Tras el fallo judicial que determinó el embargo por $106 millones de las cuentas del municipio de Rawson, crece la preocupación por las ramificaciones que podría acarrear; y no se descarta promover una investigación judicial que tendría como protagonistas a la exintendente Rossana Artero y quien fuere por entonces su secretario de Gobierno, Alfredo Di Filippo.
El embargo a las cuentas municipales deviene de un reclamo judicial iniciado por la empresa que estuvo a cargo de la obra del puente de El Elsa, y se funda en la falta de pago de los certificados de obra.
El reclamo judicial comenzó en 2017, y tras innumerables gestiones llegó a la vía judicial. Con sentencia firme, se efectivizó el fallo que devino en el embargo conocido la semana anterior.
En ese contexto, el actual intendente de Rawson, Damián Biss reconoció que no sería posible afrontar el pago y cumplir con las demás obligaciones de la Municipalidad, por lo que anticipó que iniciaría la gestión de un ATP, entre otras medidas para cumplir con los compromisos legales.
Asimismo, el Intendente advirtió que esta causa judicial no sería la única que mantiene ocupado al equipo legal del Municipio capitalino, y no descartó promover una investigación ante la Justicia por la “impericia” de quienes tenían responsabilidades públicas en el momento en que se inició el reclamo judicial.
Si bien Biss no arriesgó mayores precisiones, en las últimas horas trascendió que se estarían analizando los pormenores desde el punto de vista jurídico para determinar si hay competencias que permitan avanzar en una investigación formal ante las presuntas maniobras irregulares de la administración que comandaba Artero con la estrecha colaboración de Di Filippo.
Vale recordar que en 2013 se promocionó un proyecto para la construcción de un dique de mareas en el río Chubut, sobre la zona denominada “El Elsa”, pero lejos estaría de concretarse el objetivo original de la inversión, y tras varias idas y vueltas, se construyó un puente.
Así las cosas, ya por entonces, lo primero que hizo la gestión de Rossana Artero, por sugerencia de su secretario de Gobierno, Alfredo Di Fillipo, fue quedarse con la plata, poniendo en un plazo fijo los 15 millones que la Nación depositó como primer envío a fin de comenzar la obra, sobre todo en el apuro que mostraba la coyuntura.
El 1 de noviembre de 2013 el propio Di Filippo reconoció que se había cambiado el destino de la inversión “transitoriamente” y se había “resguardado” el dinero en plazo fijo.
Uno debería imaginar que por entonces la plata estuvo “reproduciéndose” por bastante tiempo considerando la fecha de adjudicación y de inicio de obra. Un incremento nada despreciable que en el medio habría incluso permitido jugosas comisiones, dicen los conocedores de este tipo de operaciones financieras.
Sin embargo, diez años después y habiendo corrido mucha agua bajo el puente, incluso antes de que estuviera terminado, las maniobras de la administración Artero-Di Filippo siguen generando más dudas que respuestas y ponen en tela de juicio la transparencia de los actos públicos.
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