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La audiencia en la que se define si el caso va a juicio comenzó en marzo y aún no hay resolución. Se trata de la causa conocida como “Ministerio de Educación” y tiene como principal implicada a la diputada y ex ministra Graciela Cigudosa.

Este miércoles a las 10 está previsto que se reanude la audiencia preliminar en la causa por presunta corrupción y defraudación en el Ministerio de Educación a partir de una investigación por sobreprecios y direccionamiento de contratos por la refacción de 24 escuelas.

Vale señalar que en el caso se encuentran imputados la ex Ministra de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa; el ex Secretario de Coordinación del Ministerio, Raúl Care; y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

Es importante señalar que el resto de los imputados fueron condenados en juicios abreviados tras reconocer la maniobra investigada. Se trataba de los empresarios Daniel Gel, Daniel Schmid y Jorge Santucho quienes fueron condenados a penas de prisión condicional.

Por último, es importante recordar que la maniobra investigada consistió en la simulación de un concurso de precios en donde aparecían pujando distintos proveedores para realizar las reparaciones de las escuelas.

Allí se presentaban ofertas para que el Estado terminara eligiendo a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Sin embargo, los fiscales sostienen que esta maniobra apuntaba a que los implicados se quedaran con las obras ya que se trataba de una “falsa competencia”, ya que los empresarios tenían estrechas relaciones con los funcionarios.

El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto de $ 1.465.615 al 2019, año en que se habrían producido los ilícitos. La investigación se desarrolló en base a una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en la modalidad de delito continuado.

Los ex funcionarios Cigudosa, Hueichián y Care están acusados de “defraudación por administración infiel”.

Con la conducción de la jueza de garantías Karina Breckle, se reinició ayer el proceso oral y público en la causa que investiga la Unidad Fiscal Anticorrupción relacionada con sobreprecios en la reparación de escuelas de la provincia del Chubut que tiene como imputados a funcionarios públicos provinciales y contratistas del Estado.

Una de las imputadas es la actual diputada provincial y ex ministra, Graciela Cigudosa.

Se trata de la audiencia preliminar al juicio oral y público donde los investigadores representados por el fiscal general Omar Rodríguez por un lado, y los defensores por el otro, exponen acerca de las pruebas que deberán tenerse en cuenta en el juicio, entre documentación y testimonios de los testigos.

La jueza Breckle reemplaza a los magistrados Fabio Monti y Sergio Piñeda. El primero de estos dos se excusó durante el inicio del proceso y el ex juez Sergio Piñeda, al jubilarse, derivó sus causas a la jueza de Rawson.

La audiencia realizada ayer, se suspendió y pasó para la próxima semana en fecha y horario que deberá disponer la Oficina Judicial de Rawson. El pedido del cuarto intermedio, fue realizado por el fiscal general Rodríguez a fin de analizar nueva documentación incorporada por la defensora de dos de los imputados. Se trata de la abogada Gladys Olavarría que defiende, entre otros imputados en esta causa, a los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.

PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO

La defensora de ambos imputados pidió a partir de las nuevas pruebas que incorporó, el sobreseimiento para sus clientes.

Dijo que las obras en las escuelas en las que participaron, fueron realizadas y no se cobraron, además de destacar que sus clientes no tenían relación comercial ni empresarial con el resto de los imputados. «No hubo engaño y las obras se hicieron», dijo Olavarría.

El fiscal Rodríguez a su turno dijo que con esos datos «surgen nuevas posibles teorías del caso» y que necesitaba tiempo para reanalizar su teoría para «ir con firmeza probatoria al juicio oral y público».

La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Según los fiscales detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos.

El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.

IMPUTACIONES

Pereira y Currumil están imputados del delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de partícipes necesarios.

Entre los otros imputados se encuentran la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan, están imputados Daniel Schmidt, Currumil, Pereira y Jorge Santucho. Cigudosa, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores.

Para el miércoles 23 de marzo está previsto que se reanude la audiencia preliminar en la causa del Ministerio de Educación de Chubut que tiene imputada a la ex ministra de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa, empleados y contratistas de Estado.

La causa se inició a principios de 2019 y luego de impugnaciones cruzadas por parte los fiscales y los defensores, en la audiencia el juez de garantías Fabio Monti deberá controlar si la investigación penal cumple con los requisitos para ser elevada a juicio oral y público. Cigudosa se vio obligada a renunciar en su momento porque su caso afectaba las chances de reelección de Mariano Arcioni, aunque recaló en la boleta de candidatos a diputados provinciales, resultando electa. Su mandato concluye en diciembre del año que viene.

La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson y el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Omar Rodríguez.

Entre los imputados, además de Cigudosa, hay otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan están imputados Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.

MANIOBRAS INVESTIGADAS

La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores que concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Según los fiscales, detrás de este velo de aparente legalidad se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación a realizar en 24 escuelas de Rawson y Playa Unión.

En la acusación que será la base de los hechos a ser develados en el debate oral, además de la falsa competencia, se encargaron de incrementar los montos generando un sobreprecio para hacer más rentable el negocio. Hay que recordar que el Estado anticipó el 50% del monto total, inmediatamente después de comenzados los trabajos.

Los investigadores destacaron además que las tareas a realizar no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos. Las maniobras se habrían pergeñado en el mes de enero de 2019 y la maniobra significó un perjuicio al Estado de 1.465.615 pesos.

Cigudoza, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores, y el resto de los imputados -las personas relacionadas con las empresas- como partícipes necesarios de ese delito.

A Schmidt se le sumó además el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Este aspecto está relacionado con los intentos supuestos de ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al desaguadero del baño escritos que antes había destruido parcialmente.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

Se debió suspender la audiencia preliminar al inicio del juicio por fraude al Estado, donde se la acusa a la ex ministra de Educación y actual diputada Graciela Cigudosa, junto a otros funcionarios y empresarios locales, por direccionar recursos y fondos en obras de mantenimiento de escuelas.

Es que los abogados defensores recusaron a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por presuntas irregularidades durante la investigación y la toma de testimonios de los hoy acusados.

El fiscal Rodríguez detalló que en la audiencia preliminar que daba inicio este lunes, “hubo un planteo previo encabezado por el Dr. Miguel Moyano y después lo siguieron Andrés Meiszner y Gladys Olavarría donde me recusan a mí, a Williams y a Koltsch por supuestamente haber violado garantías constitucionales en el marco de la investigación penal preparatoria”.

Según los defensores, “allá por abril de 2019 supuestamente interrogamos a personas que nosotros ya sabíamos que eran imputados y como consecuencia de ello hemos violado todas las garantías y perdido la objetividad que requiere un fiscal para estar frente a este tipo de causas”.

“Por supuesto que nosotros negamos toda esa situación, creemos que es una maniobra dilatoria, nos quieren sacar a mí y a Williams del juicio, porque hay un caudal probatorio que es contundente y que de hacerse el juico, tienen grades chances de ser condenamos, entonces la estrategia que buscan después de dos años son estas maniobras, recusándome. Además es inverosímil porque, si realmente hubiese sido así y hubiera algún tipo de sospecha, me tendrían que haber denunciado hace dos años”.

Ahora estos planteos los debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena,.

Los imputados que eran funcionarios provinciales cuando se conoció la investigación son la actual diputada provincial y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

En tanto los particulares son Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL, Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Comenzó en Rawson la audiencia preliminar dentro de la investigación que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de delito continuado.

Los imputados son la actual Diputada Provincial y exMinistra de Educación, Graciela Cigudosa, el exSecretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Se los acusa de direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

La audiencia presidida por el juez Fabio Monti se inició con pedidos de recusación a los fiscales, que los abogados defensores plantearon como cuestiones previas.

Miguel Moyano, Andrés Meiszner y Gladys Olavarría, defensores de Gustavo Hueichan, Graciela Cigudosa y Raúl Care, Daniel Schmid, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra, respectivamente.

Luego de escuchar las declaraciones de Hueichan y de Care, los abogados dejaron planteada la recusación hacia el Fiscal General del caso, Omar Rodríguez, por entender que se ha violentado de manera arbitraria el derecho de defensa en juicio.

Entre los argumentos esgrimidos se basaron en presuntas irregularidades en el momento de los allanamientos. Los imputados dijeron que los interrogaron sin los recaudos legales “cinco personas en la comisaria de Rawson me interrogaron, me sentí intimidado”, relató Hueichan. En ese orden, también dijo que “les ofrecí mi teléfono pero me dijeron que no hacía falta porque ya sabían todo”, en referencia que a que ya habían investigado las comunicaciones.

Ante estos planteos, el juez Monti resolvió correr traslado al Procurador General Jorge Miquelarena, para que se expida sobre la recusación planteada al Fiscal General Rodríguez. Superada esa instancia se fijará una nueva fecha de audiencia.

El lunes 22 de marzo es muy probable que se decida enviar a juicio el caso que tiene como principal imputada a la exministra –y actual diputada Graciela Cigudosa, por hechos de corrupción que le endilgan durante su gestión al frente del Ministerio de Educación.

Además de Cigudosa, están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.

Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.

Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.

La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

La actual diputada provincial y ex ministra de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa, se encuentra imputada en un proceso judicial en el que los fiscales de Jorge Miquelarena buscan llevarla a juicio acusándola de manejos presuntamente ilegales de fondos públicos destinados a refacciones de escuelas. En la causa hay otras siete personas imputadas, entre exfuncionarios y empresarios.

La acusación que le hacen los fiscales que responden al procurador Jorge Miquelarena data de 2019 y es que “la exministra de Educación Graciela Cigudosa, el subsecretario de Educación Raúl Care, Gustavo Hueichan, Roxana Pereyra, Jorge Santucho y Daniel Benjamín Gel, (llevaron adelante) un plan congeniado por ellos a fin de obtener un lucro indebido, defraudando las arcas de la provincia del Chubut a través de una compulsa de precios inexistentes”.

Además de la imputación, los acusadores han solicitado en su momento al juez del caso que “ordene el decomiso de los bienes que resultan del fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado, por cada uno de los imputados”.

La audiencia preliminar del 25 de febrero se llevara a cabo en la oficina judicial de Rawson y si la causa llega a juicio éste podría estarse sustanciando antes de la feria de julio, especulan algunos operadores judiciales. Los delitos que se les atribuyen a la actual diputada y a los otros imputados no tienen más de tres años de prisión.

El fiscal Omar Rodríguez detalló cómo se operaba para realizar obras digitadas y sobrevaluadas en escuelas. La ex ministra Graciela Cigudosa es actualmente diputada provincial.

El fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, investiga presuntas contrataciones falsas desde el Ministerio de Educaicón en donde ya estaba designado el ganador antes de la participación.

“Es bastante paradigmático el caso porque comúnmente se llevan a cabo este tipo de maniobras armando expedientes con presuntas o ficticias pujas de precios, con empresas y proveedores compitiendo, cuando en realidad ya está de antemano armado quiénes son los que van a ganar”, precisó en AzM radio.

Agregó que en el caso analizado puntualmente, “lo llamativo era que uno de los imputados que intervinieron hacían aportes respecto de las empresas. Todos hacían que competían entre ellos y hacían las planillas correspondientes de comparaciones de precios y determinaban quién era el ganador”.

Sobre la continuidad de la causa, el fiscal adelantó que ya fue presentada la acusación y ahora están a la espera de la audiencia preliminar, en donde se discutirán los hechos que se imputan, las calificaciones y los elementos probatorios que serán presentados por parte del Ministerio Público Fiscal.

Al explicar en detalle lo que ocurrió, según su hipótesis y las pruebas recabadas hasta el momento, Rodríguez remarcó que “en los hechos era una sola persona, que es un maestro mayor de obra de apellido Santucho, que fue el encargado de hacer todas las refacciones de las escuelas”.

“Como los directores de las escuelas no sabían cuál era la empresa que había ganado, ellos no conocían los pormenores ni las caras visibles de las empresas. Aparecía Santucho y decía que iba de parte de determinada empresa. Como los directivos no sabían si esa empresa era la que efectivamente había ganado, les facilitaban el ingreso y esta persona hacía las reparaciones menores”, continuó relatando el fiscal.

El titular de la Unidad Anticorrupción también explicó que “lo que tiene de particular la causa es que tiene dos pilares. Uno es haber creado esta ficción para engañar y quedarse con las obras, que ya desde el origen es ilegal. A su vez, le agregaron un sobreprecio. Encima que de manera ilegítima se quedaron con todas esas escuelas, usufructuaron de una manera exagerada con distintos sobreprecios”.

Al ser consultado sobre la pena privativa de la libertad que solicitaría para la ex ministra Cigudosa, Rodríguez indicó que el mínimo que solicitarán es de tres años y medio a cada uno de los imputados. Además, remarcó que, en caso de ser encontrada culpable, la pena será de cumplimiento efectivo, debido a que supera los tres años.

En tanto que también se solicitará la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Cigudosa fue ministra de Educación entre el 18 de enero de 2018 y abril de 2019. En diciembre pasado asumió como diputada provincial.

La exfuncionaria y actual diputada de Chubut al Frente es investigada por la presuntas irregularidades en el manejo de fondos en la administración de las obras para la refacción de escuelas de la provincia. Hay otras siete personas imputados entre las que se encuentran exfuncionarios y empresarios

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut se confirmó que el fiscal Omar José Rodriguez definió la imputación de la exministra de Educación y actual diputada provincial Graciela Cigudosa, en el marco de la investigación que busca probar una presunta defraudación al Estado mediante irregularidades en el manejo de fondos en la administración de las obras para la refacción de escuelas de la provincia, publica hoy La Tecla Patagonia.

Junto a Cigudosa fueron imputados el exsubsecretario del ministerio Raúl Alberto Care y su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel y otras tres personas identificadas como Felix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra, que habrían formado parte de la maniobra fraudulenta.

La investigación tiene como hipótesis el armado simulado de concursos de empresas para direccionar las licitaciones y luego establecer sobreprecios de más del 500% de su valor en el mercado en materiales. Está centrada en las obras de establecimientos educativos ubicados en Rawson y Playa Unión.

En su presentación, la Fiscalía revela que “se logró establecer por parte de la ex-ministro de Educación de Chubut Graciela Cigudosa, el subsecretario de Educación Raúl Care, Gustavo Hueichan, Roxana Pereyra, Jorge Santucho, Daniel Benjamín Gel, el plan congeniado por ellos a fin de obtener un lucro indebido defraudando las arcas de la provincia del Chubut a través de una compulsa de precios inexistentes”.

Respecto de la pena, para Cigudosa la Fiscalía adelanta que pedirá que no sea “inferior a los a los tres (3) años y (6) meses de prisión, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”. Además, la consigna a la exministra como “pieza central de la actividad delictiva, por ser en aquel entonces ser la autoridad máxima”.

Por último, además de la imputación se solicita al Juez que “ordene el decomiso de los bienes que resultan el fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado, por cada uno de los imputados”.

El candidato a gobernador por el Frente Patriótico Chubutense, Carlos Linares,  rechazó de manera enfática el cierre de la Universidad de Chubut y aseguró que la importancia que Arcioni le da a la educación quedó plasmada con los casos de corrupción que envuelven a la exministra Graciela Cigudosa.

Linares dijo que «en la desesperación de ver que se les termina el poder, desde el Gobierno buscan generar angustia en la gente, cuando en realidad es él el que tiene que dar explicaciones sobre la crisis educativa que vivimos en Chubut».
«Si Arcioni tuviera un compromiso real con la educación hubiera echado antes a su ministra Cigudosa, cuando se descubrieron hechos de corrupción, la sacaría hoy mismo de la lista de candidatas a diputada y hubiera participado de los dos debates que se hicieron en instituciones educativas, un colegio y una universidad. En ambos casos decidió ausentarse. Sólo aparece para fotos de campaña», cruzó Linares al candidato a la reelección, Mariano Arcioni.
Ante las dudas en torno al destino de la Universidad de Chubut, Linares manifestó: «Ya lo expliqué, nosotros no cerramos ninguna universidad. El peronismo se destaca por abrir universidades».
Agregó que el único que se ocupa de que cada día haya menos establecimientos educativos «es el propio Gobernador», al que responsabilizó de tener «el 60 por ciento de las escuelas con serias deficiencias edilicias, con chicos que no pueden estudiar porque no tienen gas, y con 100 días sin dictar clases».
«Cuando uno ve que un gobierno atravesado por la corrupción, con funcionarios presos y una pésima gestión busca confundir a la sociedad y apelar a la mentira, entonces nos damos cuenta de que está tocando fondo», señaló Linares en declaraciones a la prensa.

  • «TIENE QUE CONTINUAR»
    Linares recordó que fue la actual intendenta de Rawson, Rossana Artero, y referente del espacio del gobernador Arcioni, quien expresó su rechazo a esa casa de estudios durante la sesión del Concejo Deliberante del 9 de diciembre de 2010.
    «Nosotros creemos que tiene que continuar y garantizar que los estudiantes puedan egresar con una educación de excelencia. La desesperación de Arcioni por perder el próximo 9 de junio, lo lleva a confundir a la gente y sembrar angustia. Primero deberían resolver sus internas y después ver qué ofrecen de acá al futuro», agregó Linares.