El 13 de mayo se llevó a cabo una pesquisa policial en el depósito municipal “HUARTE”, ubicado en cercanías al intercambiador de Ruta Nacional N° 3 de la ciudad de Trelew.
El procedimiento se llevó a cabo en razón de los hechos acontecidos el 24 de abril en el puesto de control policial 824 (leé: «El gran negocio policial: un policía denunció a otro por presunto robo de autopartes«), con la finalidad de verificar que no haya sucedido lo mismo.
La sorpresa para la comisión policial que participó del relevamiento fue que, no sólo se encontraron con que varios vehículos que estaban incautados por órdenes judiciales desde el 2021 habían desaparecido, sino que también descubrieron indicios de falsificación de documentos.
Los responsables del lugar declararon ante los efectivos que en varias oportunidades se acercaron individuos al predio y retiraron muy relajadamente una gran cantidad de rodados. Esto habría ocurrido los primeros días de marzo.
Cuando los investigadores hurgaron en los biblioratos administrativos del establecimiento, se toparon con que habría al menos siete actas de entrega y una resolución del Tribunal de Faltas presuntamente falsificadas.
La Policía secuestró esa documentación y ya habría varios efectivos muy complicados judicialmente, teniendo en cuenta la abundancia de prueba documental existente. Estaríamos ante un escenario en el que se presentan denuncias cruzadas entre policías, algo pocas veces visto.
En síntesis, desaparecieron SIETE vehículos en situaciones extremadamente irregulares, puesto a que las respectivas actas de entrega que constan en los archivos del predio estarían falsificadas.
El ministro de Seguridad Miguel Castro todavía no ha salido a decir una palabra por esta serie de hechos que representan una gravedad institucional inédita, es más, según nos informan nuestras fuentes internas en el Ministerio de Seguridad, Castro estaría mucho más preocupado en contratar abogados especialistas para aplicar un bozal legal a este medio, en vez de averiguar quiénes son los responsables de estos delitos y ponerse a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario, como haría cualquier funcionario público que no tiene nada que ocultar.
¿Qué es lo que le pasa a Miguel Castro? Le están robando toda la provincia y ahora hasta habría policías chorros en su gestión, pero en vez de ponerse a solucionar estos problemas, mandaría a sus policías a encubrir los hechos como lo hizo con el comerciante asesinado el 28 de abril en Rawson y ahora estaría preparando un equipo de abogados, obviamente pagado con los fondos del estado, para cargarse en contra de los medios que revelan su inoperancia manifiesta.