Por Mariel Suarez
Parece que en esta Provincia, las leyes están escritas para ser aplicadas conforme quien este sentado en el banquillo de los acusados.
Quiero recordar, que estoy siendo juzgada por un “juez”, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, quien en un derroche verborrágico, en enero del año 2022 cuando los hechos por los que se me investigan salieron a la luz, expresó de forma prejuiciosa: “en mis 30 años de servicio nunca vi nada igual. No todos los jueces son iguales”. Me pregunté, ¿iguales a quién?, pues la respuesta no tardó en llegar, iguales a mí persona, justamente a quién se estaba refiriendo.
Sin embargo y a pesar de haberse expresado públicamente de ese modo y haber inaplicado un precedente propio, el Ministro, insiste en ser quien tenga que juzgarme y no se aparta ni un ápice de su sillón. Pues en estas condiciones, no cabe otra cosa que sostener razonablemente, que la sentencia de destitución ya está firmada.
Así el Tribunal de Enjuiciamiento, que se supone libre de todo prejuicio, inaplicó un precedente propio a parte de prejuzgarme. Mientras que en el caso del Fiscal Rivarola se resolvió archivar el Jury por haber caducado los plazos para investigar en el seno del Consejo de la Magistratura, en mi caso, se resolvió lo contrario, pese a encontrarme en una situación técnicamente similar.
Es que la ley aplicable en ambos casos, es clara, dice que el Consejo de la Magistratura tiene 6 meses para investigar desde que ingresan las denuncias. Las denuncias en mi contra ingresaron el 17/01/2022 y el Consejo resolvió elevar mi sumario a Jury el 20 de noviembre de 2022. No hay mucha ciencia al respecto, para ese entonces los plazos de investigación estaban vencidos. El órgano constitucional esta negado a asumir su negligencia y puso excusas que fueron receptadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, con Daniel Baez a la cabeza.
Grave, es la conducta asumida por Tomás Malerba, el por ahora presidente del Consejo de la Magistratura, quién por estas horas y siendo un hombre se supone de derecho, quien tengo entendido esta denunciado penalmente por su actuación en el Consejo, quien desempeña el cargo de defensor jefe de la Ciudad de Sarmiento, defiende la NO aplicación de la letra de la ley.
Resulta que la ley dice una cosa y Malerba defiende otra. Y allí comienzan nuevamente los interrogantes ¿Qué les queda a los justiciables de Sarmiento? si un defensor jefe defiende el hecho de que no se aplique la letra de la ley. ¿Qué defensa podrá ensayar cuando tenga que reclamar por el vencimiento de los plazos para sus asistidos, ante los jueces de la provincia?.
Por último pero NO menos grave, es la conducta adoptada por el conocido abogado comodorense, Burgeño, hoy representante de los abogados del sur de la provincia ante el Consejo de la Magistratura Provincial, académico, autor de varias publicaciones y libros, quien clamo literalmente, agregando un “por favor” a su pedido, ante él TE para que NO aplique en mi caso, la letra de la ley. Por suerte ello, esta registrado en audio, al que seguramente habrán accedido varios medios de comunicación que no se han atrevido a publicar nada de ello, quizas ungidos por el pudor de la situación, siendo el único medio que se hizo eco de lo ocurrido es éste portal digital.
Aquí es en donde renuevo mis interrogantes, es que acaso, un abogado ¿no debe defender la ley?, un profesional del derecho ¿no debe afianzar la justicia? Como lo ordena nuestra Norma Fundamental, la Constitución Nacional.
Evidentemente, estos “señores del derecho” no pueden apartar las cuestiones personales de las profesionales y cuentan las cosas como quieren, como les convienen o como pueden; borran con el codo lo que escribieron con la mano días antes, y lo que es peor aún, por todos los medios intentan deshonrar y afectar mi dignidad como mujer profesional del derecho, porque no tienen argumentos jurídicos para lo que pretenden hacer.
Ahora resulta que el Tribunal de Enjuiciamiento, decide fijar fecha de Jury, sin que mi defensor este en la provincia, circunstancia que era conocida por el Tribunal, ya que fue puesta de manifiesto por éste y, sin resolver los planteos de revocatoria y recusación. Fijaron una fecha de Jury en el que NO podré estar presente y ellos conocían los motivos de mi ausencia, académicos y personales. Sin embargo, avanzaron sin cesar hacia el único objetivo válido para ellos, NO juzgarme, sino sacarme del medio. De continuar esa fecha para el Jury, adelanto que se llevara a cabo, un debate sin presencia del acusado, un juicio a alguien que no está sentado en el banquillo, a alguien que no podrá declarar y ser oído en ésta instancia, a alguien que no podrá controlar la prueba de los “acusadores” y promover la propia, alguien, quién en definitiva, que no podrá defenderse.