Sin acuerdo: continúa la conciliación por el cierre de la planta de Fate.
El conflicto laboral que mantiene en vilo a casi mil familias en la provincia de Buenos Aires sigue sin encontrar una salida. Tras una jornada de alta tensión, la reunión entre los representantes de la empresa Fate y el sindicato del neumático terminó sin resultados positivos. Ante este escenario, el Gobierno nacional ratificó que el período de negociación bajo la figura de conciliación obligatoria se extenderá, al menos, hasta el próximo 11 de marzo, buscando evitar que se concreten de manera inmediata los despidos masivos.
El clima de la negociación se vio empañado por los incidentes registrados durante la masiva movilización hacia la Secretaría de Trabajo, donde el SUTNA recibió el respaldo de la CGT, La Bancaria y otras centrales obreras. Según TN, el Ministerio de Capital Humano instó a las partes a mantener conductas pacíficas y reafirmó su intención de buscar soluciones dentro del marco legal vigente. La medida oficial ordena retrotraer el conflicto al estado previo, lo que suspende momentáneamente las cesantías y las acciones directas del gremio.
El impacto del cierre en San Fernando y los 920 despidos
La crisis se originó el pasado 18 de febrero, cuando la emblemática fabricante de neumáticos anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. Esta decisión conlleva el despido directo de 920 trabajadores, una cifra que ha generado un fuerte repudio social y gremial por el impacto económico que representa para la región.
Mientras rige la conciliación, el Gobierno nacional tiene la facultad de prorrogar el plazo por otros cinco días hábiles si no se vislumbra un acuerdo en las audiencias venideras. Durante este lapso, la empresa está obligada a no avanzar con las bajas de personal, mientras que el gremio debe suspender los paros por 24 horas y otras medidas de fuerza que ya han sido anunciadas para visibilizar el reclamo.
La vía judicial: la apuesta por la «ocupación temporánea»
Frente a la negativa del Gobierno nacional de intervenir en empresas privadas, el SUTNA ha decidido llevar el conflicto a los tribunales. El sindicato anticipó que impulsará una demanda judicial bajo la figura de «ocupación temporánea». Este mecanismo legal permitiría que el Estado, en este caso apelando a la administración de la provincia de Buenos Aires, asuma el control del directorio de la compañía para evitar un daño social de magnitud.
Esta estrategia surge como respuesta directa a la postura del presidente Javier Milei, quien ha sido enfático al señalar que el Estado no debe hacerse cargo de firmas particulares en crisis. Los trabajadores esperan que la intervención provincial pueda frenar el desmantelamiento de la planta y preservar las fuentes de trabajo, en un contexto donde cada día que pasa agota los tiempos legales de la negociación administrativa.