El Gobierno nacional oficializó este lunes la firma de los contratos de transferencia y concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El proceso, reportado por la Agencia Noticias Argentinas, garantiza ingresos superiores a los 706 millones de dólares para las arcas del Estado y da inicio formal a la transición operativa hacia los consorcios privados ganadores, integrados por firmas como Central Puerto y Edison Inversiones. El acto contó con la participación de las máximas autoridades energéticas y los gobernadores de Neuquén y Río Negro.
El desglose de la millonaria operación: quién se queda con cada central
La firma de los contratos consolida el resultado de la licitación pública llevada a cabo semanas atrás, que atrajo a ocho grupos empresarios. Las adjudicaciones, ya preanunciadas, quedaron distribuidas de la siguiente manera:
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Piedra del Águila (1,400 MW): fue preadjudicada a Central Puerto S.A. por una oferta de 245 millones de dólares.
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El Chocón (1,320 MW): quedó en manos del consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por 235.6 millones de dólares.
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Alicurá (1,000 MW) y Cerros Colorados (450 MW): ambas centrales fueron preadjudicadas al grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos. Las ofertas ascendieron a 162 millones y 64.1 millones de dólares, respectivamente.
El Ministerio de Economía, mediante su resolución 2059/2025, también desestimó ofertas presentadas por otras firmas, como un consorcio que integraban Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar, al considerar que constituían un «precio vil o no serio». El monto total de la operación representa una «valorización significativa de activos estratégicos», según destacó la Secretaría de Energía en un comunicado.
El compromiso de inversión y el inicio de una nueva etapa de 30 años
Con la rúbrica de los contratos, se inicia la etapa final de un proceso de privatización que se encuadra dentro de las leyes 23.696 y 27.742. Los nuevos concesionarios asumen ahora la obligación de cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos en las bases de la licitación. El objetivo oficial es asegurar «la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico» para las próximas tres décadas.
Según el parte oficial, el procedimiento se desarrolló bajo un «marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica». El Gobierno sostiene que este esquema promueve «previsibilidad y eficiencia» y que la transición operativa a las nuevas empresas «comenzará de inmediato». La concesión de estos activos, históricamente operados por el Estado a través de la empresa pública Hidronor hasta 1993, marca un nuevo capítulo en la gestión de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país.