Ayer continuó el juicio oral y público en el que se investigan sobreprecios y direccionamiento de contratos por la refacción de 24 escuelas y que tiene como principal imputada a la actual diputada provincial y ministra de Educación en 2019, cuando se produjeron los hechos, Graciela Cigudosa; el exsecretario de Coordinación de la cartera educativa, Raúl Care, y su secretario privado, Gustavo Hueichán.
Los tres están imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El perjuicio producido contra las arcas provinciales, fue estimado en un millón y medio de pesos. Vale recordar, que algunos imputados en esta causa fueron sobreseídos durante el proceso y otros, que fueron detenidos en su momento, reconocieron la ilegalidad de los hechos al someterse a la llamada «suspensión del juicio a prueba».
Cigudosa, esta imputada por 22 hechos y dos tentados, Care y Hueichán, por 22 hechos. En el caso de Cigudosa, la pena que se solicitará será de 3 años y seis meses de prisión, en tanto para Care 3 años y seis meses, y Hueichán 2 años.
«Para nada ese garabato es mi firma»
En los últimos testimonios que a manera de prueba presentó el fiscal general Omar Rodríguez en esta causa, se escucharon testigos que contaron cómo se usaron los datos personales y se falsificaron sus firmas, en el marco de una competencia simulada de precios para realizar las obras en las 24 escuelas de la zona.
Carlos García, un maestro mayor de obras retirado del Servicio Penitenciario Federal, y que trabajó para la empresa constructora de Daniel Schmid, que también fuera imputado en la maniobra y luego sometido a la instancia de «suspensión de juicio a prueba», dijo que nunca participó en las licitaciones ni en ninguna compulsa de precios.
En ese marco García apuntó: «Para nada ese garabato es mi firma. Mis datos personales si son coincidentes», dijo, cuando se le exhibió un expediente de una licitación para reponer tubos fluorescentes y lámparas en las escuelas 544, 504 y 702.
De manera coincidente se escuchó el testimonio de otro maestro mayor de obras. Debió darle de baja a su monotributo al tener que cerrar la empresa que tenía, en la ciudad de Puerto Madryn. «Nunca participé en ninguna compulsa de precios», dijo al exhibírsele el expediente de una licitación en donde también no reconoció su firma como parte de los trámites para realizar obras en la Escuela 306.
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