, y no se solicitó la identificación de todas las personas que fueran posibles identificar participando en los incidentes aquel día, si no que se le pidió específicamente la identificación de Goodman, Castro, Ancaleo y Schierloh.
Luego declara el Sr. Bassi, jefe de bomberos.
Bassi se refirió su accionar esa noche, y las posteriores diligencias que debieron hacer días después, como ser inspección ocular, limpieza del edificio y solicitar inspección de ingenieros, en Casa de Gobierno y Legislatura pero no fue convocado a apagar los focos igneos en el Edificio Legislativo esa noche.
Luego llegó el turno de la Arquitecta Vecciara, responsable de Mantenimiento de Legislatura.
La arquitecta declaró el cómputo y presupuesto de las tareas de limpieza del lugar, que ascienden según ella a 12 millones de pesos, hoy. También declaró que las mangueras de seguridad del edificio legislativo, son automáticas por caída libre, y QUE FUNCIONAN SIN LUZ. Lo que termina echando por tierra lo que aseguraron todos los policías que estuvieron esa noche en el edificio, que declararon que no apagaron los focos ígneos porque las mangueras no funcionaban por estar la luz cortada y necesitar éstas electricidad por funcionar con bomba.
Además declara que no fue ella, si no Grazzini, quien dió la orden de colocar las chapas en el edificio cuando hablaban de la supuesta posibilidad de derrumbe, aunque NUNCA SE REALIZÓ UN INFORME DE DAÑOS Y CARGA. Lo que contradice al Ministro de Educación José M. Grazzini, que testificó haber solicitado y recibido esas pruebas.
En definitiva, no hay mucho más para decir, que es evidente que la acusación y la investigación, no solo no estuvieron a la altura, ni se hicieron de manera seria y profesional, sino que además fue evidentemente direccionada para lograr disciplinar, amedrentar y castigar a los acusados, en una MANIOBRA POLÍTICA, MEDIÁTICA Y FUNCIONAL AL GOBIERNO, QUE SOLO PRETENDE CRIMINALIZAR Y ESTIGMATIZAR LA PROTESTA SOCIAL.
Fuente: Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia