El exintendente está en la ciudad para declarar en la causa que lo acusa por lavado de activos, doblemente agravado por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública.
El exintendente Néstor Di Pierro participa este martes de una audiencia como imputado en la Cámara de Federal de Comodoro Rivadavia, a partir de la apelación planteada por su defensa contra el procesamiento que le había dictado la jueza Eva Parcio, por el delito de lavado de activos doblemente agravado, por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública, según pudo saber ADNSUR en ámbitos judiciales.
Además de Di Pierro, están imputados en la causa los empresarios Ernesto Rey, Héctor Pagano, los hijos y la esposa del ex funcionario municipal, con distintos grados de participación, en una serie de presuntos ilícitos que son investigados desde el año 2014 por la justicia federal de esta ciudad.
El procesamiento se produjo luego de que se tomó la declaración indagatoria a los imputados, cuando debieron responder sobre fondos y propiedades en su poder, sobre las que no pudieron justificar de manera fehaciente el origen de las mismas.
La audiencia que comenzó esta mañana en la Cámara Federal se originó en el planteo de la defensa, que apeló el procesamiento, por lo que en esta instancia se deberá resolver si se confirma o si continúa la investigación, que en caso de ratificarse quedaría en la etapa final, previo a la elevación a juicio oral y público.
La imputación prevé penas de más de 10 años de prisión
El delito por el que fue procesado el ex intendente, junto a empresarios y familiares, aunque con distintos grados de participación, es especialmente grave.
El artículo 303 del Código Penal prevé que prisión “de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
La norma prevé agravamientos en el mínimo y el máximo, para el caso de que el acusado hubiera cometido los hechos durante el ejercicio de la función pública, como sería en este caso en caso de corroborarse los hechos. Y además, porque se imputa la participación en una asociación ilícita, que sumaría, eventualmente, otras penalizaciones.
Dictamen de la PROCELAC
Tal como ha informado ADNSUR, la investigación abarcó distintas etapas, entre ellas la que involucró en 2018 la intervención directa de la PROCELAC (Procuraduría para el Lavado de Activos).
En aquel momento, el organismo consignó que los hechos bajo investigación se vinculaban a la compra venta de terrenos municipales, sobre los que se promovía “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales”, vinculado a “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.
“Al mismo tiempo –añadía aquel dictamen de la Procuración-, parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.
La investigación había motivado años atrás, en 2015, un allanamiento ordenado por la jueza federal Eva Parcio en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresas de la zona, como también la emisión de exhortos internacionales para determinar la existencia de cuentas en el exterior.
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