Tal como ocurrió hace pocos días con la industria láctea, que puso en riesgo a casi 3 millones de litros de leche en producción y el derrame de otros 100 mil, ahora el conflicto sindical se desató en el rubro pesquero. La grave situación pone en riesgo la fuente de ingreso de más de 15 mil familias y le impide a la Argentina el cumplimiento de compromisos comerciales por unos USD 500 millones.
Por estas horas, la justicia trabaja contra reloj en una causa que tiene como protagonistas a varios dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), denunciados por ejercer acciones extorsivas y amenazas, que impiden el inicio de la zafra pesquera en el sur del país.
Hace pocos días, el compendio general de industrias pesqueras langostineras radicó la denuncia en los tribunales penales de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, sobre tres dirigentes sindicales que habrían exigido el pago de coimas, seguido de intimidaciones personales y laborales que impiden el normal desarrollo de la pesca en los principales puertos del país.
Los cinco involucrados se identifican como Alexis Gutiérrez (Secretario Gral.), Igor Vera (Secretario Gremial), Claudio Villarroel (Tesorero) y de José Zambrano y Juan Carlos Cipriano, todos miembros de la cúpula dirigencial del SUPA, quienes ya fueron notificados de una resolución de la Jueza Penal de Rawson, Ana Karina Breckle, a partir de la cual deben cumplir inmediatamente “la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio (sea telefónico y/o por mensajes por cualquier vía) sobre los denunciantes”.
La sentencia, devenida de la rápida acción de la Fiscal General, Dra. Florencia Gómez y el Procurador Fiscal, Dr.Juan Leonardo Cheuqueman, determinó que la medida debe cumplirse inicialmente por el plazo de 60 días, y que sea extendida al lugar de actividades habitual y/o laboral y/o cualquier lugar en la vía pública en que se encuentren las víctimas.
Sin embargo, lo más grave del caso es que la situación ha bloqueado la actividad portuaria y ha detenido, hasta el momento, todos los trámites administrativos que se llevan a cabo antes de la apertura de la temporada de pesca, poniendo en riesgo directo la apertura de la zafra del langostino salvaje, que supone cada año el 60 % del total de las exportaciones pesqueras nacionales.
Por estas horas, la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) ha decidido no solicitar la prospección (investigación comercial previa y obligatoria a la apertura de la zafra), hasta que no esté garantizada la paz social y la fuente de ingreso de todos los trabajadores, por lo cual la actividad se encuentra totalmente paralizada.
Gustavo González, Presidente de la entidad explicó que el conflicto va mucho más allá, porque “tiene graves consecuencias para la economía nacional, dado que al momento están quedando sin sustento laboral más de 15 mil familias”.
Además, detalló que “Argentina pierde el ingreso de unos USD 500 millones en concepto de exportaciones”, porque “solo la provincia de Chubut pesca el 40 % de la totalidad de la captura del langostino del país, impidiendo el cumplimiento de los compromisos comerciales de venta y entrega de esos productos a países como España, Italia, EEUU, Rusia, China y Japón, entre otros”.
“Todo lo que no se pueda pescar y procesar hasta el 15 de noviembre le impide al país la oportunidad de cumplimentar las entregas antes de las fiestas de fin de año, echando por tierra las exportaciones más importantes del año”, agregó.
Finalmente, Gustavo González adelantó que las industrias consideran que muchos de los dirigentes sindicales “atentan contra los derechos de sus propios representados” y solicitó también “la intervención de las autoridades nacionales para proveer al sector las garantías de trabajo necesarias que permitan reiniciar las actividades operativas y comerciales que tanto aportan al Producto Bruto Interno Nacional”.